Ciudad / Integración social de viviendas

Lo que está en juego para construir ciudades más justas y sustentables

La polémica que generó el proyecto anunciado por Lavín en la rotonda Atenas visibilizó una vieja herida: la segregación social y territorial no sólo ha perpetuado la desigualdad en Chile, también está afectando al planeta. Mientras la ONU sostiene que la erradicación de la pobreza es un requisito ineludible para el Desarrollo Sostenible, y en el Congreso debaten modificaciones a la ley de vivienda en pro de destinar una reserva del suelo a las viviendas de bajo costo, el gobierno prepara un proyecto de ley al que según el ministro Cristián Monckeberg nadie –incluso las inmobiliarias- podrán negarse.

Gabriela García | 30 Nov 2018 a las 6:30 am
Agencia Uno

Cuando el 8 de julio pasado una centena de vecinos de la rotonda Atenas protestó contra el proyecto de viviendas sociales que anunció el alcalde Joaquín Lavín en Las Condes, lo que sonó más fuerte no fueron sus cacerolas, fue el miedo al otro.

-No queremos que lleguen lanzas a robar- vociferaban quienes piensan que mezclar a habitantes de distintos ingresos socioeconómicos en un mismo conjunto habitacional, solo puede traer caos a una comuna residencial como Las Condes.

Con globos negros hicieron sentir su molestia. Dijeron que, de aprobarse el proyecto que Lavín quiere construir en Colón con Mayecura, los departamentos que están en los alrededores perderían plusvalía. Algunos todavía amenazan con venderlos. Pero Carlos Alarcón –arquitecto de profesión que sostiene reuniones con los vecinos que siguen agrupados en el Movimiento por la Rotonda Atenas- intenta calmarlos con hermosos bosquejos arquitectónicos y estudios en mano. Para él, que es la persona que Lavín eligió como el coordinador de una serie de proyectos de integración social que quiere promover la municipalidad en Las Condes, la iniciativa del alcalde que ya postularon al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), y que espera pronta aprobación, en ningún caso impactará negativamente en el sector.

Estudios como el que realizó la consultora inmobiliaria Toctoc.com en julio pasado, lo respaldan. Tras analizar los valores de inmuebles cercanos a Las Condesas V: un proyecto de integración social para familias vulnerables que está en funcionamiento desde el año pasado en la avenida Alejandro Fleming, Toctoc.com llegó a la conclusión de que la plusvalía de los terrenos de la mayoría de los vecinos había aumentado en un 21% en los últimos tres años.

Despejado aquello, Alarcón intenta que los opositores al proyecto de la rotonda Atenas entiendan el bien superior:

-Son demasiadas las personas que viven de allegadas en Las Condes- sostiene.

La problemática es grave y no en solo dicha comuna. Según datos de la encuesta Casen 2017, Chile retrocedió en 20 años en materia de déficit habitacional. Y solo en la Región Metropolitana, en dos años, este vacío ha aumentado un 30.8%.

El allegamiento está incrustado a nivel nacional, y para ponerle fin hacen falta a lo menos 500 mil viviendas que hoy ya no da lo mismo dónde ponerlas.

Bien lo dijo el destacado arquitecto Pablo Allard al diario La Tercera mientras dicta una cátedra en Harvard este semestre: “El allegado de Las Condes no tiene casa pero tiene una ciudad y calidad de vida enorme. En cambio, el propietario de la Pedro Aguirre Cerda o Cerro Navia está condenado a una ciudad que no le ofrece ni seguridad ni áreas verdes ni entretenimiento ni equipamiento”. Así de injusta es la cosa si se siguen poblando las periferias.

No más guetos

Son esos allegados de Las Condes y también aquellas personas que trabajan a diario en la comuna como guardias o asesoras del hogar, las que según el alcalde Lavín merecen postular al subsidio habitacional para obtener una vivienda digna en proyectos como el de la rotonda Atenas.

Si es el territorio donde gran parte de su vida transcurre, ¿por qué deben trasladarse largas horas desde la periferia para llegar hasta allá?, comenzó a preguntarse.

