Si no hay modificaciones de última hora en la tabla, mañana martes 24 de enero a partir de las 10.00 horas se votará en Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el anhelado proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Tras ser aprobada por el Senado, y luego pasar por las comisiones de Medio Ambiente, Agricultura y Hacienda de la Cámara Baja, la iniciativa de ley que genera una nueva institucionalidad para la conservación de la diversidad biológica, llegó a instancias decisivas en tu tramitación legislativa. Presupuesto y las demás indicaciones se deberían votar en el pleno del organismo.

Uno de los nudos críticos durante la discusión que se ha prolongado por 12 largos años desde su primer ingreso al Congreso Nacional (luego, en 2014, se presentó otro proyecto, el que actualmente está en trámite) es el presupuesto asignado al SBAP, ya que el nuevo servicio requiere de numerosos recursos humanos y técnicos para cumplir efectivamente el mandato de proteger la biodiversidad del país. Durante la tramitación del proyecto, los diferentes Gobiernos (durante las administraciones sucesivas de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric) a través de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda presentaron cinco informes financieros cuyos montos respectivos fueron considerados insuficientes para llevar a cabo sus desafiantes objetivos.

En virtud de ello, la DIPRES entregó un informe con el carácter de “sustitutivo”, es decir, reemplaza a los cinco documentos reseñados. Dicho documento, fechado el 30 de diciembre de 2022, fue exhibido ante la Comisión de Hacienda e incorpora un aumento presupuestario de más de 36 mil millones de pesos en gastos adicionales permanentes cuando el servicio entre en régimen (es decir, al quinto año desde su promulgación), y más de 15 mil millones en gastos transitorios.

“La Dirección de Presupuestos presenta una estimación respecto del impacto financiero que el proyecto en cuestión tendrá sobre la Ley de Presupuestos vigente y su -eventual- incidencia fiscal en años posteriores, generando así un documento de mucho valor no sólo para los análisis de tramitación y de políticas públicas, sino que también para la ciudadanía y la opinión pública”, explican desde la DIPRES.

El detalle del informe

El Título II del informe financiero sustitutivo -que también será sometido a votación mañana en Sala- destaca que en la creación del nuevo servicio “considera una estructura a nivel central y oficinas regionales”, junto con el “eventual traspaso del actual programa ‘Áreas Silvestres Protegidas’ de la CONAF”. En definitiva, señala el extracto del documento, “se presenta un modelo que incorpora traspasos y nuevo personal para el funcionamiento del SBAP”.

En el mismo apartado, se resalta que los gastos comprometidos en el informe financiero estima “la necesidad de inversión en infraestructura, mobiliario asociado al nuevo personal, bienes y servicios de consumo asociados a la operación regular del servicio, desarrollo y compra de softwares para la institución y adquisición de activos no financieros para las actividades particulares en terreno y en oficinas administrativas”.

La inversión involucró cinco subtítulos presupuestarios, divididos en gastos permanentes y transitorios: Gasto en Personal, Bienes y Servicios de Consumo, Adquisición de Activos No Financieros y Gastos de Inversión Transitorios. “Los gastos permanentes corresponden a aquellos que son recurrentes, es decir, se mantienen en el tiempo; los gastos transitorios son los que se realizan una sola vez, que tienen que ver principalmente con los costos de instalación del servicio”, explican desde la DIPRES.

Uno de los puntos más importantes relativos a Gasto en Personal se conecta con la contratación de 950 nuevos funcionarios, 570 de los cuales cumplirán funciones en terrenos en las áreas protegidas. Para ello se destinaron $20.763.305.000 de forma permanente a este nuevo personal, que incluye “viáticos, horas extraordinarias, asignaciones de zona”, entre otras. Este ítem no incorpora gastos transitorios.

En tanto, en el subtítulo Bienes y Servicios de Consumo, el presupuesto incorpora gastos permanentes de soporte asociado al personal y operación normal del servicio, así como también “gastos asociados a las funciones específicas del SBAP”, que considera, según el informe, “instrumentos asociados a la conservación, restauración, recuperación y monitoreo de la biodiversidad en general y en las áreas protegidas”. El monto estimado permanente para este subcapítulo es de $12.680.213.000, mientras que los gastos transitorios (correspondientes a $2.945.604.000) corresponden a consultorías y compras de equipamiento menor para los funcionarios en terreno, además de recursos para la celebración de concursos de Alta Dirección Pública.

En tercer lugar, la Adquisición de Activos No Financieros contempla el pago de licencias de softwares, que por su recurrencia se consideran gastos permanentes, equivalentes a $354.082.000. A esto se suman gastos transitorios para “vehículos, para terreno y oficinas, habilitación de oficinas y también compra de softwares” ($2.793.733.000).

A continuación, el gasto permanente por Transferencias Corrientes ($2.500.000.000) para la creación del Fondo Nacional de la Biodiversidad. Según indica el proyecto de ley que se votará mañana en Sala, este fondo está “destinado a financiar proyectos de conservación, principalmente fuera de las áreas protegidas del Estado”.

Finalmente, en los Gastos de Inversión Transitorios, correspondientes a la infraestructura se deberá alojar al nuevo personal en terreno, equivalen a $10.120.000.000. Todos estos aumentos, aclaran en la DIPRES, son con respecto “de lo que actualmente se gasta en CONAF, correspondiente a la Partida 13, Capítulo 06, Programa 04”.

