Biodiversidad / Conservación

“Un avance para todo el planeta”: valoran aprobación en general de ley de turberas en Cámara de Diputados

Ahora el proyecto de ley que protege las turberas volverá a la Comisión de Medio Ambiente del Senado para recibir nuevas indicaciones. El diputado Ricardo Celis, miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, y Nicole Püschel, representante de WCS Chile, celebraron el avance del texto legal en el Congreso, ya que implica prohibición total de extracción de las turberas, aunque se abren a la posibilidad de permitir explotaciones acotadas a comunidades que desarrollan economía de subsistencia en estos humedales.

FOTO: WCS Chile.

Por 132 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó ayer en Sala el proyecto de ley que protege a las turberas, un tipo de humedal que almacena el 10 por ciento del agua dulce del planeta, y que cumple un rol relevante en el secuestro de carbono desde la atmósfera y, en consecuencia, en la mitigación del cambio climático.

El proyecto de ley ingresó a tramitación en agosto de 2018 vía moción de senadores y senadoras y fue aprobado en primer trámite constitucional. Luego fue sometido a discusión en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, que emitió un informe en julio de 2021. Tras la exitosa votación de ayer, el proyecto volverá a la Comisión de Medio Ambiente del Senado para ser objeto de nuevas indicaciones.

Presentes desde las regiones de los Ríos hasta Magallanes, las turberas son unos complejos ecosistemas que producen, continua y progresivamente, “turba”, una mezcla de restos vegetales en descomposición que justamente capturan gran cantidad de carbono. Por otra parte, la turbera incluye el famoso musgo Sphagnum o musgo pompón, que retiene ingentes volúmenes de agua en sus células.

En efecto, una de las novedades del proyecto de ley en curso es que garantiza la protección del musgo Sphagnum o pompón, el cual es sometido a una explotación intensiva e ilegal en diferentes lugares de la zona sur y austral del país, pero que resulta particularmente delicada en la Isla Grande de Chiloé, desde donde se exporta a otros países.

“El proyecto de ley deja claro de que la turba y el musgo Sphagnum es una sola unidad medioambiental. Eso es lo interesante: que ambos se protegen porque no es posible separarlos, ya que son un mismo ecosistema. Uno es el retenedor de CO2 y el otro es el retenedor de agua”, comenta el diputado Ricardo Celis, miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, quien participó en el debate de los contenidos de la iniciativa de ley al interior de la instancia.

De hecho, en el artículo 3 del proyecto de ley quedó estipulado textualmente la prohibición total de la extracción de la turbera completa, incluyendo la turba y el musgo. “En turberas y en formaciones secundarias de Sphagnum se prohíbe su extracción, la que incluye sus materiales y productos. De la misma forma, se prohíbe el relleno, drenaje, secado, extracción de caudales, alteración de la barra terminal, el deterioro, el menoscabo, transformación o invasión de la flora, vegetación y la fauna dentro de ellas”, cita el reseñado artículo. También se prohíbe la “comercialización, exportación e importación de turba y de musgo Sphagnum o pompón”, agrega el texto.

Es más, otra de las implicancias del proyecto de ley que seguirá en tramitación es la modificación del Código de Minería, de modo tal de incluir a las turberas en las excepciones de concesión minera. De la misma manera, introduce nuevas obligaciones en la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente sobre la autorización de proyectos que podría perjudicar a estos humedales.

“Los cambios referidos a mayor prohibición acerca de la extracción es un avance. Reconocer el carácter ecosistémico de las turberas, relacionados con el drenaje y el agua, es importante, toda vez que sus componentes se encuentran segmentados en la legislación chilena. La turba es reconocida como material de la minería, y la cubierta vegetal. Pero ahora cualquier actividad que afecte a las turberas entrará como estudio de impacto ambiental”, analiza Nicole Püschel, encargada de cambio climático y biodiversidad de WCS Chile, ong que ha sido invitada a participar como expositora en la Comisión de la Cámara Baja por su vasto conocimiento en el tema.

FOTO: WCS Chile.

“Es difícil que el SAG pueda cumplir por sí solo esta función. Por eso es importante que se aprueben simultáneamente varios proyectos como el SBAP, que contiene mecanismos de regulación y fiscalización más estrictos; la ley marco de cambio climático, que debería mirar a estos humedales de naturaleza específica como objetos de su cuidado y fiscalización”.

Ricardo Celis, diputado y miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja.

La fiscalización del SAG, un nudo crítico

Ambos coinciden en que la aprobación en general del proyecto de ley es una buena noticia no solo para Chile, sino para el planeta entero, por cuanto “este tipo de humedal tiene un gran valor en lo que respecta a agua y a la retención de gases de efecto invernadero. Este mismo Congreso aprobó la ley de humedales urbanos y no podía ser de otra manera que se aprobara esta ley de turberas. Hay una coherencia”, resalta el diputado Ricardo Celis, ex presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara que fue sucedido en el cargo por la diputada Marcela Sandoval.