Lavín llegó a la convicción de construir una comuna más inclusiva escuchando los relatos de los propios vecinos que viven hacinados y que no han podido acceder al subsidio. Pero también –dice él- poniéndose en el lugar del otro:

-Había que pensar en una solución seria, que no apunte a la segregación, a formar guetos, que es lo que habitualmente ha pasado- cuenta el alcalde sobre varios proyectos que tiene en mente para los próximos dos o tres años. Y mientras a la oficina de la jefa del departamento de Desarrollo Social, Myriam Guzmán, se han acercado más de 2 mil personas para saber qué requisitos deben cumplir para eventualmente postular a una vivienda allí, lo cierto es que la polémica en Las Condes visibilizó una vieja herida que ya no es posible esconder: la desigualdad de nuestra planificación urbana y territorial en los últimos 40 años.

A pesar de que el 21 de noviembre pasado, la OCDE pronosticó que la economía chilena seguirá creciendo un 4,1% en 2018 -lo que constituye cinco décimas más de lo previsto hace seis meses- también señaló que es necesario aumentar los ingresos fiscales para financiar los gastos sociales y la inversión pública, pues las enormes brechas entre ricos y pobres que tienen a Chile puntero en los rankings de desigualdad, se mantiene altísima. Mantener ciudades segregadas social y territorialmente solo la perpetúa. Y es desde ese temor a mezclarnos que el alcalde Lavín lee la molestia de los vecinos que se oponen a su proyecto en la rotonda Atenas.

-Nos da miedo vivir junto a quien no ha tenido las mismas posibilidades y eso finalmente convierte a las urbes en lugares estériles, poco cariñosas- dice.

Para Lavín, las viviendas sociales son un aporte a la ciudad y nos permite entender las realidades de cada uno.

-Pueden ser distintas, pero no por eso peores o mejores. Conocernos y nutrirnos en virtud de romper los paradigmas y hacernos mejores ciudadanos, es el camino- explica.

El planteamiento de Lavín está en sintonía con el de otros alcaldes que también están promoviendo viviendas sociales o proyectos de integración en sus comunas. Si en Peñalolén, la DC Carolina Leitao acaba de poner la primera piedra del proyecto Antupirén 9.900, que beneficiará a 64 familias provenientes del ex campamento Nasur, y desea construir otras 360 viviendas en las cercanías de la Comunidad Ecológica, en Lo Barnechea el alcalde de RN, Felipe Guevara, anunció lo propio en el sector de Lomas de La Dehesa.

Recientemente pidió la cesión al Serviu de un paño de Bienes Nacionales de 10 hectáreas para construir 300 casas en uno de los puntos más caros de la comuna. Si lo consigue se levantarían al norte del cerro 18, entre los colegios Apoquindo y Nido de Águilas, y sus beneficiarios serán las familias que actualmente están en condición de allegados en la comuna.

-Claramente necesitamos contar con un modelo de planificación territorial menos segregador- dice Leitao. Porque no se trata solo de avanzar en el desarrollo de más proyectos sociales, sino también de contar con un modelo de integración donde los vecinos tengan las mismas oportunidades para acceder a la cultura, el deporte, las áreas verdes y el transporte.

Incorporar una nueva perspectiva en torno a la vivienda para los grupos emergentes, agrega la alcaldesa, es vital.

-Dichos grupos hoy están impedidos de acceder fácilmente por el aumento de costos del suelo, y porque el Estado no actúa con la celeridad esperada en estos casos- agrega.

Los vecinos de los alrededores de Antupirén 10.001 pusieron un recurso de protección para impedir el proyecto en las cercanías de la Comunidad Ecológica. La Corte Suprema falló a su favor. Pero Leitao acusa a la tesis jurídica de tener un efecto “segregador” e insiste en llevarlo adelante.

Según la alcaldesa el fallo“pone en riesgo tres proyectos de viviendas en distintos puntos de la comuna, además del primer Centro de Formación Técnica (CFT) estatal y gratuito de la capital, que beneficiaría a unos dos mil estudiantes”. Con el respaldo del MINVU, se reunió con el Serviu y participó de una mesa de trabajo. No está dispuesta a bajar los brazos.

-El fallo de la Corte no se pronunció ni impidió el avance de cada proyecto. Lo que aquí se utilizó fue un subterfugio jurídico para impedir el cambio de la densidad en ciertos sectores de la comuna que por años han gozado de condiciones desiguales. Frente a ello, seguiremos defendiendo el legítimo derecho de nuestros vecinos más vulnerables a vivir en Peñalolén. Hemos dado y seguiremos dando todas las batallas para que no sean expulsados a sectores periféricos de la capital- expresa Leitao.

