En las ciudades de la zona centro sur del país, la leña es considerada como un bien esencial -en su carácter de combustible-, y por lo mismo su traslado puede pasar los cordones sanitarios impuestos en varias ciudades ante la propagación del coronavirus. Pero al mismo tiempo, esas mismas barreras se están utilizando como un primer punto de fiscalización para asegurar que se trate de leña seca, para que su combustión no incremente niveles de contaminación ya estructuralmente altos y que pueden agravar aún más el crítico escenario impuesto por el Covid-19.

La situación preocupa. Ya los expertos han advertido que este invierno las ciudades del sur podría registrar altos niveles de contaminación a pesar de las medidas restrictivas impuestas por las cuarentenas – y que el incremento de emisiones configuraría una verdadera “tormenta perfecta” sobre la salud de la población-, al tiempo que el Ministerio del Medio Ambiente anunció que será exigente en el cumplimiento de los planes de descontaminación y que no se flexibilizará la gestión de episodios críticos.

Y en ese escenario, hoy la principal urgencia es controlar el humo de leña provenientes de la calefacción residencial, responsable de más del 90% de las emisiones de material particulado fino (MP2,5) en las ciudades ubicadas entre las regiones de O’Higgins y Aysén.

No se trata de una tarea sencilla, ya que los biocombustibles sólidos como la leña, los pellets, las astillas y las briquetas, constituyen la tercera fuente de energía del país, calefaccionando a casi 2 millones de hogares. Anualmente se transan US$ 800 millones en el mercado de la leña, generando 80 mil empleos, la mayoría de carácter temporal y sin contrato.

Al mismo tiempo, se trata de un mercado altamente informal y atomizado, sin estándares de calidad, pese a que los planes de descontaminación vigentes en las principales ciudades de Rancagua al sur establecen que debe existir un registro de comerciantes de leña, y que además esta debe ser comercializada seca -con no más de un 25% de humedad- para disminuir las emisiones de material particulado, las que se incrementan exponencialmente con el uso de leña húmeda.

Sin embargo, estas obligaciones no se estarían cumpliendo a cabalidad, y ante ese escenario, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) estableció las instrucciones para crear un catastro nacional que consolide toda la información respecto de la comercialización de leña en el país, el que fue publicado ayer en el Diario Oficial. El plazo de los comerciantes para inscribirse en dicho catastro vencerá el próximo 31 de mayo.

Fiscalización a la leña en “contexto Covid-19”

Según la SMA, la fiscalización de la venta de leña se hace estrictamente necesaria “sobre todo considerando el contexto del brote de Covid-19, más aún cuando -según señala en los fundamentos del instructivo- el organismo ha detectado que “los comerciantes de leña no han cumplido a cabalidad” la obligación de registrarse en un catastro establecida en los planes de descontaminación atmosférica, “teniendo presente además que existen catastros que incluso han sido considerados de forma voluntaria”.

“Se ha detectado también -agrega la resolución- que no existe un catastro nacional que consolide toda la información, y que permita hacer estadísticas y levantamientos para planificaciones de fiscalización, considerando la cantidad de registrados y el comportamiento de aquellos, lo que dificulta ejercer tan fiscalización de forma estratégica”.

Contar con ese catastro nacional, señala la SMA, permitirá contar con información completa y útil para una vigilancia completa del contenido de los planes de descontaminación, y “es por ello se exigirá a los titulares del comercio de leña, además de cumplir las obligaciones referidas a cada plan, deberán inscribirse en un sistema especialmente creado por la SMA para estos fines”.

Adicionalmente, la superintendencia exigirá un reporte mensual de la humedad de la leña dispuesta para ser comercializada, así como el precio, stock disponible, volumen y formato de venta, entre otras, para facilitar la fiscalización a los comerciantes

Los problemas para la regulación del comercio de leña se arrastran desde hace años. De acuerdo a un estudio realizado el año pasado por el Observatorio Municipal de Puerto Montt, denominado “Catastro y caracterización de puntos de venta de biomasa en la ciudad de Puerto Montt”, indica que de 186 productores encuestados, 49 (16,7%) de ellos no tienen formalización de sus actividades ante el Servicio de Impuestos Internos o alguna otra institución, como el municipio, pese a que el 94% de ellos vende la leña a clientes residenciales urbanos. “La mayoría indica que las razones para no formalizarse son los costos adicionales y los trámites. Sin embargo, la mayoría tiene disposición a formalizarse, pero es preocupante que una gran cifra no está dispuesta”, señala el estudio. Esto en una ciudad donde el 92% de la población total utiliza leña para calefacción residencial, lo que implica un consumo de 5.700 m3 al año.

