Los últimos siete años han sido los más cálidos registrados en la historia del planeta, según acaba de informar la Organización Meteorológica Mundial de la ONU (OMM), lo que en Chile se ve reflejado en las recientes olas de calor y la grave sequía que mantiene a la mitad del territorio con decretos vigentes de escasez hídrica.

En un intento por contener esta crisis climática, a nivel internacional se está intentando reducir y mitigar los gases de efecto invernadero (GEI), principales causantes del Cambio Climático (CC). Los bosques, y la vegetación nativa en general, tienen un rol fundamental en estas estrategias, por su capacidad de captar CO₂, además de contribuir al buen funcionamiento del ciclo hídrico, lo que aumenta la calidad y disponibilidad de agua.

En este contexto, la Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf, Ministerio de Agricultura), en colaboración con tres agencias de las Naciones Unidas -PNUD, FAO, y ONU Ambiente- desarrolló en los últimos cuatro años una serie de proyectos destinados a la recuperación y protección de bosques nativos, ejecutando un presupuesto de más de cuatro millones de dólares. Dichas medidas forman parte del “Programa Nacional ONU REDD”, el cual tiene como lineamientos generales las políticas de incentivos para la Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD+), contando con el apoyo técnico y financiero de las tres agencias de la ONU mencionadas.  

Los proyectos se realizaron en cinco regiones (Coquimbo, Metropolitana, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes) y están insertos dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de Conaf, instrumento de política pública que permite contribuir al cumplimiento de los compromisos de Chile en materia de cambio climático, desertificación, degradación de las tierras y sequía.

Las conclusiones fueron presentadas por la jefa del Departamento de Cambio Climático y Servicios Ambientales de Conaf, Gabriela Soto, en el seminario web Los bosques como herramienta clave para combatir el cambio climático: Resultados del Programa Nacional ONU REDD en Chile. Entre otros aspectos, Soto explicó que REDD+ es un enfoque de política e incentivos positivos para reducir las emisiones asociadas a deforestación y degradación, así como para implementar otras acciones de conservación, aumento en la cobertura forestal permanente y gestión sostenible de los bosques.

El webinar se realizó el 19 de enero y, entre otros invitados, contó con la participación de Claudia Mojica, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Lucio Santos, oficial forestal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); y Judith Walcott, especialista senior de salvaguardas del Programa de la ONU para el Medio Ambiente. También estuvo presente la directora de Mitigación de gases de efecto invernadero del Ministerio de Ambiente de Perú, Milagros Sandoval, quien contó la experiencia de su país con el Programa Nacional ONU REDD.

Al inicio de la actividad, Constanza Troppa, jefa de la Unidad de Implementación y Formulación de Políticas Públicas, de la Gerencia de Bosques y Cambio Climático de Conaf, agradeció el apoyo de las agencias de Naciones Unidas y destacó al menos dos elementos del Programa Nacional ONU REDD: la novedosa implementación del Pago por Servicios Ambientales y las amplias posibilidades de replicabilidad de las experiencias desarrolladas.

Logros y continuidad

Al entregar los resultados, Gabriela Soto explicó que el Programa Nacional ONU REDD en Chile tiene tres componentes: sistema integrado de monitoreo y evaluación forestal; nuevos modelos de gestión forestal implementados para las medidas de acción directas de la ENCCRV; y el fortalecimiento de Conaf y otras entidades para cumplir la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Respecto al primer componente, se entregaron dos productos: un protocolo de cambio de uso de suelo mejorado, y reportes generados sobre la reducción y/o captura de emisiones. Este último, subrayó Soto, fue consignado en 2019 a la CMNUCC y permitió percibir el pago por resultados por parte del Fondo Verde para el Clima.

En el segundo aspecto, la jefa del Departamento resaltó el hecho de que se haya llegado a la implementación de los proyectos, y destacó particularmente la experiencia de Pago por Servicios Ambientales (PSA), del cual se probaron dos modalidades: mediante subvención y financiada por los usuarios.