Felipe Guevara no ha tenido que enfrentar tanta resistencia. Lleva 10 años a la cabeza de la municipalidad de Lo Barnechea y dice que esa experiencia lo ha convencido de que segregar a las diferentes familias que cohabitan un lugar está errado.

-En aquellos tiempos éramos la comuna de Chile que poseía más campamentos y hoy, orgullosamente podemos decir que estamos en proceso de acabar con el último que queda. Al igual que el resto de los campamentos, construiremos las mejores viviendas sociales para los vecinos. Siempre he trabajado por una ciudad bien planificada y donde todos puedan escoger donde vivir, sin exclusión alguna- dice quien en agosto pasado terminó de desalojar el emblemático y más antiguo campamento de Santiago. Las máquinas demoledoras echaron abajo lo que hasta ahora fue Juan Pablo II para la futura construcción de 380 viviendas sociales definitivas. Algunos vecinos se negaron a salir hasta el final. Pero en Lo Barnechea aseguran que pronto podrán regresar al terreno en mejores condiciones:

-Tenemos que extraer cerca de nueve metros tierra y relleno hacia abajo, ya que por años se cubrió con escombros. Luego, en menos de dos años los vecinos del campamento podrán volver al mismo lugar, pero a sus casas, con parques, juegos para niños, áreas sociales y un centro comunitario. Además contarán con viviendas de alta calidad, con tres dormitorios, logia, estacionamiento privado, reja y citófono para cada una de las familias- se entusiasma el alcalde Guevara.

Ciudades inteligentes

El lema “Unir la ciudad” del actual ministro de Vivienda no es azaroso. Cuando la Asamblea General de la ONU dio a conocer en 2015 la Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS), Chile fue uno de los países que se comprometió a cumplirla. Dentro los 17 objetivos que señala dicho documento, la erradicación de la pobreza figura como un requisito ineludible para el Desarrollo Sostenible.

Considerando que la humanidad que conforman 3.500 millones de personas viven actualmente en ciudades, y que este porcentaje seguirá creciendo, las soluciones a problemas urbanos como la pobreza, pero también al cambio climático, la asistencia sanitaria y la educación, “deben abordarse con urgencia a través de asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sobre todo sostenibles”, consigna la ONU.

El impacto que generan las ciudades en la salud del planeta es dramático: si bien éstas a nivel global ocupan sólo el 3% de la superficie terrestre, representan entre un 60 % y un 80% del consumo de energía, y el 75% de las emisiones de carbono.

Preguntarse por la manera en que hemos planificado y organizado nuestros territorios hasta ahora y revertir la segregación resulta fundamental. Esto, porque el impacto que generan las ciudades en la salud del planeta es dramático: si bien éstas a nivel global ocupan solo el 3% de la superficie terrestre, representan entre un 60 % y un 80% del consumo de energía, y el 75% de las emisiones de carbono. “Muchas ciudades son también más vulnerables a los desastres naturales debido a su elevada concentración de personas y
 su ubicación, por lo que reforzar la resiliencia urbana es crucial para evitar pérdidas humanas, sociales y económicas”, establece la Agenda 2030.

La planificación urbana en Chile viene dando luces de su fracaso hace rato. Así lo dice un documento que el centro de estudios Espacio Público encargó a investigadores, académicos y expertos ya en 2013 y que está en manos de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Mientras allí se discute en varias sesiones modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones estableciendo una reserva de suelo urbano destinada a viviendas de bajo valor, el documento “Institucionalidad para la Integración Social Urbana” establece que “es en la ciudad donde la desigualdad se expone de forma cruda y cotidiana”.

“Basta tomar un bus hacia el sur-poniente de Santiago, cruzar un puente en Concepción o subir uno de los cerros de Viña del Mar o Antofagasta para ver cómo las edificaciones se van reduciendo en altura y calidad constructiva, las calles se angostan y el tráfico que las recorre se lentifica, el mobiliario se hace cada vez más escaso y precario, las plazas comienzan a ser reemplazadas por sitios eriazos y basurales, y la inseguridad se hace evidente en la proliferación de rejas y el abandono de espacios públicos”, se lee desde hace cinco años.

Reducir la desigualdad es un desafío clave que Chile enfrenta para alcanzar el desarrollo. Y se ha convertido en un objetivo transversal en las propuestas de todos los partidos políticos del país pues –como dice la ONU- no solo provoca disturbios e inseguridad, también “la contaminación deteriora la salud de todos y afecta la productividad de los trabajadores y por tanto la economía”.

