En las ciudades de la zona centro sur del país, la leña es considerada como un bien esencial -en su carácter de combustible-, y por lo mismo su traslado puede pasar los cordones sanitarios impuestos en varias ciudades ante la propagación del coronavirus. Pero al mismo tiempo, esas mismas barreras se están utilizando como un primer punto de fiscalización para asegurar que se trate de leña seca, para que su combustión no incremente niveles de contaminación ya estructuralmente altos y que pueden agravar aún más el crítico escenario impuesto por el Covid-19.
La situación preocupa. Ya los expertos han advertido que este invierno las ciudades del sur podría registrar altos niveles de contaminación a pesar de las medidas restrictivas impuestas por las cuarentenas – y que el incremento de emisiones configuraría una verdadera “tormenta perfecta” sobre la salud de la población-, al tiempo que el Ministerio del Medio Ambiente anunció que será exigente en el cumplimiento de los planes de descontaminación y que no se flexibilizará la gestión de episodios críticos.
Y en ese escenario, hoy la principal urgencia es controlar el humo de leña provenientes de la calefacción residencial, responsable de más del 90% de las emisiones de material particulado fino (MP2,5) en las ciudades ubicadas entre las regiones de O’Higgins y Aysén.
No se trata de una tarea sencilla, ya que los biocombustibles sólidos como la leña, los pellets, las astillas y las briquetas, constituyen la tercera fuente de energía del país, calefaccionando a casi 2 millones de hogares. Anualmente se transan US$ 800 millones en el mercado de la leña, generando 80 mil empleos, la mayoría de carácter temporal y sin contrato.
Al mismo tiempo, se trata de un mercado altamente informal y atomizado, sin estándares de calidad, pese a que los planes de descontaminación vigentes en las principales ciudades de Rancagua al sur establecen que debe existir un registro de comerciantes de leña, y que además esta debe ser comercializada seca -con no más de un 25% de humedad- para disminuir las emisiones de material particulado, las que se incrementan exponencialmente con el uso de leña húmeda.
Sin embargo, estas obligaciones no se estarían cumpliendo a cabalidad, y ante ese escenario, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) estableció las instrucciones para crear un catastro nacional que consolide toda la información respecto de la comercialización de leña en el país, el que fue publicado ayer en el Diario Oficial. El plazo de los comerciantes para inscribirse en dicho catastro vencerá el próximo 31 de mayo.
Fiscalización a la leña en “contexto Covid-19”
Según la SMA, la fiscalización de la venta de leña se hace estrictamente necesaria “sobre todo considerando el contexto del brote de Covid-19, más aún cuando -según señala en los fundamentos del instructivo- el organismo ha detectado que “los comerciantes de leña no han cumplido a cabalidad” la obligación de registrarse en un catastro establecida en los planes de descontaminación atmosférica, “teniendo presente además que existen catastros que incluso han sido considerados de forma voluntaria”.