El pasado viernes, la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó en general un proyecto de ley -iniciado por moción parlamentaria- que busca establecer normas de eficiencia hídrica y de adaptación al cambio climático para paliar la megasequía que desde hace más de una década afecta al país, que entre otras materias busca incentivar un uso racional del agua en los sectores productivos así como evitar que éstos utilicen más de la necesaria en sus procesos.
El objetivo, apuntan los legisladores, es comenzar una discusión política y legislativa “completamente inexistente en el país” en la que se esperan se incluya el Ejecutivo, discusión en la que se incorporan no solo planes, sistemas y auditorías de eficiencia hídrica, sino que se busca modificar la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 19.300) para incorporar la evaluación de la huella del agua de los proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y -más relevante aún- que los proyectos agrícolas también ingresen al sistema.
“Se considera someter a evaluación de impacto ambiental a aquellos proyectos o actividades de riego y/o cultivo agrícola importantes y que causen impactos relevantes para el medio ambiente”, señala el proyecto. No obstante, agrega la moción parlamentaria, “atendiendo la complejidad de la situación, se ha evitado profundizar exactamente en qué tipo de proyecto o actividad debe someterse a evaluación de impacto ambiental, simplemente señalando los criterios que el reglamento deberá tener en consideración al momento de normar el fenómeno”.
Dichos criterios, según señala el proyecto de ley, dicen relación con la magnitud del proyecto, su uso del agua en función del balance hídrico de la cuenca, tipo de cultivo, tecnología de riego, suelo y zona del país.
El tema no es menor. Según el estudio “Radiografía del Agua” de Fundación Chile, la agricultura registra el 88% del consumo de agua superficial y subterránea en Chile, pero se trata de un sector que -en términos generales- no está sometido a la evaluación ambiental, salvo la construcción de embalses y tranques -en el caso del riego- y la agroindustria relacionada con planteles de crianza de animales y lecherías de dimensiones industriales. Pero no los cultivos agrícolas, como plantea el proyecto.
¿Es viable incorporar a la agricultura en la evaluación de proyectos?¿Cómo hacerlo? Para responder estas preguntas, la comisión citó a una serie de expertos a exponer su visión respecto del proyecto y escuchar propuestas de mejora en un tema que cada día adquiere mayor urgencia frente a la escasez hídrica y que tiene, además, una serie de implicancias
Según señaló Roberto Pizarro, director del Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental de la U. de Talca, hoy el agua constituye el recurso natural más importante en que descansa la estructura productiva, ambiental y de desarrollo económico y social de Chile.
“En términos económicos, se habla de que el agua representa al menos el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile. Para que nos hagamos una idea, la minería representa del orden del 15%, lo que nos habla de un valor muy relevante. Desde 1990 a la fecha, el consumo de agua creció entre 3 y 3,5 veces, y en similar medida creció el PIB. Entonces, tenemos acoplado el crecimiento económico con el consumo de agua”, afirmó.
Y esto choca, planteó, con el desconocimiento que existe en el país respecto del estado y disponibilidad del recurso -un planteamiento transversal realizado por todos los expertos-, y la baja investigación que existe en la materia. Mientras la inversión en I+D en el país es una de las más baja de la OCDE con apenas un 0,38% del PIB, la investigación en recursos hídricos en Chile es dramática si se considera la magnitud -e importancia- del problema: un 0,002% del PIB.