La cuenta regresiva para la implementación real de la Ley REP ya está en marcha. A un año y dos meses de la entrada en vigencia de la normativa en envases y embalajes, programada para septiembre de 2023, un seminario web organizado por País Circular junto a ReSimple reunió a distintos actores para comentar los principales desafíos en lo que respecta a trazabilidad en la gestión de residuos.

Este punto cobra relevancia por cuanto se requiere de una transparencia para asegurar que la comunidad que participará activamente de la Ley REP a la hora de entregar sus residuos, éstos terminen siendo efectivamente llevados a una planta de valorización. En el encuentro -moderado por el ex ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier- participaron Isidro Pereda, gerente del proyecto ReSimple, que se convertirá en el primer gran sistema de gestión colectivo de envases y embalajes; Cristián Calderón, fiscalizador de la Superintendencia del Medio Ambiente; Paloma Valenzuela, jefa de la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente de la Municipalidad de Maipú; y Jaime Cataldo, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios MSUR.

Cada uno de ellos entregó su parecer desde el cargo que representan y abordaron cuáles son los principales retos de la trazabilidad en la gestión de residuos -en este caso, envases y embalajes- una vez que entre en operaciones la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, como es originalmente llamada la Ley REP.

Tomó la palabra en el foro el gerente de ReSimple, Isidro Pereda, quien explicó que alrededor de 15 mil empresas están afectas al decreto de envases y embalajes de la Ley REP: aquellas que envasan algo en el país, las que traen algo previamente envasado, las que envasan y venden algo bajo marca propia y los que importan un bien de consumo envasado para uso profesional. Entre las categorías y subcategorías de envases, divididas en domiciliarias y no domiciliarias, se hallan cartón y papeles, plásticos, metal, cartón para líquidos y vidrio.

Explicó que para cumplir con las metas de la Ley REP existen gestores que hacen recolección, clasificación/pretratamiento y valorización/reciclaje, pero también existen grandes sistemas de gestión colectivo o GRANSIC (como ReSimple) en el que participan los productores y, mediante licitaciones abiertas, contratan a los gestores que realizan la tarea completa.

Pereda contó que las metas de valorización son graduales, desde el año 1 hasta el año 12. Por ejemplo, el plástico comienza con un 3% de valorización hasta llegar al año 12 de aplicación de la normativa a un 45%. El cartón para bebidas parte en un 5% y tiene como meta llegar a un 60%. Las obligaciones pasan por llegar cada año a más hogares a la recolección casa a casa, y la cobertura de instalaciones de almacenamiento y recepción, llegando el año 1 a 96 puntos en todo Chile para luego, al cuarto año, llegar a 354 puntos.

“Aquí surgen las primeras necesidades de trazabilidad”, contó Isidro Pereda, por cuanto es necesario saber, por ejemplo, “el porcentaje de viviendas por recolección selectiva, los kilos reales valorizados que tenemos que indicar, la cantidad de puntos limpios por comuna dependiendo de la cantidad de habitantes estables y no estables de dicho territorio”.

Un punto interesante en estos desafíos de trazabilidad es, ejemplificó Pereda, cuando un productor instala un producto en un supermercado en un envase no domiciliario (una caja de cartón, por ejemplo), y un cliente se lleva a su casa dicho producto en un envase domiciliario (un paquete de papas fritas). Ahí se deberían generar dos líneas de base -domiciliaria y no domiciliaria- y además una herramienta informática para que las empresas puedan reportar al sistema de gestión. Además, y esto es muy relevante, hay que hacer la verificación de los datos reportados. “Lo importante es que ese informe tenga la calidad requerida, no solo con las categorías específicas de domiciliario o no domiciliario, sino también con la materialidad”, especificó Pereda.