El panorama es apocalíptico si dejamos las cosas tal como están. La ONU postula que el número de 828 millones de personas que viven en barrios marginales en el mundo seguirá creciendo y éstos, además de ser un lastre para el PIB reducirán la esperanza de vida. “El costo de esa deficiente planificación urbanística puede apreciarse en el intrincado tráfico, las emisiones de gases de efecto invernadero y los extensos suburbios de todo el mundo”, argumenta.

Pero si bien hay consenso en que esto no puede seguir así y que el paradigma debe ser otro, “estos cambios difícilmente se podrán llevar a cabo con la actual estructura institucional. Y requerirán acciones decididas del Estado”, señala el documento de Espacio Público.

Cambiar el paradigma

Debatir largamente sobre las eventuales modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones que ha regido las políticas habitacionales de los últimos 40 años para terminar con el modelo de ciudad que ha perpetuado la localización de proyectos de integración social en la periferia o áreas suburbanas, y con ello, el miedo de pobres y ricos a mirarse las caras, es un paso. Pero se necesita más.

Cristián Monckeberg, actual ministro de vivienda, lo sabe. Y por eso, mientras participa en las sesiones de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados por la modificación a la ley, procura además que los compromisos adquiridos por el país con la Nueva Agenda Urbana de la ONU sean parte de su ruta de navegación.

-Parte de esos compromisos están plasmados en la Política Nacional de Desarrollo Urbano que tendrá un importante reimpulso con la reciente presentación por parte del Presidente Sebastián Piñera del nuevo Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), donde la integración social, territorial y urbana ha sido establecida como uno de los motores del desarrollo de nuestras ciudades- dice.

Para él, aunque pareciera que el proyecto de la rotonda Atenas puso el tema sobre la mesa, la inclusión es un tema del que se habla hace años en el Minvu y frente al que otras autoridades han tomado cartas en el asunto también.

-Lo que no se puede negar es que estos casos ayudan a visibilizar y concientizar a nuestros habitantes de que la calidad de vida en la ciudad debe ser para todos. Y esa calidad de vida también pasa por el aporte que cada uno puede hacer para construir ciudades más sustentables- afirma.

Monckeberg reconoce que aún queda paño que cortar:

-La pregunta hoy es cómo, junto con hacer ciudades más integradas, las adaptamos a personas cada vez más conectadas y exigentes.

Desde el Minvu reconocen estar trabajando decididamente en una agenda normativa por encargo del Presidente Sebastián Piñera, para que la integración social y urbana sea un derecho de todos los chilenos y chilenas. Pero la manera en que lo resolverán aún está por verse.

-El anuncio lo hará el presidente muy pronto. Lo importante es que lo que hoy es un programa del Minvu, el Programa de Integración Social y Territorial (D.S. Nº 19), de aplicación muy exitosa y que ha generado experiencias de vida ejemplares, será muy pronto una política social y territorial de gran alcance. Y a eso, nadie podría negarse- afirma el ministro.

Modificar la ley

En la Cámara de Diputados están expectantes de escuchar la propuesta del gobierno. Mientras en las sesiones de la Comisión de Vivienda expositores de distinta índole como alcaldes, urbanistas, pobladores y organizaciones sociales, analizan el rol del Estado y del mercado y piden darle más poder a los gobiernos regionales, parlamentarios estudian posibles vías para solucionar la segregación social y espacial.

-¿Cómo se llegó a esta realidad?¿Debemos llevar la ciudad a los pobres o los pobres a la ciudad?- se pregunta por ejemplo el diputado del Movimiento Autonomista, Gonzalo Winter.

El ministro de Vivienda dice que ver las lágrimas de un grupo de dirigentas de la Villa El Volcán III – el último de los cinco conjuntos habitacionales construidos por la empresa “Copeva” que quedaban sin intervención del Estado, y donde hoy viven más de 1.200 personas- le dieron algunas respuestas. Luego de anunciarles que por fin habían sido beneficiadas con la selección de su proyecto para el Programa de Regeneración de Barrios, y explicarles que con este programa se busca intervenir integralmente, incluso demoliendo si es necesario, para ya no solo construir viviendas a granel como se hizo en el pasado, sino también un parque, equipamiento en espacio público y juegos infantiles, para acercar servicios y construir cuidad, las dirigentas se pusieron a llorar.

Monckeberg recordó la emoción que las embargó a fines de los años 90, cuando esas casas se llovieron e inundaron los sueños de familias que fueron obligadas a vivir a la periferia.

