El clásico etiquetado de eficiencia energética de los refrigeradores será común verlo a la hora de adquirir una nueva vivienda en Chile. La Ley de Eficiencia Energética, promulgada el pasado 8 de febrero, obligará a las empresas constructoras e inmobiliarias a incorporar una certificación de desempeño energético en sus nuevas edificaciones, de tal manera que los consumidores obtengan información clave a la hora de efectuar una compra.

El objetivo de la nueva normativa es elaborar, cada cinco años, un Plan Nacional de Eficiencia Energética que permita alcanzar “una meta de reducción de intensidad energética de, al menos, un 10% al 2030, respecto de 2019”, cita el texto. Junto con trazar metas y objetivos en términos de eficiencia energética en el transporte, educación y sectores productivos, entre otros, la ley acentúa la importancia del sector residencial por los niveles de consumo energético que se generan al interior de los hogares.

Hasta antes de la aprobación de la ley, las nuevas viviendas podían certificar su eficiencia energética solo voluntariamente. En cambio, Según el artículo 3 de la normativa, “las viviendas, edificios de uso público, edificios comerciales y edificios de oficinas deberán contar con una calificación energética para obtener la recepción final o definitiva por parte de la Dirección de Obras Municipales respectiva”. La misma obligatoriedad recae sobre los proyectos que aún no cuentan con la recepción municipal final, y que deberán presentar una “precalificación energética”, cuya etiqueta e informe respectivo “serán de carácter transitorio y tendrán validez hasta que se realice la calificación energética”.

El artículo cuarto transitorio, en tanto, establece los plazos de implementación de la ley. El paso sucesivo es la elaboración de los reglamentos que regularán el procedimiento, exigencias y condiciones del otorgamiento de la calificación y precalificación energética. Con respecto a las nuevas viviendas, el reglamento deberá estar listo en el plazo de 12 meses desde la publicación de la ley (es decir, febrero de 2022). En el caso de los edificios de uso público, edificios comerciales y edificios de oficina, el reglamento será dictado en el plazo de 36 meses (es decir, febrero de 2024).

En el caso de las viviendas nuevas, prosigue el artículo cuarto transitorio, la ley empezará a regir 12 meses después de la aprobación del reglamento. Esto quiere decir, en concreto, que las nuevas viviendas estarán obligadas a presentar e informar su etiquetado de eficiencia energética desde febrero de 2023. Por su parte, la misma obligación para edificios de uso público, edificios comerciales y edificios de oficina regirá 12 meses después de la aprobación de su reglamento. Es decir, febrero de 2025.

Las ventajas de la ley

En la inmobiliaria Urbes califican como una “buena noticia” la exigencia de la certificación a contar de 2023, porque “permitirá que la industria de la construcción se mueva y el público empiece a exigir una buena calificación energética”, dice Loreto Malig, subgerenta comercial de la empresa que lleva más de tres años incorporando estándares de eficiencia energética a todas sus nuevas edificaciones.

Urbes cuenta a su haber con dos proyectos emblemáticos construidos bajo el estándar Passivhaus: Eloísa y Alicia. Ambos cuentan con los cinco principios básicos que definen a Passivhaus: envolvente térmica de alto desempeño, hermeticidad, libre de puentes términos, ventanas de hasta triple vidrio y sistema de ventilación con recuperación de calor. En virtud de ello, Malig señala que Urbes “ya tiene un recorrido en la materia y un grado de avance importante respecto de la eficiencia energética”.

En tanto, la inmobiliaria Insta, que es un brazo del Grupo Urbes, también destaca por su experiencia en la adopción de estándares constructivos de eficiencia energética. Actualmente cuenta con dos proyectos en ejecución, Era y Origen, en La Cisterna y San Miguel, respectivamente. Si bien no son Passivhaus, cuentan con la más alta calificación en el rango de etiquetado establecido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC): A++.

“Al principio fue difícil incluir estos temas, porque nadie estaba metido en el tema y era como de otro planeta. Pero es un tremendo impulso tener el apoyo de una ley que obliga al mercado y la industria a desarrollar un trabajo en Chile para subir el estándar de eficiencia energética”, comenta Isabel Letelier, subgerenta de operaciones de Insta.