A continuación, Pereda habló de otros retos en trazabilidad en lo que respecta al flujo de recolección selectiva de la Ley REP en cada una de sus cinco etapas. Citó la etapa 1 que es de Capacitación para Reciclar, en la cual el gerente de ReSimple espera que se logre determinar cuál será la participación ciudadana, la cantidad de residuos por hogar, cuántos hogares participan, entre otros tópicos.

En la etapa 3 sobre Recolección, agregó Pereda, hay otra clase de desafíos. “Dónde pasó el camión, el monitoreo online, cuán eficiente es la ruta, qué sucede cuando un hogar está reciclando mal, cuántos kilos se retiraron por hogar”. En la etapa 4 de Clasificación y Pretratamiento, Pereda ahondó en la importancia de identificar “cuál es el origen de los materiales impropios para reciclar, el porcentaje de residuos de descarte y los inventarios de los residuos clasificados”.

En la última etapa, la 5 sobre Valorización, hay que tener en cuenta la trazabilidad en otros aspectos, tales como la cantidad de residuos valorizados, el porcentaje de descuentos por impurezas, humedad y otros factores, y el reporte de documentos tributarios ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), organismo que fiscalizará el cumplimiento de la Ley REP.

Pereda también habló del sistema monitoring, que consiste en que un productor vende un producto en el supermercado, y éste deriva el manejo de residuos a un gestor. “El monitoring tiene que reportar al sistema de gestión todo el flujo de material no domiciliario y esta gestión del consumidor industrial también debe reportar, es decir, dónde llevó el material para su valorización”, indicó.

SMA: la autorregulación es importante

Enseguida, tomó la palabra el fiscalizador de la SMA, Christian Calderón, quien en base a una presentación explicó que la primera tarea en lo que respecta a trazabilidad para el cumplimiento de la Ley REP pasa por la “autorregulación” de los productores de productos prioritarios (PPP). “Hay que entender que, en tanto son 15 mil empresas afectas a la Ley REP, la capacidad de fiscalización de la SMA se ve disminuida en un universo tan grande. Necesitamos que el propio fiscalizado se regule a través del sistema de gestión que elija (individual o colectivo), y que verifique el cumplimiento de sus metas y de valorización de residuos”, señaló Calderón.

Por de pronto, la SMA, explicó Calderón, está abocada a desarrollar una herramienta tecnológica para fiscalizar, así como también la generación de instrumentos de fiscalización propia (casos de alta complejidad asociados a un impacto ambiental de relevancia y/o por denuncias de la población).

Calderón enumeró también las resoluciones de contenidos de informes de cumplimientos de metas que ha debido dictar la SMA, tales como la resolución exenta de abril y mayo de 2021, respectivamente, sobre los sistemas de gestión de neumáticos y envases y embalajes en el marco de la Ley REP. Hizo hincapié en que cada sistema de gestión, una vez que reporta el cumplimiento de las metas de los productores, envía un informe al Ministerio del Medio Ambiente, el cual luego se deriva a la SMA, que hace la verificación de la información reportada.

Luego, Calderón dio cuenta de los temas que está desarrollando la SMA en el año 2022. En primer lugar, se encuentra definiendo la estrategia de fiscalización (seguimiento, trazabilidad y verificación de cumplimiento), más las sanciones; el diseño de plataformas de reporte de cumplimiento de obligación por parte de los regulados y el intercambio de información entre el MMA y la SMA; la certificación de auditores para revisión de informes de cumplimiento de obligaciones; y, finalmente, el diseño de las garantías de los sistemas de gestión.

La importancia de migrar hacia un nuevo modelo de gestión

Como representante de los gobiernos locales participó Paloma Valenzuela, jefa de la Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente de la Municipalidad de Maipú. “Son los que hacen la bajada directa a la ciudadanía”, inició Valenzuela su exposición.

