En las últimas décadas, la política ambiental en Chile ha seguido un patrón reconocible: gobiernos que inician sus mandatos con definiciones ambiciosas y gestos de alto impacto, para luego moderar su accionar frente a restricciones políticas, económicas y sociales. Desde 2010 en adelante, este comportamiento se ha reflejado en proyectos emblemáticos que concitaron fuerte oposición pública, desde Barrancones hasta iniciativas más recientes como INNA, evidenciando una tensión persistente entre protección ambiental, gobernabilidad y crecimiento económico.

El período 2022–2026, sin embargo, presenta rasgos distintivos. La política ambiental dejó de ser exclusivamente un ámbito técnico-regulatorio para transformarse en una causa política explícita, instalándose la idea de un “gobierno ecológico” como eje identitario. Esta orientación estuvo condicionada por el contexto político de origen de la administración y por el clima de polarización que atravesaba al país.

Durante los primeros meses, esta impronta se tradujo en el rechazo temprano de proyectos mineros e inmobiliarios, sectores que pasaron a representar los principales focos de conflicto ambiental en el discurso oficial. Este enfoque se vio reforzado por la expectativa de un cambio constitucional profundo, orientado a consagrar un Estado plurinacional con un marcado énfasis en derechos ambientales y animalistas. El rechazo ciudadano a dicha propuesta marcó un punto de inflexión relevante, evidenciando una distancia entre ese proyecto político-ambiental y las prioridades de la mayoría de la población.

Tras ese primer semestre, el gobierno introdujo ajustes significativos, delegando mayores espacios de conducción a cuadros con experiencia en administraciones anteriores. En materia ambiental, ello implicó un retorno al principio de gradualidad que caracterizó los años de mayor crecimiento económico del país. No obstante, este giro fue parcial y mantuvo matices que terminaron configurando el sello definitivo de la gestión ambiental del período.

Desde una perspectiva institucional, uno de los principales logros fue el cierre del diseño iniciado en 2010 con la creación del Ministerio del Medio Ambiente. En este marco, destacan la aprobación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y del Servicio Forestal, hitos largamente postergados. Sin embargo, su implementación ha sido lenta, dejando en evidencia limitaciones en eficiencia administrativa y una persistente carga ideológica en la conducción del sector.

A ello se suma la aprobación de diversos cuerpos legales vinculados al cambio climático y a la justicia ambiental, entre los que destacan la ratificación del Acuerdo de Escazú, la Ley Marco de Cambio Climático y la Ley de Delitos Económicos y Ambientales. El Acuerdo de Escazú ha sido particularmente polémico por la incorporación del principio de no regresión ambiental, ya intentado en el fallido proceso constitucional. Su aplicación plantea desafíos relevantes en democracias con alternancia política, donde los marcos regulatorios deben ser capaces de adaptarse a distintas visiones legítimas de desarrollo, sin rigidizar excesivamente la acción del Estado.

En términos generales, la política ambiental del período se caracterizó por un fuerte énfasis en la conservación y por un aumento sostenido de las exigencias en la evaluación de proyectos con impacto ambiental. Esta tendencia se extendió a otras reparticiones del Estado, que adoptaron criterios técnicos e interpretaciones jurídicas particularmente estrictas. El efecto agregado fue una desaceleración significativa de la inversión, aunque debe reconocerse como un avance el fortalecimiento del marco de responsabilidades ambientales para las empresas.

En el ámbito de la evaluación ambiental, el Servicio de Evaluación Ambiental concentró buena parte del debate público, tanto por la aplicación de estándares elevados —en ocasiones percibidos como arbitrarios— como por problemas internos de gestión. La proliferación de guías técnicas, con versiones sucesivas publicadas en lapsos breves, dificultó la homogeneidad de los procesos evaluativos y generó incertidumbre. Tras una etapa inicial marcada por el rechazo de proyectos, la autoridad terminó destacando el aumento en las aprobaciones, evidenciando una conducción errática que se tradujo en mayores plazos de tramitación y un incremento de la judicialización.

Las anunciadas reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental volvieron a quedar postergadas, siendo desplazadas por la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Si bien esta última busca reducir tiempos administrativos, enfoca el problema desde una mirada parcial, poniendo el acento en la reducción de plazos antes que en una revisión profunda del diseño institucional.

En este contexto, el concepto de “permisología” emerge como el principal legado discursivo del período. Más allá de su difusión mediática, refleja una problemática estructural no resuelta: una administración del Estado rígida, vulnerable a interpretaciones discrecionales y altamente sensible a ciclos de fuerte ideologización.

En síntesis, el período 2022–2026 deja avances relevantes en el plano legislativo, particularmente en el cierre de la institucionalidad ambiental. Sin embargo, estos logros se ven atenuados por una gestión marcada por la ideologización y por las debilidades persistentes de una administración estatal que aún no logra adaptarse plenamente a los desafíos contemporáneos del desarrollo y la sustentabilidad.