Hace ya años surgieron unas siglas, ESG, que se suponía que iban a cambiar el mundo de los negocios. Grandes empresarios de todo el mundo, pero principalmente estadounidenses, anunciaron en 1999 que había quedado obsoleto el principio según el cual la principal y única obligación de los gestores de un negocio era maximizar el beneficio de sus accionistas (y el suyo propio, claro).

Sonaba muy bien: los hombres y mujeres de negocios del mundo, dijo aquel manifiesto, debían ajustar en lo sucesivo sus prácticas comerciales a estándares ambientales, de justicia social y de gobernanza (ESG, en inglés), y los accionistas debían responsabilizar cada vez más a las corporaciones no solo de las ganancias que les daban, sino también de la forma en que trataban a sus empleados y a las comunidades donde hacían sus negocios.

Pasados los años, parece que muchos de esos empresarios se han convencido de que la única manera de llegar a ese punto será cuando los gobiernos lo regulen y exijan, porque, sinceramente, adaptarse voluntariamente, muy pocos lo han hecho.

Las siglas fueron muy pronto incluidas en mensajes corporativos y en entrevistas con grandes empresarios. Se proponían cambiar las cosas porque el mundo había cambiado, y ellos querían aportar, sin que se les exigiera, otra manera de hacer las cosas.

Hace pocas semanas se organizó en Estados Unidos una conferencia para valorar el éxito de la iniciativa y parece que, reunidos de nuevo, grandes empresarios han llegado a la conclusión de que las siglas ESG son “demasiado imprecisas” y que, a la hora de la verdad, la mejor forma de producir esos cambios necesarios es que sean los gobiernos los que fijen las reglas.

“Los criterios ESG no se propusieron nunca como una panacea. Necesitamos regulación gubernamental”, explicó la famosa abogada Sherrilyn Ifill, profesora de Derecho y directora del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Y Kenneth Chenault, presidente y director gerente de la firma de capital de riesgo General Catalyst y ex director ejecutivo de American Express, hizo unas sorprendentes declaraciones: “Uno de los puntos importantes para mí cuando era director ejecutivo fue el reconocimiento de que las corporaciones existen porque la sociedad nos permite existir. No tenemos derecho. Y a veces creo que la gente se olvida de eso”. (Así lo cuentan en Harvard Law Review, que publica un amplio resumen de la conferencia ‘Reimaginando el papel de los negocios en la plaza pública’).

En realidad, se esboza un cambio de mentalidad formidable. Quizás, insinúan algunos participantes, la amenaza creciente del cambio climático, las protestas por el asesinato de George Floyd (el estadounidense que murió bajo la rodilla de un policía blanco), la indignación ante los asesinatos de mujeres, el aumento de la desigualdad económica, la pandemia de la covid y la evidencia de la necesidad de una sanidad pública fuerte estén insuflando realismo a quienes creyeron que bastaba con añadir las siglas en sus objetivos empresariales para que el mundo cambiase. Y ahora se dan cuenta de que solo será posible con la acción de los gobiernos, de los políticos a los que tantas veces exigían que se mantuvieran lejos de sus puertas.

“Los críticos más mesurados de ESG”, según Harvard Review, “han tenido menos problemas con los objetivos filosóficos que con la realidad básica del movimiento: falta de transparencia y responsabilidad de las corporaciones, mediciones inconsistentes o confusas, marketing falso, datos confusos, calificaciones defectuosas y una tendencia a prometer en exceso y cumplir insuficientemente”.

En el debate se aportó un estudio sobre 100 transacciones por valor de 700.000 millones de dólares y quedó claro que los gestores habían negociado grandes primas para sus accionistas y para sí mismos, pero no mejoras para sus empleados ni protección para las comunidades afectadas o el medio ambiente. Los criterios ESG fueron un puro cuento.

Así que ¿cómo se responsabiliza realmente a esas personas por esos pretendidos compromisos? Obligándolos. En la conferencia quedó claro que los ejecutivos no son competentes para tomar decisiones sobre el futuro de la sociedad. Son los políticos elegidos democráticamente, no los líderes empresariales, quienes deberían decidir sobre temas sociales. Lo dicen grandes empresarios.

*Esta nota fue escrita por Soledad Gallego-Díaz y fue publicada en el diario El País.