Indicó que uno de los principios que rigen la Ley REP, y que aplican para los municipios, es el de gradualismo, el de participación ciudadana, el de la transparencia. Y, por supuesto, la trazabilidad. “Estos puntos los tenemos que resolver creativa y colaborativamente, usando conceptos como la corresponsabilidad. Sin el compromiso de las y los vecinos, es imposible que funcione la Ley REP”.

“Estamos inmersos en un sistema de gestión de residuos que está bastante pasado de moda; de partida, deberíamos dejar de llamarnos aseo y ornato”, criticó Valenzuela, quien puntualizó en la necesidad de migrar hacia nuevos modelos de gestión de residuos, “que apunten hacia filosofías en torno a basura cero, avanzando a una gestión circular de los residuos, que use eficientemente los recursos”. Por eso la Ley REP es una oportunidad, dijo Valenzuela.

Pero para ello, continuó Valenzuela, “existen muchas brechas con el fin de migrar a nuevos modelos. Por ejemplo, los costos asociados: a muchos municipios les cuesta llegar hasta con servicios de recogida de basura domiciliaria. No todos los municipios tienen las herramientas para reciclar, y no todos los alcaldes se suben al carro de la importancia de la gestión de residuos. Tampoco existe la tecnología adecuada”.

Valenzuela también indagó sobre la necesidad de fortalecer la capacidad de los equipos municipales para que puedan ir migrando hacia este nuevo modelo de gestión, que es, al mismo tiempo, “un cambio de chip cultural”. La Ley REP, en ese sentido, obligará a dar pasos sustantivos en esta materia.

“Necesitamos voluntad política de los municipios para avanzar a este sistema nuevo de gestión y pasar dos cambios más rápido. Vamos a ir aprendiendo en el camino, los municipios no tenemos todas las cosas resueltas”, añadió Valenzuela.

En cuanto a trazabilidad, dijo ella, “los municipios tienen la obligación de mantener una comunicación permanente con los actores claves y la comunidad, es la forma de transparentar los procesos. Conocer la disposición final de los residuos es clave para la ciudadanía. Hay que cuantificar y ponerse metas ambiciosas”.

La misión de MSUR

El último en exponer en el seminario fue el secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios MSUR, Jaime Cataldo, organización que tiene tres años y medio de vida con su programa MSUR Recicla, y cuyo foco central es la sustentabilidad ambiental. Contó que hasta ahora tienen unos 30 municipios socios.

“Nosotros participamos en la elaboración del reglamento de envases y embalajes de la Ley REP. Esto nos ha motivado tremendamente. Hay un dato importante que reafirmar: los hogares, los barrios, la ciudadanía, las poblaciones quieren reciclar. Si no se ha hecho más, es porque no ha habido una mayor oferta del sector público y privado”, expresó Cataldo, para quien, afinando los objetivos, “no va a ser difícil cumplir las metas trazadas”.

Sin embargo, reconoció Cataldo, “la ciudadanía tiene una desconfianza con respecto a si efectivamente el esfuerzo que ellos invierten en hacer separación de origen va a ir a parar a una planta de valorización, y no a un relleno sanitario”.

“En ese sentido, la trazabilidad es un instrumento trascendental para garantizar eso”, dice Cataldo. Por de pronto, dijo, MSUR no tiene problemas con el tema de la trazabilidad, puesto que cuentan con certificados de las empresas con las cuales valorizan los residuos. “Remitimos esos certificados a nuestros municipios socios y ellos pueden tener la certeza de que entre el 97% y el 98% de lo recolectado en los hogares va a pasar por alguna planta de valorización”, indicó el representante de MSUR.

En el futuro, eso sí, Cataldo indicó que la trazabilidad quedará en manos del sistema de gestión, en este caso ReSimple de Isidro Pereda, ya que “nosotros vamos a llegar hasta la etapa de recolección segregada y selección de materiales, pero quien se ocupa del proceso de valorización será el propio sistema de gestión”.