-No cabe duda que el país ha progresado, pero el desarrollo debe ser integral e inclusivo. Y esas familias ya hicieron su vida allí, a más de dos o tres horas de los centros urbanos. Y aún así, quieren seguir viviendo ahí porque ya tejieron su entramado social, su arraigo. ¿Cómo unimos la ciudad entonces? Partiendo por reemplazar esos blocks por veredas anchas, áreas verdes, calles iluminadas, viviendas de alto estándar, acercando así los servicios necesarios, promoviendo el desarrollo de barrios ahora bien equipados. La integración debe ser social, sí, pero también, territorial, urbana. Esto es lo que ya no puede seguir esperando- dice el ministro.

Pero el alcalde de Recoleta Daniel Jadue difiere. Para él, solo hay una vía posible para conseguir la integración. Y así lo expuso en una de las sesiones del Congreso:

-Llevar a quienes viven en la periferia a los lugares donde sí existen los servicios, bienes y productos que ellos carecen, pues a sus territorios y dado que no hay demanda agregada suficiente para asegurar rentabilidad, el mercado simplemente no llega- explicó.

Jadue habla con propiedad. Cada vez que ha presentado proyectos para su comuna, como ha sido la farmacia y últimamente la óptica popular, ha estudiado con detalle la presencia que tienen cada uno de estos servicios en otros sectores de Chile. En su conteo aparece que en 59 comunas no hay ni una sola farmacia. Y que en más del 65% de Chile tampoco hay una óptica.

Jadue es arquitecto y sociólogo de profesión. Tiene un magíster en urbanismo y las tesis de ambas carreras las desarrolló en torno a la sustentabilidad de las políticas de suelo y habitacionales de Chile en los últimos 40 años. La investigación realizada por el alcalde de Recoleta le permitió ver con claridad, dice. Para él, “las modificaciones que se hicieron en el año 79 a las políticas nacionales de desarrollo urbano provocaron un estallido que desordenó y aceleró el crecimiento de la ciudad a un costo demasiado alto”.

-Fue fatal. Porque si bien es de las políticas más exitosas de la dictadura, y Chile creció gracias a la especulación urbana en 15 años lo que no había logrado crecer en las nueve décadas anteriores, todo el manejo del suelo urbano se le entregó al mercado y el concepto de vivienda pasó de ser un derecho a ser visto como un objeto, una casa. Hoy tenemos una ciudad segmentada y fragmentada. En eso coincidimos, no resiste más. Pero uno es lo que hace y no lo que dice, por lo que hay esperar y ver cómo se va a materializar este supuesto cambio de posición histórica- sentencia Jadue.

El proyecto de ley que presentará el Presidente Piñera –asegura Monckeberg- contempla, entre otras medidas, el establecimiento de ciertos beneficios urbanísticos, condicionados al cumplimiento de ciertas exigencias relacionadas con la integración social y urbana, en línea con la preocupación central que se desprende de los proyectos que ha estado analizando la Comisión de Vivienda.

-En ese contexto, consideramos que la discusión parlamentaria del proyecto que presentaremos será una muy buena oportunidad para lograr acuerdos que impliquen un impulso decidido por la integración. Nosotros como Minvu, por la vía reglamentaria y mediante la implementación de los programas de subsidios, podemos avanzar mucho y lo seguiremos haciendo, pero consideramos fundamental que el Congreso Nacional también tenga un rol relevante en esta materia- dice el ministro.

Luego agrega que, si bien hay familias que optan por otros caminos distintos a las de las familias de El Volcán III, y reciben un subsidio de arriendo o postulan a viviendas en otras comunas, no hablaría más de periferia, ni de pobres, ni de ricos.

-Allí, donde estaba la periferia, en El Volcán III, o en Marta Brunet, o en Francisco Coloane, todas poblaciones de Bajos de Mena, el Minvu ha hecho una tremenda pega de construir ciudad desde los escombros, desde conjuntos habitacionales sin planificación, donde solo importaba construir cantidad y no calidad. Incluso, si analizamos nuestro Programa de Integración Social y Territorial, veremos que la mayoría de las más de 105 mil casas que se han construido pertenecen a comunas que están en los bordes de la ciudad. Hay que reconstruir la trama social de la ciudad, sea cual sea la alternativa- afirma.

¿Y las inmobiliarias?