Por su parte, desde el Instituto Passivhaus Chile comulgan con la visión de las empresas más avanzadas en el tema. El director de la entidad, el arquitecto Roberto Urzúa, cree que la Ley de Eficiencia Energética “es una muy buena noticia para la industria, ya que habrá una exigencia de certificación que permitirá ver cuánto consumen y cómo se comportan las viviendas nuevas en términos de su rendimiento energético. Habrá algo similar a lo que ocurre con los refrigeradores y los autos. Es una ley que empujará a la industria”.

Lo mismo cree Isabel Letelier, para quien “la gran mayoría de las industrias se ha modernizado y acomodado a los tiempos”. Sin embargo, según ella, la industria de la construcción ha sido “resistente a los cambios”, y por lo tanto, ha quedado rezagada en términos de sustentabilidad y eficiencia energética. “Muchas constructoras creen que hacer un edificio eficiente es solo poner unos paneles solares. Nosotros incorporamos la eficiencia energética desde la construcción misma, desde el diseño”, agrega Letelier. Roberto Urzúa, del Instituto Passivhaus, lo grafica numéricamente: “La industria de la construcción sigue haciendo edificios como hace 20 años”.

Elevar el estándar ante la pandemia

Para Isabel Letelier, de Insta, lo más relevante de la normativa es que provocará “elevar el estándar de la industria de la construcción”. Consultada sobre si ésta diluirá el sello diferenciador de su propuesta, la subgerenta de operaciones lo descarta categóricamente, puesto que “nosotros llevamos mucho tiempo recorrido, entonces al mediano y largo plazo no será competencia. Este cambio va a suceder de aquí a cinco años más y nosotros al 2023 seguiremos teniendo ese elemento diferenciador. Es muy difícil incorporar elementos de innovación en la cultura de la industria”.

Roberto Urzúa también piensa que la ley implicará un gran reto para la cultura organizacional de las empresas constructoras e inmobiliarias. Sin embargo, a medida que avance el tiempo, la norma empujará también al cliente a tener entre sus criterios de compra de una vivienda la revisión de los estándares de eficiencia energética, porque no solo implicará un menor impacto al medioambiente, sino se reflejará en el ahorro a fin de mes.

“Esta nueva exigencia las empujará de forma obligatoria a innovar. Los proyectistas, ingenieros y arquitectos van a tener que actualizar sus conocimientos. Las altas gerencias también. Van a tener que capacitar a los trabajadores en términos de aislación térmica, por ejemplo, para que esté instalada de forma adecuada. Es un gran cambio cultural”, dice Urzúa. Letelier complementa que en Europa fue la norma de eficiencia energética la que incidió directamente en la dinamización de la industria constructiva en estas temáticas.

Sin embargo, los tres creen que el costo de las inversiones que por obligación tendrán que hacer las empresas de construcción necesariamente se van a traspasar a los clientes. Urzúa, de cualquier modo, piensa que a largo plazo el costo se reducirá al comprobar que un edificio es más eficiente que otro. “Por eso es importante que el cliente lo considere como un factor de compra”, recalca. Lo dice a raíz de un estudio hecho por Urbes que constató que una de cada cinco personas sobre 35 años manifestó que estaría dispuesta a pagar un costo mayor por una propiedad considerando que lo recuperará gracias al ahorro en el consumo energético.

Para Loreto Malig, de Urbes, además del ahorro energético y monetario, la ley también obligará a las constructoras a hacer edificios más confortables, sobre todo en la actual emergencia sanitaria por la pandemia, que obliga a la gente a quedarse mucho más tiempo que antes en sus hogares.

“Con la pandemia hemos tenido que aprender a habitar nuestras casas y nos dimos cuenta de que no cumplían las necesidades que queríamos. Ahora trabajamos desde nuestras casas y nos dimos cuenta de que no tenían el confort suficiente. Muchas de estas cosas se consiguen construyendo mejor”, explica Malig. Urzúa complementa que la ley chilena exigirá a las inmobiliarias y constructoras a diseñar de mejor manera “las calidades ambientales interiores” en un contexto sanitario como el actual. “Tiene que ser una vivienda que te cuide y no que te enferme. En España, a partir de la norma, ha crecido el interés por viviendas de mejor estándar de calidad”.

Letelier coincide con ambos y cierra diciendo que “en un futuro muy cercano el confort interior será un elemento que los clientes exigirán. Hemos estado un año encerrados en nuestras casas, nos dimos cuenta de que no estaban preparadas para esto. La forma de vivir va a cambiar, vamos a estar más en nuestras casas. Y tenemos que adaptarnos a la pandemia. Yo creo que la ley chilena va a empujar esos cambios”.