El pasado viernes, la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó en general un proyecto de ley -iniciado por moción parlamentaria- que busca establecer normas de eficiencia hídrica y de adaptación al cambio climático para paliar la megasequía que desde hace más de una década afecta al país, que entre otras materias busca incentivar un uso racional del agua en los sectores productivos así como evitar que éstos utilicen más de la necesaria en sus procesos.

El objetivo, apuntan los legisladores, es comenzar una discusión política y legislativa “completamente inexistente en el país” en la que se esperan se incluya el Ejecutivo, discusión en la que se incorporan no solo planes, sistemas y auditorías de eficiencia hídrica, sino que se busca modificar la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 19.300) para incorporar la evaluación de la huella del agua de los proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y -más relevante aún- que los proyectos agrícolas también ingresen al sistema.

“Se considera someter a evaluación de impacto ambiental a aquellos proyectos o actividades de riego y/o cultivo agrícola importantes y que causen impactos relevantes para el medio ambiente”, señala el proyecto. No obstante, agrega la moción parlamentaria, “atendiendo la complejidad de la situación, se ha evitado profundizar exactamente en qué tipo de proyecto o actividad debe someterse a evaluación de impacto ambiental, simplemente señalando los criterios que el reglamento deberá tener en consideración al momento de normar el fenómeno”.

Dichos criterios, según señala el proyecto de ley, dicen relación con la magnitud del proyecto, su uso del agua en función del balance hídrico de la cuenca, tipo de cultivo, tecnología de riego, suelo y zona del país.

El tema no es menor. Según el estudio “Radiografía del Agua” de Fundación Chile, la agricultura registra el 88% del consumo de agua superficial y subterránea en Chile, pero se trata de un sector que -en términos generales- no está sometido a la evaluación ambiental, salvo la construcción de embalses y tranques -en el caso del riego- y la agroindustria relacionada con planteles de crianza de animales y lecherías de dimensiones industriales. Pero no los cultivos agrícolas, como plantea el proyecto.

¿Es viable incorporar a la agricultura en la evaluación de proyectos?¿Cómo hacerlo? Para responder estas preguntas, la comisión citó a una serie de expertos a exponer su visión respecto del proyecto y escuchar propuestas de mejora en un tema que cada día adquiere mayor urgencia frente a la escasez hídrica y que tiene, además, una serie de implicancias

Según señaló Roberto Pizarro, director del Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental de la U. de Talca, hoy el agua constituye el recurso natural más importante en que descansa la estructura productiva, ambiental y de desarrollo económico y social de Chile.

“En términos económicos, se habla de que el agua representa al menos el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile. Para que nos hagamos una idea, la minería representa del orden del 15%, lo que nos habla de un valor muy relevante. Desde 1990 a la fecha, el consumo de agua creció entre 3 y 3,5 veces, y en similar medida creció el PIB. Entonces, tenemos acoplado el crecimiento económico con el consumo de agua”, afirmó.

Y esto choca, planteó, con el desconocimiento que existe en el país respecto del estado y disponibilidad del recurso -un planteamiento transversal realizado por todos los expertos-, y la baja investigación que existe en la materia. Mientras la inversión en I+D en el país es una de las más baja de la OCDE con apenas un 0,38% del PIB, la investigación en recursos hídricos en Chile es dramática si se considera la magnitud -e importancia- del problema: un 0,002% del PIB.

A esto se suma, dijo Pizarro, que cuando se habla de evaluación ambiental de proyectos de riego o de cultivos “hay que tener muy claro que esto va a depender de la singularidad territorial de nuestro país, y de los distintos ecosistemas que -obviamente- van a responder de diversa manera. Y cuando se habla de la evaluación de la huella del agua en los proyectos, incorporaría la identificación de cuáles son los límites ‘naturales’ de consumo, porque tenemos que reconocer hasta qué punto podemos extraer agua de un ecosistema sin afectarlo de forma drástica”.

Pero todo esto choca, agregó, con la baja inversión en investigación y desarrollo en esta materia en el país. “Si pudiera, introduciría un llamado al Ministerio de Ciencia, a los gobiernos regionales, al Estado y a las empresas privadas, a incrementar los aportes en I+D para poder dar cuenta concreta de una moción que va hacia la eficiencia, pero que necesita herramientas y conocimiento para poder avanzar adecuadamente. Con temáticas como la recarga de los acuíferos, la disponibilidad de aguas subterráneas, que no las conocemos, aspectos como las tendencias climáticas de las precipitaciones y de los caudales. Hay una serie de preguntas cuyas respuestas aun desconocemos”, planteó.