Otra de las ideas que se ha planteado en las sesiones de la Comisión de Vivienda es que el Estado tenga más intervención en los suelos que hasta ahora están en manos de las inmobiliarias y del mercado. Por ejemplo, comprando franjas de terreno cercanas a las líneas de metro y destinándolas a construir proyectos de integración. Frente a esto Monckeberg afirma que la posibilidad de que el Estado adquiera determinados terrenos siempre ha sido una alternativa y los SERVIU ya se encuentran facultados para ello.

Como sea la integración social  y territorial–concuerdan todos- tardará demasiado si no hay una ley que la promueva y defienda. Actualmente dos millones de personas no tienen un techo de su propiedad donde vivir y un estudio de la Universidad Alberto Hurtado muestra que no hay ninguna relación entre los precios de los arriendos y del suelo y lo que están ganando los chilenos.

Respecto a los ejes estructurantes de transporte, como las vías troncales o el metro, la mirada del gobierno es clara: “tienen que ir acompañados de una necesaria densificación, equilibrada, por cierto, y dónde seamos capaces de promover viviendas sociales bien emplazadas y cercanas a los servicios necesarios”, dice.

-Más que confirmar o descartar la compra de terrenos en determinados lugares, lo que nos interesa es que se establezcan mecanismos que impulsen la integración más allá de la que podría lograrse en esos terrenos públicos específicos, y que permitan que ésta llegue a aquellos proyectos que se desarrollen en terrenos privados- continúa el ministro de Vivienda.

También está entre sus planes poblar lugares céntricos donde antes vivieron las personas y ahora solo hay comercio o espacios abandonados, como el barrio El Almendral en Valparaíso, o el barrio Matadero Franklin en Santiago.

-Ambos barrios forman parte de nuestro programa Barrios Históricos que busca precisamente aquello: definir intervenciones detonantes que signifiquen repoblamiento, nueva vida a zonas bien conectadas y equipadas.

Como sea la integración social  y territorial –concuerdan todos- tardará demasiado si no hay una ley que la promueva y defienda. Actualmente dos millones de personas no tienen un techo de su propiedad donde vivir, y un estudio de la Universidad Alberto Hurtado muestra que no hay ninguna relación entre los precios de los arriendos y del suelo y lo que están ganando los chilenos.

-¿Cuáles son los factores que están incidiendo en el valor de los suelos? Nadie sabe cómo suben y cómo bajan y eso tiene que ser regulado- insiste Winter en las sesiones del Congreso.

La pregunta del millón entonces es si la industria inmobiliaria está dispuesta a cumplir con fines públicos de manera distinta a cómo se está haciendo hoy día.

Clave sería la participación de Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en la Comisión de Vivienda. Consultados para este reportaje además, la Cámara Chilena de la Construcción pidió la pauta de preguntas pero finalmente ninguno de sus miembros la contestó.

Mientras el alcalde Joaquín Lavín plantea que la masificación de viviendas sociales pasa por más incentivos a las inmobiliarias con el fin de que destinen un 30% de sus proyectos a viviendas de integración, Daniel Jadue no ve ahí la solución. Dice que no funciona así:

-Plantear eso es no conocer las leyes que rigen el suelo urbano y cómo el Estado puede influir o no en ellas- explica.

Por su parte y en el Congreso, el diputado Gonzalo Winter enciende la alarma:

-El peligro es que esto se transforme en el tremendo negociado para las inmobiliarias que podrían terminar vendiéndole al Estado el 30% de su terreno para la construcción de viviendas sociales- advierte. El debate sigue abierto y la sociedad también está invitada. Preguntas como las que contempla el plan de acción urbana de la ONU nos entregan algunas pautas para entrar en él:

-¿Hay suficientes puestos de trabajo donde vives? ¿Tienes fácil acceso a asistencia sanitaria? ¿Pueden tus hijos ir andando a la escuela de forma segura? ¿Puedes ir a dar un paseo por la noche con tu familia? ¿A qué distancia está el transporte público más cercano? ¿Cómo es la calidad del aire? y ¿Cómo son los espacios públicos?- son formas de llevarse la tarea a la casa.

Según la Agenda 2030 es fundamental que todos participen activamente en la gobernanza y gestión de la ciudad. Pero a la vez anoten lo que funciona y lo que no en el espacio que habitan. “Cuanto mejores sean las condiciones que crees en tu comunidad, mayor será el efecto sobre la calidad de vida”, dice el documento que traza lineamientos para el Desarrollo Sostenible.