Estudios realizados por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en Valdivia y Talca muestran situaciones igual de preocupantes. En el caso de la capital de la Región de Los Ríos, un estudio realizado a fines de 2017 a 30 vendedores de leña con patente vigente en la ciudad reveló que solo 5 de ellos (un 16,7%) se encontraba certificado como proveedor de leña seca, demostrando una baja adherencia del comercio al sistema de certificación.

“Los proveedores que se ha logrado incorporar al catastro corresponden a aquellos que realmente poseen una empresa formal para comercializar sus productos, sin embargo se conoce que el mercado de la leña es mucho mayor, y por tanto gran cantidad de proveedores se encuentran vendiendo de manera informal, sin ningún control de sus movimientos”, señala el informe.

Además, agrega, “en cuanto a dichos proveedores formales, destaca el hecho de que la certificación sea voluntaria, y por tanto, a pesar de los beneficios de imagen que esta entrega, no es una prioridad para los productores y comercializadores, siendo tan solo cinco aquellas empresas que se han adherido a la certificación”. Posteriormente, el Departamento de Medio Ambiente de Valdivia informó que a marzo de 2018 solo un 30% de la leña que se comercializa en la ciudad cumplía con los requisitos de certificación.

Un estudio similar realizado por el mismo organismo en 2018 en las ciudades de Talca y Maule mostró cifras similares: pese a que el plan de descontaminación en esa ciudad se encuentra vigente desde 2015, de los 33 proveedores formales analizados a esa fecha solo 13 entregaban leña certificada, mientras que 11 no lo hacían. El resto corresponde a proveedores de pellet.

Ley contra calefacción a leña enciende debate

En paralelo, el pasado 7 de abril un grupo de ocho diputados presentó un proyecto de ley que busca prohibir los aparatos de calefacción domiciliaria que usan leña como combustible, y que apunta a las ciudades declaradas como zonas saturadas o latentes por contaminación. Esto, en términos prácticos, afecta a todas las ciudades de la zona centro-sur del país.

El su artículo único, el proyecto establece que en dichas zonas “queda prohibido el uso de calderas de calefacción de uso domiciliario y calefactores que usen o puedan utilizar leña, sin perjuicio de las demás facultades que la ley confiere a la autoridad competente. Con todo, quedarán exceptuados de esta prohibición aquellos bienes raíces no agrícolas destinados a la habitación cuyo avalúo fiscal no supere el monto de exención habitacional”.

Esto dejaría fuera de la prohibición a las viviendas cuyo avalúo fiscal no supere los $33.199.976, ya que, según señalan los parlamentarios en la presentación del proyecto de ley, “toda regulación en esta materia debe tener a la vista que los hogares más vulnerables no pueden prescindir de este tipo de combustible para calefaccionarse, por cuanto utilizar otros medios (de calefacción) implicaría un grave perjuicio económico para cientos de familias”.

La presentación del proyecto generó el inmediato rechazo de la Asociación Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Chile, el Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL) y la Confederación de Asociaciones Regionales de Leña Certificada de Chile. En una declaración pública, afirman que esta medida “afectaría profundamente el presupuesto familiar de millones de chilenos, al aumentar exponencialmente el costo de su medio de calefacción”, lo que se agrava en un escenario actual de incertidumbre económica.

En lo que respecta a la contaminación ambiental, agregan, precisan que el causante del material particulado en las ciudades es el uso de leña húmeda o verde, con una humedad mayor al 25%.

“La madera de uso domiciliario y vendida en las ciudades declaradas saturadas, llega con una humedad superior al 60%, por lo cual creemos que el Estado y/o autoridades en vez de buscar la prohibición definitiva de la leña, deben focalizar sus esfuerzos en apoyar a los comerciantes para que se venda leña seca (…) Todo proyecto de ley o recomendación del mundo político y autoridades comunales, que se centre solamente en la prohibición del combustible, contradice las estrategias como las del Ministerio de Energía que incentivan el buen uso de la leña como biocombustible renovable”, afirman.