Para Cataldo, es importante entender el concepto de trazabilidad desde una “perspectiva amplia”. No solo versa sobre el destino final de los residuos recuperados por la gente, sino también “permitirá un conjunto de procedimientos prestablecidos, que nos permitirá construir datos de base, con los cuales se construirán indicadores. Eso nos va a ayudar a determinar cómo estamos cumpliendo las metas de la Ley REP”.

Actualmente MSUR tiene dos comunas con un 100 por ciento de cobertura de sus hogares: La Reina y La Florida. Otras comunas con entre un 70% y 80%, y otras con apenas un 12%. “Cuando ya estemos trabajando con el sistema de gestión, la idea es llegar a todos nuestros municipios asociados con una cobertura superior al 70 por ciento de los hogares.

Sin embargo, Cataldo dijo que, en cuanto a trazabilidad, será muy difícil, en esta etapa primigenia, cuantificar los kilos recogidos por hogar. “No tenemos para pesar los materiales que se sacan de cada edificio. Por eso la gradualidad en los indicadores será un tema relevante en este proceso de la trazabilidad”, esgrimió. Reiteró que los grandes desafíos de trazabilidad pasan por la “generación de confianza y certidumbre” a la comunidad, en función de que su tarea “tiene sentido” cuando sus residuos tienen una correcta disposición final en algún centro de valorización.

El sistema llegará a todo Chile

En una ronda de preguntas que se abrió luego de las exposiciones de la y los panelistas, el fiscalizador de la SMA abordó la importancia de las denuncias ciudadanas para que el organismo pueda desarrollar su función dentro de la ley de una forma óptima. “Esto representa un cambio disruptivo en el sistema de fiscalización de la Superintendencia”, dijo Calderón.

En tanto, Isidro Pereda fue consultado acerca de la brecha entre los municipios, ya que muchos de estos no tienen los recursos para gestionar los residuos: “Los obligados a organizar y gestionar la gestión de los residuos son los sistemas de gestión, y en ese sentido, somos partners de los municipios y de las asociaciones de municipios. Cuando esté viva la Ley REP, esa brecha entre municipios con más y menos recursos se debería romper. A partir del crecimiento en la infraestructura deberíamos llegar con puntos de recepción y almacenamiento a todo Chile”.

Para Paloma Valenzuela, de la Municipalidad de Maipú, es importante celebrar convenios con el sistema de gestión para ampliar la base. En ese sentido, lo relevante es aprovechar que la mayoría de los municipios ya cuenta con programas asociados a la gestión de residuos de envases y embalajes, pero al mismo tiempo, cada uno tiene una realidad distinta. “Por ejemplo, Maipú tiene un trabajo no menor con recicladores de base certificados”, comentó.

Por su parte, Jaime Cataldo manifestó su opinión respecto de que los municipios, si trabajan de forma asociativa, tienen mejores perspectivas de éxito en la aplicación de la Ley REP, que si lo hacen por separado. Esto, a juicio del representante de MSUR, ha sido comprobado en las leyes de responsabilidad extendida del productor que están vigentes en Europa. Expresó que la Ley REP brinda el ejemplo de que la colaboración público-privada es posible de implementar.

Asimismo, Cataldo informó acerca de un encuentro que se hizo con municipios de regiones en Santiago. En octubre y noviembre se realizarán dos encuentros más, uno en la zona norte y el otro en la zona sur, para conocer de manera específica cómo están trabajando las asociaciones provinciales y regionales de cara a la implementación de la Ley REP. Finalmente, Cataldo aclaró que las asociaciones de municipios tienen la opción de tercerizar la recolección de los residuos vía licitación.

Por último, Isidro Pereda insistió en que no hay mucho tiempo para que las empresas afectas a la ley tomen conocimiento de ésta. “Es importante lograr una transparencia de cara a la ciudadanía. La trazabilidad se debería traducir en oportunidades para emprendedores que presten este servicio, hay una oportunidad muy grande para emprendimientos”, cerró.