Sector con escasa regulación ambiental

Para Verónica Delgado, profesora de derecho ambiental de la U. de Concepción e integrante de tres de las mesas científicas creadas en Chile para la COP25, el problema del agua es una de las vulnerabilidades del país; porque cuesta avanzar, porque cuesta tomar decisiones, y porque no existe información con la que trabajar, planteó a la comisión. “Hay una crisis institucional y normativa, por tener un Código de Aguas tan atrasado que no es capaz de hacer frente a la falta de agua y a la adaptación ante el cambio climático. Y, lamentablemente, con muchos conflictos sociales derivados de esta falta de agua y su mala gestión”, dijo.

Y en materia del ingreso de los proyectos agrícolas o de riego al SEIA, se trata de un tema que se reconoce complejo, afirmó. En primer lugar, porque se trata de un sector que está asociado al nacimiento y desarrollo del país, Chile es un país agrícola, se trata de un sector que genera empleos en muchas regiones del país “y que además se proyecta -no se si tan justificadamente frente a la crisis hídrica- en una potencia agroalimentaria”.

El problema, agregó, es que “la gobernanza del agua -que es bien particular- establece un sistema de autogestión privada, en el que el Estado poco tiene que intervenir, por lo tanto son los usuarios los que deciden y gestionan el agua en el país. Lamentablemente, y así lo dicen distintos diagnósticos internacionales y trabajos de centros de investigación, las organizaciones de usuarios no tienen competencias ambientales, entonces no cuidan mucho el recurso porque no tienen obligaciones impuestas para hacerlo. Tampoco miden mucho la cantidad de agua, y menos calidad, a pesar que con la reforma a la ley de enero de 2018 ahora van a estar obligados a hacerlo”.

Al mismo tiempo, se trata de un sector con gran apoyo del Estado- que construye embalses, regulariza derechos de agua y entrega una serie de subsidios- pero que está desregulado en términos ambientales. “Es una actividad fuertemente subsidiada con recursos de todos los chilenos, ya sea en el uso de agroquímicos o en todos los proyectos de la Comisión Nacional de Riego, que tiene que ver con riego pero ahora también con embalses y con recarga de acuíferos. Y existen diagnósticos internacionales claros acerca de que en el sector agrícola hay un problema de calidad de agua, de contaminación, principalmente difusa. Muchos de sus canales están contaminados y esos canales hoy se quieren utilizar incluso para la recarga de acuíferos”, señaló.

Una serie de diagnósticos internacionales, agregó, coinciden con el diagnóstico de la mesa científica que trató el tema del agua para la COP25, la que señaló la dificultad de tomar decisiones sin información, la falta de un manejo integrado de cuencas, y cuestionó la política nacional en materia de embalses y riego.

“Por ejemplo, en las recomendaciones en materia de infraestructura 156 científicos que trabajamos en la mesa del agua recomendamos revisar la política de incentivo al riego no concentrada sólo en la eficiencia, sino en los efectos que esto está causando en cada cuenca. En calidad del agua, recomienda avanzar en la contaminación difusa que provoca la agricultura, pero haciendo mejoras ambientales al sistema de riesgo tecnificado para los productos agrícolas, y finalmente la mesa de adaptación hace presentes todos los problemas que los cambios de uso de suelo están ocasionando en la pérdida de nuestra biodiversidad”, dijo Delgado.

Respecto del ingreso de proyectos de riego y cultivos agrícolas al SEIA, señaló que se trata de una figura que se ha incluido en otros países, pero que ha sido criticada porque dejaría fuera a las plantaciones de especies como árboles frutales, cítricos o paltos. Y si bien hoy ingresan al sistema los proyectos agroindustriales, agregó, “se evalúa el establecimiento pero no de dónde le llegan los insumos, entonces no hemos tenido nunca una evaluación ambiental de los efectos que estos cultivos causan en el medio ambiente”.

Una de las principales trabas posibles, planteó, es que al tratarse de un sector muy desregulado podría implicar un problema para el SEIA al momento de realizar una evaluación ambiental. No obstante, dijo “a la vez el sistema de evaluación es la gran posibilidad de que cuando algo es desregulado se puede avanzar vía criterios regionales a través de las comisiones de evaluación regionales. Ya lo hemos hecho por ejemplo con los proyectos de relleno sanitario cuando no había reglamento, y la dirección ejecutiva del SEA puede aportar también con guías para determinados tipos de proyecto”.

¿Evaluación ambiental u ordenamiento territorial?

A modo de determinar cómo se podrían evaluar los proyectos agrícolas en el SEIA, Verónica Delgado expuso la legislación comparada en otros países. En la Comisión Europea, por ejemplo, el criterio es que solo entran a evaluación ambiental aquellos proyectos que cambian el uso del suelo, es decir, que por primera vez se trata de tierras que van a ser dedicadas a la agricultura. Y que además se trata de une explotación agrícola intensiva.