Soto mostró los siguientes proyectos de PSA: en Coquimbo, la elaboración de un modelo para el financiamiento de la Reserva Ecológica Cerro Grande; en la Región Metropolitana, acción climática en bosques integrando la oasificación (acciones para revertir la degradación hídrica) en el manejo forestal adaptativo; en La Araucanía, rescate de prácticas ancestrales de recolección sustentable de piñón como acción de adaptación y mitigación de CC; y en Los Ríos, fortalecimiento y generación de PSA en microcuencas abastecedoras de agua en dos Comités de Agua Potable Rural.

Para el último componente, la profesional de CONAF destacó, entre otros logros, que el Programa Nacional ONU-REDD “financió el desarrollo, implementación y ejecución -ya en marcha blanca- de nuestro sistema de información de salvaguardas, cuya finalidad es informar a distintas instancias -locales, regionales e internacionales- sobre cómo el país está abordando, respetando y cumpliendo con las salvaguardas sociales y ambientales a nivel de la estrategia”.

Respecto al programa en general, Soto relevó especialmente la potencial sostenibilidad, debido a que en todas las regiones participantes se realizó una evaluación para continuar y ampliar los proyectos, se determinaron acciones con posibilidad de ser escaladas, se definió los aliados estratégicos -tanto del sector público como privado-, y se estudió la viabilidad de financiamiento.

Modelos de gestión forestal

Los proyectos ejecutados en el marco del Programa Nacional ONU REDD en Chile permiten observar una amplia gama de intervenciones con pertinencia territorial, asociadas a los problemas específicos de cinco regiones del país con características y ecosistemas muy diferentes.

En Coquimbo, Región Metropolitana y La Araucanía se realizaron proyectos de Modelos de Gestión Forestal (MGF) y de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Mientras, en Magallanes se ejecutó un plan de MGF y en Los Ríos fueron dos iniciativas de PSA.

Con los modelos de gestión se logró intervenir un total de 554 hectáreas: 200 en Coquimbo, 42 en la RM, 285 en La Araucanía y 27 en Magallanes.

En el caso de Coquimbo, se desarrolló un modelo socioambiental para restauración de tierras semiáridas. El jefe del Departamento de bosque y cambio climático de CONAF en esa región, Diego Morales, destacó que “el programa permitió encontrar una forma más pertinente de intervenir los territorios y que recogiera la realidad social y ambiental de la región, considerando que gran parte de los proyectos los implementamos en sectores donde no hay formaciones de bosque, sino que hay formaciones xerofíticas. Estas son un recurso bastante valioso y que afortunadamente este programa permitió reconocer, en términos de poder hacer manejo y restauración de estas áreas”.

Morales comentó que uno de los proyectos consistió en apoyar a la comunidad agrícola Peña Blanca en su idea de resguardar una reserva ecológica de la ciudad de Ovalle. “Gracias a esa buena experiencia, ahora queremos profundizar y motivar a otras comunidades agrícolas que puedan proteger sectores donde hay vegetación y biodiversidad relevante como una alternativa de adaptación al cambio climático”, dijo.

En un sentido similar se refirió el coordinador de CC del Departamento de bosque y cambio climático de Conaf de la Región Metropolitana, Carlos Ravanal, apuntando a la importancia de “identificar actores locales que sean proactivos en el tema de la restauración; la comunidad agrícola Villa Alhué fue pionera dentro de la región y ese esfuerzo se recompensó con este programa”.

Uno de los problemas de la zona de Alhué es la escasez hídrica -para consumo humano y actividad agrícola-, producto de la sequía y el deterioro de los ecosistemas, por eso el proyecto consistió en un plan hidrológico para gestionar la escorrentía superficial y aumentar la infiltración mediante técnicas de cosecha de aguas lluvia y conservación de suelos, adaptación por medio de plantación suplementaria de bosque de especies nativas para la zona semiárida.

Desde La Araucanía, el coordinador de CC del Departamento de bosque y cambio climático de la Conaf regional, Omar Levet, explicó que el Programa Nacional ONU REDD se concentró particularmente en la restauración de bosque -araucaria y coihue- quemado en el megaincendio de 2015 en la precordillera andina, para lo cual no había financiamiento. La meta, dijo Levet, era restaurar 90 hectáreas, pero gracias a la metodología de restauración en núcleo se ejecutaron casi 300 hectáreas.

