Basta levantar la vista al caminar por las calles de cualquier ciudad de Chile para encontrarse con una gran cantidad de cables, ya sea de electricidad o de servicios, que muchas veces bloquean la vista, obstaculizan el trabajo de las cámaras de seguridad o incluso podrían representan un foco de peligro, pues aquellos que se encuentran a baja altura podrían ser arrastrados por vehículos. Muchos de ellos se han transformado escombros, pues llevan años en abandono y sin prestar servicios.
¿Quién se hace cargo de retirar esos cables en desuso? No hay claridad en ello, puesto que no hay ninguna normativa que obligue a hacerlo de manera explícita. Para subsanar este problema, en los últimos años han surgido una serie de disposiciones y planes por parte de autoridades locales, regionales y nacionales, de las mismas empresas e incluso fallos judiciales que han tratado de darle solución al problema.
El año 2010, por ejemplo, se creó el Plan Nacional de despeje de escombros aéreos impulsado por Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), lo que ha ayudado a quitar u ordenar cerca de 500 kilómetros de cables en desuso en Chile.
Según Natalia López, Subsecretaria de Telecomunicaciones (s), a la fecha hay 29 comunas del país que conformaron “Mesas de Despeje y Ordenamiento de Cables”, cuyo objetivo es coordinar el trabajo de las compañías para garantizar la mantención del cableado aéreo. Sin embargo, López aclara que este tema “siempre ha sido responsabilidad de las empresas”.
Para hacer esto más explícito, agrega, existe actualmente un proyecto de ley en el Senado que permitirá que “los municipios de todo el país tengan la facultad de retirar todos los cables que estén en desuso a costa de las concesionarias de telecomunicaciones”.
De esta manera, el plan contempla que una vez identificada la empresa propietaria del cable, ésta tiene un plazo límite de cinco meses para retirarlo, de lo contrario lo harán los municipios aplicando multas que van de las 100 a 1.000 UTM (entre $4.730.100 y $47.301.000).