En el actual contexto de emergencia climática global, la educación superior adquiere un rol clave de cada a los desafíos de sostenibilidad y cambio climático. Son sus futuros egresados los que toman las decisiones públicas y privadas que finalmente tienen injerencia en los impactos sociales, ambientales y económicos de la sociedad, y por tanto es en sus aulas donde se deben formar los futuros agentes de cambio que logren acabar con las formas tradicionales de producción y consumo insostenible que hoy rigen la sociedad. Esta es la premisa con la que se construyó el Acuerdo de Producción Limpia (APL) “Instituciones de Educación Superior Sustentable” impulsado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) y la Red Campus Sustentable.

Se trata de la segunda versión de este acuerdo, tras una exitosa iniciativa similar lanzada primero como un acuerdo interuniversitario en 2010 y como un APL en 2012, y que derivó en la creación de la Red Campus Sustentable, a las que pertenecen hoy 34 de las 150 instituciones de educación superior del país.

Entre sus principales resultados de esa primera experiencia se cuenta un incremento en un 80% de la implementación de programas de extensión en materias de sustentabilidad o producción limpia, 508 asignaturas relacionadas con sustentabilidad con más de 21 mil alumnos inscritos, 230 toneladas de residuos reciclados, la mejora de un 12% en indicadores de desempeño energético y el ahorro de 170 mil m3 de agua (con inversiones por $230 millones en riego y eficiencia), entre otros.

Este nuevo APL busca amplia y consolidar esos avances. Mientras el primero estaba orientado solo a las universidades, el acuerdo firmado a principios de septiembre amplía el campo de acción a centros de formación técnica e institutos profesionales. La idea, dice el directos ejecutivo de la ASCC, Giovanni Calderón, es que al menos el 70% de las instituciones de educación superior del país se sumen a esta iniciativa y contribuyan a la generación de una cultura sustentable en sus campus.

Uno de sus focos más relevantes estará ahora en la formación académica, donde “se trabajará para que todas las instituciones de educación superior lleguen a ser sustentables, cuyos procesos formativos generen egresados responsables, ciudadanos que en cada una de sus decisiones reflejen un profundo respeto por la humanidad y la naturaleza”, explica Giovanni Calderón.

Los objetivos y compromisos de este APL se construyen en torno a cinco metas: establecer lineamientos de gobernanza y monitoreo de indicadores de sustentabilidad, entre ellos la implementación de un plan de sustentabilidad y un reporte anual con indicadores en esta materia; crear una cultura sustentable en todos los estamentos de la comunidad educativa, incluyendo un programa de inducción en sustentabilidad que deberá ser impartido a al menos el 50% de los estudiantes de primer año; incorporar, formar y transferir conocimiento y capacidades en materias de sustentabilidad, que considera un programa de formación de docentes para la educación en sustentabilidad y la disposición de recursos para investigación e innovación enfocada en esta materia; la implementación de medidas de prevención, eficiencia y mitigación para la gestión de energía, residuos, agua y biodiversidad; y el desarrollo de acciones significativas de participación significativa y valor compartido en materias como vinculación con el medio, políticas de genero y diversidad sexual.

“Con respecto a vinculación, se espera que se puedan visibilizar los esfuerzos de la institución para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, diversa, equitativa y con perspectiva de género, contemplando acciones al interior y exterior de la institución. Es esperable que las instituciones realicen el máximo de los esfuerzos para aportar a su entorno significativo local en que están insertas, y gestionen los impactos que su presencia genera en los territorios”, explica Calderón.

Para el subsecretario del Medio Ambiente, Javier Naranjo, tanto el primer APL como la Red Campus Sustentable implicaron un trabajo “quijotesco” iniciado hace más de una década por incorporar metas, indicadores ambientales, y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la necesidad de asumir los desafíos ambientales que el país demandaba. “Tal como ha ido pasado con el país en general, el tema ambiental ha ido ganando espacios, los que se hacen más urgentes frente a la crisis climática que enfrenta el planeta y que se hacen sentir cada día con mayor fuerza”, afirma.

“Este segundo APL -agrega Naranjo- es un reflejo de esos avances. Pero quiero destacar especialmente, entre las más de cien acciones que considera este acuerdo, la posibilidad de ir abriendo cursos generales de sustentabilidad en la formación de los futuros profesionales, porque esos programas pueden ayudar notoriamente a la creación de una ciudadanía que va a tener la posibilidad de tomar buenas decisiones en el campo ambiental, sobre todo, para hacer frente a los efectos que el cambio climático está dejando en nuestro país”.

La importancia de formar profesionales sustentables

La inclusión en este APL de los centros de formación técnica e institutos profesionales tiene también importantes ventajas desde el punto de vista académico y de investigación que fueron consideradas en los ajustes que se hicieron en esta nueva versión del acuerdo, explica Francisca Sandoval, directora ejecutiva de la Red Campus Sustentables.

