Basta levantar la vista al caminar por las calles de cualquier ciudad de Chile para encontrarse con una gran cantidad de cables, ya sea de electricidad o de servicios, que muchas veces bloquean la vista, obstaculizan el trabajo de las cámaras de seguridad o incluso podrían representan un foco de peligro, pues aquellos que se encuentran a baja altura podrían ser arrastrados por vehículos. Muchos de ellos se han transformado escombros, pues llevan años en abandono y sin prestar servicios.

¿Quién se hace cargo de retirar esos cables en desuso? No hay claridad en ello, puesto que no hay ninguna normativa que obligue a hacerlo de manera explícita. Para subsanar este problema, en los últimos años han surgido una serie de disposiciones y planes por parte de autoridades locales, regionales y nacionales, de las mismas empresas e incluso fallos judiciales que han tratado de darle solución al problema.

El año 2010, por ejemplo, se creó el Plan Nacional de despeje de escombros aéreos impulsado por Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), lo que ha ayudado a quitar u ordenar cerca de 500 kilómetros de cables en desuso en Chile.

Según Natalia López, Subsecretaria de Telecomunicaciones (s), a la fecha hay 29 comunas del país que conformaron “Mesas de Despeje y Ordenamiento de Cables”, cuyo objetivo es coordinar el trabajo de las compañías para garantizar la mantención del cableado aéreo. Sin embargo, López aclara que este tema “siempre ha sido responsabilidad de las empresas”.

Para hacer esto más explícito, agrega, existe actualmente un proyecto de ley en el Senado que permitirá que “los municipios de todo el país tengan la facultad de retirar todos los cables que estén en desuso a costa de las concesionarias de telecomunicaciones”.

De esta manera, el plan contempla que una vez identificada la empresa propietaria del cable, ésta tiene un plazo límite de cinco meses para retirarlo, de lo contrario lo harán los municipios aplicando multas que van de las 100 a 1.000 UTM (entre $4.730.100 y $47.301.000).

Pero hay otra iniciativa que surgió hace algunas semanas y que también apunta a regular esl tema: un grupo de diputados planteó incorporar dentro de la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) un artículo que incluya como productos prioritarios a los tendidos de cables distribuidores de energía eléctrica, transmisores telefónicos, de telecomunicaciones y cables operadores.

De prosperar este proyecto de ley, los fabricantes y productores no sólo deberán responsabilizarse del retiro, sino que además deberán reciclar los desechos. La dificultad de esto es que la ley entrará en vigencia de forma gradual, lo que extendería los plazos para cumplirla.
José Miguel Castro (RN), impulsor de la normativa, explica que ya se dio cuenta a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, pero aún no se ha puesto en tabla, algo que depende del presidente de la Comisión, según indicó.

“Lo que busca este proyecto es que las empresas se hagan cargo. Lo primero deberán hacer es un catastro de todos los cables que tienen puestos, luego hacerles un seguimiento, y al final de la vida útil del cable estarán obligadas a retirarlos, esto independiente de que la empresa haya muerto, haya cambiado de nombre o de razón social, que es el problema que hoy tenemos. Hoy muchos cables son de empresas que ni siquiera existen”, afirma.

Castro explica que, a diferencia del proyecto que está en el Senado, aquí se quiere obligar también a la reutilización de las materias primas del tendido, como plásticos y alambres, los que normalmente terminan en vertederos. “Muchas veces estos productos se queman sólo para extraer el metal, pero todo se podría aprovechar”, señala.

En cuanto a una posible demora en su implementación, fue enfático al señalar que “recién saqué un proyecto sobre contaminación lumínica que se aprobó en un año, o sea, todo depende de las voluntades políticas que existan”, y agregó que el tema “está en tierra de nadie y el problema actual radica en que el retiro se está haciendo con recursos públicos, muchas veces con recursos de los municipios, los que podrían destinarse a salud o educación”.

Su par Daniel Verdessi (DC), coautor del proyecto, afirmó que esto debe ser regulado lo antes posible. Además, destaca que la propuesta ha sido bien acogida en la Cámara y que su intención es que se fusione con la iniciativa que se discute en el Senado.

El plan de la Intendencia Metropolitana

En junio de 2018 se ofició a la Intendencia Metropolitana para que liderara la mesa técnica de cables en la región. Con los datos recopilados en diferentes sectores de la capital, se hizo un ranking de las zonas más críticas para comenzar con el retiro del cableado en desuso.