Y, a partir de este proyecto piloto, surgieron otras dos iniciativas con la comunidad mapuche de Quinquén: reducción de la vulnerabilidad socioambiental frente a los impactos del cambio climático, y piloto de Pago por Servicios Ambientales. En el primero, uno de los logros destacados fue la formación e implementación de una brigada mapuche-pehuenche voluntaria contra incendios. Y respecto al PSA, se realizó un plan para recuperar la recolección sustentable del piñón -fruto de la araucaria-, que se busca replicar en otras comunidades.

Levet coincidió en que “las metodologías participativas son clave. En estos años hemos visto cómo las comunidades se han entusiasmado y se han empoderado de esta visión de restaurar y recuperar ambientalmente sus territorios degradados, lo que asegura la permanencia de las acciones que se realizan”.

El caso de Magallanes es un poco diferente, según contó Nelson Moncada, jefe del Departamento de bosque y cambio climático de Conaf regional, pues está directamente relacionado con el daño causado por los castores, una especie exótica invasora introducida en esa región en la década de 1940. Dicho daño afecta a más de 30.000 hectáreas en la parte chilena de Tierra del Fuego y Navarino, y el proyecto de ONU REED consiste en la “implementación de acciones conducentes a la restitución del estrato boscoso en áreas intervenidas y abandonadas por el castor”.

Moncada relató que un aspecto muy importante ha sido la colaboración con propietarios -especialmente ganaderos- de la zona, porque para ellos el castor no es una amenaza, por lo que ha sido relevante sensibilizarlos en relación con el problema que genera esa especie para la provisión de agua y la captura de CO₂.

Pago por servicios ambientales

Un tema que generó mucho interés en el seminario y que para CONAF significa una importante innovación es el Pago por Servicios Ambientales (PSA). “Se trata de un incentivo económico para que los propietarios -en este caso de predios forestales- donde se generen servicios ambientales puedan compensar los costos de conservar esas funciones ecosistémicas; servicios como la captación de CO₂, infiltración de agua, mejora en las condiciones del suelo, refugio para fauna silvestre, belleza escénica o cultural, por mencionar algunos”, explicó la jefa del Departamento de Cambio Climático y Servicios Ambientales de Conaf, Gabriela Soto.

En el marco del Programa Nacional ONU REDD se firmaron cinco acuerdos de PSA, lo que permitió probar dos modelos escalables. Dos de esos acuerdos se concretaron en la región de Los Ríos, con los comités de Agua Potable Rural (APR) de Liquiñe y Mashue, para ejecutar los “Pilotos de retribución por servicio ambiental de provisión de agua en Comités de Agua Potable Rural (CAPR) de la Región de los Ríos”. El objetivo es la restauración de microcuencas hidrográficas para abordar la crisis hídrica en la zona.

Según relató Pilar Cárcamo, profesional del proyecto +Bosques de Conaf en Los Ríos, desde hacía varios años se había levantado información sobre los problemas de abastecimiento de agua, causados por la degradación de bosques, cambio climático, cambios en uso de suelo, entre otros factores. “En el caso de Mashue, en la comuna de La Unión, el Pago por Servicios Ambientales ya existía, desde la formación del comité de APR; cobraban a sus usuarios un monto por metro cúbico consumido, para retribuir a la cuenca y realizar acciones de conservación. Con el proyecto ONU REDD apoyamos esa experiencia, la tomamos como ejemplo y la replicamos”.

“Creo que uno de los principales aprendizajes es la necesidad de que las organizaciones que tienen importancia estratégica en los territorios estén empoderadas, para que las iniciativas tengan continuidad”, dijo Cárcamo.

Se trata de las primeras experiencias de Conaf en materia de PSA, comentó Gabriela Soto. “Quisimos probar, crear y reforzar, y estamos muy satisfechos con los resultados. Los modelos que probamos son replicables en otros territorios, eventualmente mediante alianzas con sectores privados, pues en Chile no existe este esquema como una política a nivel estatal, aunque nos gustaría avanzar en esta materia”, concluyó Soto.