Lo mismo ocurre en el caso de Perú, a lo que se suman los cultivos agrícola para biocombustibles y los que se desarrollan en forma intensiva. En cuanto a los proyectos de riesgo, solo ingresan al sistema de evaluación ambiental cuando incorporan nuevas tierras agrícolas o cuando aumentan su superficie, pero no los proyectos de mejoramiento de riego en terrenos que ya eran agrícolas.

En Colombia no ingresan los proyectos agrícolas, solo los proyectos de riego de 5 mil a 20 mil hectáreas, mientras que en Argentina depende de cada provincia. Mientras en Buenos Aires no hay mayores exigencias, en Tucumán el criterio es el cambio de uso de suelo y en Neuquén que el riego de más de 100 hectáreas, mientras en otras provincias entran al sistema solo la captación de aguas subterráneas. En México, también el cambio de uso de suelo se erige como el gran criterio, pero unido a veces con lo que se está empezando a discutir en Chile: que ingresen cuando los impactos que causan sean significativos,.

“Ya vemos que en el derecho comparado un proyecto entra al sistema más bien cuando hay un cambio de uso de suelo. Que a veces se habla de cultivo, y que convendría incorporar las plantaciones, y por tanto es mejor hablar de explotación agrícola para que las incluya a ambas. Es difícil la evaluación ambiental de los cultivos si estos van cambiando de un año a otro, pero cuando son de plantaciones tienen una vida más extensa que podría justificar la evaluación ambiental y el seguimiento del proyecto en el tiempo”, planteó Delgado.

“En términos de magnitudes -agregó-, varios países hablan de explotación intensiva y tendríamos que buscar la definición de qué se entiende en Chile -y por zonas del país- por agricultura intensiva. O bien, como en otros países, fijarlo por numero de hectáreas”.

Para Fernando Santibañez, doctor en bioclimatología y director del Centro de Agricultura y Medioambiente (Agrimed) de la U. de Chile, el proyecto de ley en discusión aborda un problema que pude adquirir dimensiones urgentes para el país. “Probablemente no hemos aun aquilatado lo que puede representar el cambio climático a un país como Chile, que ha visto decrecer las precipitaciones de manera sostenida por ya más de 100 años, y donde los modelos mundiales dicen que en esta zona del planeta la precipitación va a seguir descendiendo. Tenemos que reconocer que estamos frente a un problema mayor; los modelos más pesimistas dicen que las precipitaciones podrían decrecer todavía en un 30%, y eso significa que La Serena se quedaría con 50 mm y Santiago con 200mm, y se nos va a hacer difícil manejar un recurso tan escaso”, planteó a la comisión.

Para enfrentarlo, dijo, una forma es ser más eficientes en usar el agua que tenemos en un escenario donde la realidad de las regiones es completamente distinta. “En algunas zonas probablemente no va a bastar la eficiencia hídrica, y vamos a necesitar nuevas fuentes de agua, o vamos a tener que dimensionar la actividad económica acorde a la real disponibilidad, lo que va a ser socialmente muy doloroso. Probablemente vamos a tener que recurrir también a ingeniería hidráulica, que no me gusta mucho porque siempre es impactante”.

El problema, señaló es que ni siquiera conocemos cual es la disponibilidad de agua de cada cuenca, ni tenemos una medida de cuánta agua hay y cuánta vamos a tener en los próximos 10, 20 o 30 años. “Necesitamos prospectiva en el país, debiera haber un grupo en cada región de Chile pensando en el futuro de esa región para saber qué hay que hacer hoy día”, señaló.

Y en ese escenario, Santibáñez dijo no concordar con la idea de una evaluación ambiental estricta a los proyectos agrícolas, “salvo a proyectos muy grandes que en Chile casi no hay. Se hablaba de proyectos de 5 mil hectáreas en Argentina, que en Chile no existen. Somos tan pequeños en materia de agricultura que dejaría para evaluar proyectos muy grandes, que en Chile es raro”.

A su juicio, lo que se requiere es revisar los lo realizado en el pasado para no cometer los mismos errores, “como por ejemplo forestar con especies exóticas superficies más allá de lo prudente en una cuenca, alterando incluso su régimen hidrológico, porque no había criterios ni definiciones de hasta que proporción del territorio se podría plantar. Entonces, lo que necesitamos es ordenamiento territorial, y con eso no vamos a necesitar tener que someter al SEIA cada proyecto agrícola, lo que podía incluso desincentivar mucha actividad agrícola”.

“Pero si tenemos grandes ordenamientos territoriales -agregó-, y sabemos qué queremos en cada cuenca, o más bien qué podemos en función de los recursos que hay en esa cuenca y de su fragilidad, eso debería estar preestablecido. De manera que no necesitamos someter a evaluación ambiental si ya tenemos noción de la vocación del territorio, cuáles son las cotas, cuáles son los límites. Ojalá la próxima ley sea de ordenamiento territorial, porque es una urgencia para el país”.