Así, se estableció priorizar a seis comunas este primer semestre. Se trata de La Florida, donde ya se han normalizado o retirado 44.414 metros de cable; Independencia, María Pinto (la primera comuna rural), Pirque, Curacaví y Ñuñoa. En total, se despejarán más de 100 mil metros lineales de cables.

Siguiendo esta línea, el pasado 23 de abril la intendenta Metropolitana, Karla Rubilar, firmó el protocolo de acuerdo para el despeje de cables en desuso en 78 puntos de Independencia, lo que se traduce en eliminar más de 24.600 metros de cables en desuso. Esto implicará, agrega la Intendenta, una fiscalización permanente a las empresas para el cumplimiento de los planes de retiro.

En total, en la Región Metropolitana hay 3.222 zonas conflictivas que fueron informadas por los municipios de La Florida, Independencia, María Pinto, Pirque, Curacaví, Ñuñoa, La Reina, Cerro Navia, Peñalolén, San Miguel, Providencia, Recoleta, Vitacura, Huechuraba, Colina, Lo Barnechea, Renca, San Pedro de Melipilla y Maipú.

Fallos judiciales

En diciembre pasado, la Corte Suprema le ordenó a la municipalidad de Puerto Varas, que convocara a una mesa de trabajo junto a las empresas de telecomunicaciones y eléctricas en la comuna para retirar cables en desuso. Tres meses después, la Corte de Apelaciones, por su parte, falló de la misma manera con la municipalidad de Puerto Montt.

Desde esta última comuna indicaron que desde el año 2014 que existe una mesa de trabajo con operadores del rubro, lo que ha permitido el retiro de una tonelada de cables. Respecto a la decisión de la Corte de Apelaciones, argumentaron que fue producto de una acción legal presentada por un abogado de la zona, quien primero la presentó en contra de Puerto Varas y después la extendió a Puerto Montt.

“Puerto Montt ya había realizado un trabajo pionero en este tema. Esto coincidió con que al momento de la acción judicial no estaba operativa la mesa de trabajo, en términos de tener un plan especificado de retiro de cables, y producto de lo mismo se falló para que Puerto Montt retomara el trabajo que venía haciendo”, explicaron desde el municipio.

Junto a esto manifestaron estar de acuerdo con los proyectos de ley que obligarían a los operadores a hacerse cargo de los cables. “La responsabilidad y el deber debiera ser una obligación exclusiva de las empresas, sin intermediación del municipio”.

Acción de las empresas

Desde la Asociación de Empresas Eléctricas A.G afirman que la mayoría de los cables en desuso corresponden a cables de terceros, y que “el retiro de dichos cables apoyados en las instalaciones eléctricas es un es un tema de larga data, que ha sido abordado históricamente por las empresas eléctricas, pero que no ha resultado pacífico”, afirma Ricardo Eberle, director jurídico de la Asociación de Empresas Eléctricas.

Según señala, dado los problemas que presenta el material extra soportado en los postes de redes de distribución, el gremio ha participado de la discusión del proyecto que se encuentra en el Senado, pues cree que es “necesario que se regule al respecto, estableciendo las responsabilidad y obligación para las empresas propietarias de los cables en desuso proceder a su retiro. Adicionalmente, se debería establecer expresamente la obligación de las empresas de telecomunicaciones en la mantención de sus instalaciones conforme la legislación vigente (altura de cables, condiciones de seguridad, etc), fijándose sanciones en caso de incumplimiento”.

En ese sentido, hay algunas empresas que han resuelto ser proactivas en la solución del problema y han asumido la responsabilidad como propia, con planes establecidos de retiro de cables. Es el caso de VTR, que realiza una mantención permanente de sus redes aéreas para asegurar que su despliegue sea seguro, ordenado y con el menor impacto posible.

“Ello incluye el retiro programado de redes aéreas que ya no están tecnológicamente capacitadas para dar servicios. Estos cables en desuso, luego de ser retirados, los reciclamos conforme a estrictos protocolos internacionales ambientales. Entre 2010 y 2018, hemos retirado y reciclado más de cinco mil toneladas de cables en desuso, que equivalen a 26 mil kilómetros de cableado, lo que representa 6,1 veces la distancia de Chile continental. Este es un trabajo permanente y coordinado con autoridades comunales, regionales y nacionales”, afirman desde la empresa.