Por su parte, Nicole Püschel celebra la luz verde al proyecto por cuanto “es un avance para el bien común internacional, en el contexto del cambio climático. Es un deber del país proteger estos ecosistemas que cumplen un rol medular en la mitigación de la crisis climática”. Püschel recuerda, además, que Chile tiene metas comprometidas en términos de turberas en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) del Acuerdo de París.

Hay otros puntos de la ley que provocan inquietud tanto en Celis como en Püschel. Se trata de la fiscalización de la normativa que recae en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Al respecto, el diputado Celis espera que otros cuerpos legales se vayan aprobando para dotarla de mayores atribuciones.

“Es difícil que el SAG pueda cumplir por sí solo esta función. Por eso es importante que se aprueben simultáneamente varios proyectos como el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que contiene mecanismos de regulación y fiscalización más estrictos; la ley marco de cambio climático, que debería mirar a estos humedales de naturaleza específica como objetos de su cuidado y fiscalización; hoy (ayer) se aprobó la reforma del Código de Aguas y otras normativas”, comenta Celis, para quien las multas contempladas en la ley para quienes infrinjan la norma “siguen siendo una herramienta útil en general, pero en nuestra legislación son rentables para muchas empresas”. El proyecto establece multas de entre 10 a 1.000 UTM (entre $544.000 y $544.000.000, aproximadamente).

Por su parte, a Nicole Püschel de WCS Chile le preocupa que la presunta debilidad en la fiscalización del SAG, habida cuenta de la falta de financiamiento y personal para cubrir regiones tan accidentadas y extensas como Aysén y Magallanes, donde se halla una porción importante de turberas. “Es importante discutir la forma de hacer implementable el proyecto de ley; en la Patagonia las distancias son grandes y todos sabemos que el personal del SAG no es suficiente en áreas tan vastas. Nos interesa la protección de las turberas, pero queremos que sea una protección real y no solo en el papel”, dice la encargada de cambio climático y biodiversidad de la organización internacional con sede en Chile.

La votación en Sala de la Cámara de Diputados fue contundente.

“Es importante discutir la forma de hacer implementable el proyecto de ley; en la Patagonia las distancias son grandes y todos sabemos que el personal del SAG no es suficiente en áreas tan vastas. Nos interesa la protección de las turberas, pero queremos que sea una protección real y no solo en el papel”.

Nicole Püschel, encargada de cambio climático y biodiversidad de WCS Chile.

La gradualidad como camino

Tanto Celis como Püschel consideran que el punto de mayor discusión, y que tendría que ser resuelto en las próximas tramitaciones hasta que sea ley, es la posibilidad de conceder o no algún permiso especial para explotar las turberas en comunidades que desarrollan economía de subsistencia con estos humedales. Actualmente el proyecto, como se dijo, contempla prohibición total de cualquier tipo de extracción.

El diputado Celis, al menos, está a favor de la prohibición íntegra, aunque se abre a la posibilidad de hacer pequeñas concesiones. “Tal vez pudiese haber una consideración especial para comunidades específicas que podrían hacer una explotación muy reducida. Mi opinión es que no debería abrirse esa puerta, que la protección debiese ser completa, pero obviamente podría establecerse algún tipo de gradualidad para generar condiciones laborales para la gente que vive ahí y que ha explotado las turberas. El problema es que por esta vía algunas empresas de mayor envergadura puedan hacer explotación subrepticia, destruyendo la turbera”, opina el parlamentario.

En tanto, Püschel también apuesta por la gradualidad en la aplicación de la ley. Según cree ella, la ley debiera abrir un espacio para analizar diversas variables, incluida la de los productores locales que adoptan la turbera como un recurso de subsistencia.  “La gradualidad en la implementación de la ley debiese contemplar las condiciones de conservación de las turberas, que son muy diversas; las realidades de la extracción también son muy distintas. Hay empresas que exportan el musgo pompón, pero también hay productores locales que tienen actividades de subsistencia. Entonces hay que ser muy responsables y hacerse cargo de la diversidad de realidades”, asegura la representante de la WCS, para quien es difícil pensar en una extracción “sustentable” de la turbera ya que ésta requiere mucho tiempo para recuperarse una vez que ha sido intervenida.

Por último, el diputado Celis anuncia que, en tanto le preocupa la fiscalización de la norma, hablará con la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Ximena Órdenes, para tramitar pronto las indicaciones. El deseo del diputado es que el proyecto sea ley durante el primer semestre del gobierno de Gabriel Boric, quien asumirá el 11 de marzo próximo.

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