“Que quiere decir esto, que finalmente buscamos que coincidan -por ejemplo- temas de investigación con temas de innovación en centros de formación técnica e institutos profesionales, o en transferencia tecnológica, porque si bien estos últimos no hacen investigación si pueden avanzar en el desafío que tiene el APL, que es formar agentes de cambio para la urgencia en que nos encontramos hoy día en términos socioambientales”, explica.

“Lo que busca finalmente este nuevo APL -agrega Francisca Sandoval- es transformar la educación hacia una educación para la sustentabilidad, entrando en el corazón de la formación, que es finalmente el aula, e incorporando nuevas temáticas, como es el caso de los temas de género. El anterior APL era más de gestión, y ahora tiene más temas de vinculación con el medio, responsabilidad social, academia, innovación, investigación y por supuesto una cultura sustentable”.

La formación de profesionales con una cultura de sustentabilidad, coinciden los actores del acuerdo, será fundamental para enfrentar los futuros desafíos del país. Si los futuros egresados de las instituciones de educación superior no llevan consigo los valores y conocimientos para movilizarnos hacia una sociedad sustentable, será imposible lograr dicha meta, plantea el director ejecutivo de la ASCC, Giovanni Calderón.

“Todos los años son miles las personas egresadas que se integran a distintos espacios laborales, y cargan con la experiencia de sus años de estudio, con los conocimientos adquiridos y también con las fallas de su proceso formativo. Estos profesionales representan el principal canal de influencia a través del cual las instituciones de educación superior impactan a la sociedad; algunas de esas personas llegarán a ocupar puestos de gran influencia, ya sea en el sector público o privado; se sumarán a diversos equipos donde podrán influir en la cultura y el accionar de las organizaciones”, plantea.

“Para avanzar en esta labor -agrega Calderón- las instituciones de educación superior deberán abordar distintas tareas, entre estas: revisar y modificar los programas de las distintas carreras impartidas, evaluar el nivel de conocimientos que tienen el estudiantado en la materia, y capacitar a los académicos y académicas en los conocimientos y metodologías que les permitan incorporar la sustentabilidad de manera efectiva en sus ramos”.

En ello coincide Francisca Sandoval, quien señala que si bien la Red Campus Sustentable viene trabajando en estos temas de 2007, avanzando poco a poco, la formalización de este nuevo acuerdo -aunque sigue siendo voluntario- implica la existencia de un instrumento de política pública más robusto que ayudará a alcanzar este objetivo. “Creemos que es necesario transformar a los tomadores de decisiones. Cuando uno apunta a las empresas, son las personas las que toman las decisiones las que pueden estar equivocadas en la prioridades, y por eso creemos que es fundamental transformar a estos agentes de cambio”, plantea.

Para el subsecretario Naranjo, en tanto, la importancia de esto radica en que “la academia es el centro donde se genera el pensamiento, donde se buscan soluciones, donde se desarrolla la innovación, donde se investiga y avanza la ciencia. Estamos ciertos que este APL, que impone nuevos desafíos, abrirá todas estas puertas en la búsqueda de un país más sustentable”.

Para Calderón, otros aspectos importantes del acuerdo radican en las mejoras a la infraestructura de los campus para incorporar la sostenibilidad en el diseño de estos, y la gestión de los recursos, y la incorporación de la perspectiva de género. En el primero caso, señala, incorporar criterios de sustentabilidad en una etapa temprana de diseño de la infraestructura, en el proceso de expansión o renovación de las edificaciones, permite reducir significativamente el impacto ambiental que estas generan, además de mejorar las condiciones de habitabilidad y confort interno, contribuyendo así al bienestar dentro las instalaciones.

Y en cuanto a la perspectiva de género que se sumó en este APL, agrega, implica la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación, que persigue un acceso equitativo a todos los recursos en igualdad de condiciones y permite, entre otras cosas, planificar teniendo en cuenta las desigualdades existentes, identificar y evaluar los resultados e impactos producidos en el avance hacia la igualdad sustantiva.

“Por ello, las instituciones de educación superior promoverán la perspectiva de género en la comunidad interna y su entorno significativo, con las debidas políticas públicas institucionales, promoviendo la presencia equilibrada en todo nivel jerárquico y el desarrollo de continuas actividades de concientización. Y junto a eso, se espera que promuevan la inclusión de cualquier grupo minoritario o sub-representado en sus distintos estamentos, a través de programas de inclusión que disminuyan las brechas socioeconómicas de los estudiantes, creando políticas y planes que protejan a estos grupos de cualquier acción discriminatoria”, destaca.