Al respecto, Pamela Poo, politóloga, experta en políticas públicas ambientales y directora de Fundación Ecosur, valora el aumento de recursos que ingresó el Ejecutivo: “Es positivo, ya que ha sido uno de los flancos abiertos. El nuevo presupuesto permite ir generando mayores certezas relacionadas con la instalación del SBAP. Desde mi visión, mejora el escenario, no es un tema agotado, ya que las áreas protegidas y su biodiversidad, infraestructura y lo que está fuera de éstas, requieren de un flujo constante de recursos”.

La gradualidad

El informe aclara que los $36.297.600.000 en gastos permanentes comprometidos son para cuando el SBAP entre en régimen, vale decir, al quinto año de vigencia. Inicialmente, al año 1 desde su entrada en vigor (eventualmente desde este 2023), el presupuesto permanente será de $4.085.525.000 hasta llegar al monto final en régimen. La misma gradualidad opera en la dotación permanente: al año 1 habrá 95 funcionarios nuevos y al año en régimen ya estará funcionando con 950. Los gastos transitorios, en tanto, son exclusivos de cada año referido y no entrarán en régimen por su misma naturaleza.

Asimismo, señala el documento financiero de la DIPRES, durante su primer año de vigencia, el SBAP “se financiará con cargo a las reasignaciones presupuestarias efectuadas desde la partida presupuestaria del Ministerio del Medio Ambiente” y, en lo que faltase, “con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público”. En los años siguientes, agrega el texto, el cargo será a los recursos que se establezcan en las respectivas leyes de presupuestos del sector público.

Con toda esta información, el diputado miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, Jaime Sáez, valora el aumento de presupuesto propuesto por el Ejecutivo. “No me parece pertinente generar indicaciones a un aumento de presupuesto. Me parece que el presupuesto actual es suficiente para los fines del SBAP, y año a año habrá que pelear recursos para mejorar los montos“, dice Sáez, para quien lo más relevante, de cara a la votación de mañana en Sala, será retomar algunas de las indicaciones que se habían hecho en esa instancia, y que fueron anuladas durante la discusión en la Comisión de Agricultura, como por ejemplo, dejar sin efecto el artículo que permite a privados concesionar áreas protegidas para fines distintos a los de educación, investigación o turismo sustentable.

Al igual que su colega de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, el diputado Félix González subraya que “el informe financiero del Ministerio de Hacienda fue mucho mejor que el gobierno del ex presidente Piñera estaba dispuesto a hacer, por lo que nos deja conformes”. A juicio del legislador ecologista, “lo presupuestario hay que sopesarlo en su justa medida. El servicio entrará en régimen en algunos años más y habrá oportunidades para que en las diferentes leyes de presupuesto se le asignen más recursos. Tiene que partir con un piso, pero dependerá quién esté en el ejercicio del poder cuando el SBAP entre en régimen”. A González le inquieta más el tema de las concesiones sectoriales. Del mismo modo, a la Fundación Chile Sustentable, le parecería inconcebible aprobar el proyecto si se mantiene la política de las concesiones a privados para otros fines.

También quedó conforme el diputado Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, institución ante la cual la DIPRES presentó su informe financiero sustitutivo: “El principal problema era el financiamiento. Según algunas organizaciones de CONAF, encontraban que era poco. Pero quedamos satisfechos con el aumento de recursos que el gobierno del Presidente Boric incorporó al proyecto”.

Por su parte, la politóloga y presidenta de Fundación Ecosur, Pamela Poo, aporta otra arista al debate por el presupuesto del SBAP: “Al contar con el servicio existirá la posibilidad de buscar apoyos internacionales y otras vías de financiamiento, por lo que siempre se podrá ir generando otras fuentes, además de la estatal. Por último, existen incentivos para que quienes cuenten con propiedades privadas no exploten sus terrenos con actividades que amenacen la biodiversidad, sino que estimula que generen áreas protegidas privadas, como una forma de resguardar el patrimonio natural de nuestro país”. Agrega que, en ese caso, “la inversión no recae al SBAP, sino que éste supervisa que se cuente con un plan de manejo adecuado”.

SBAP: diputado Melo analiza voto en contra del presupuesto

Quien pone la voz divergente en el debate por el presupuesto del SBAP es el diputado Daniel Melo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja. Para Melo, el presupuesto actual del servicio es “escuálido y austero” y, aunque recibió un incremento, “nos hubiese gustado que fuera aún más importante, ya que con la actual inflación solo sería una actualización de los valores, cuestión que no se condice con todas las tareas que tendrá que asumir el servicio”.

Según el diputado Melo, “no podemos seguir creando institucionalidad con falta de recursos, ya que el resultado que vemos es que no pueden ejercer las funciones correctamente, como lo que sucede con la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que no cuenta con los fiscalizadores suficientes para cumplir con las tareas que tiene encomendadas”. En definitiva, el parlamentario está evaluando votar en contra de la propuesta presupuestaria para luego corregirla en comisión mixta.

Con miras a la votación de mañana, el diputado Melo, alineado con sus colegas de la Comisión de Medio Ambiente, espera que el Congreso elimine las concesiones sectoriales aprobadas en la Comisión de Agricultura. Si esto ocurre, el diputado Melo llama a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, a tratar el tema en una eventual comisión mixta.

“Tener actividades industriales en las áreas protegidas es algo que no se puede sostener. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas debe velar por éstas, impidiendo que se sigan desarrollando actividades industriales, cuestión que hoy vemos que ocurre con la salmonicultura en la Reserva Nacional Kawésqar o la extracción de ulexita en el Monumento Natural Salar de Surire por la minera Quiborax, la que no se ha evaluado ambientalmente, dado que sus faenas datan de 1989″, cierra el diputado Melo.