El terremoto provocado este domingo por la publicación de la investigación periodística internacional Pandora Papers salpicó al Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, y en particular con un polémico proyecto que ha estado en boca de todos durante en el último decenio: la mina Dominga.
Según la publicación, en cuya elaboración participaron los medios chilenos CIPER y LaBot, el empresario Carlos Alberto Délano, condenado por el caso Penta, compró en diciembre de 2010 el porcentaje de todos los accionistas del proyecto -incluido el de la familia de Piñera, su amigo, quien era accionista mayoritario de la sociedad, con un 33,33%- en dos fases: una en Santiago y otra en Islas Vírgenes Británicas, calificada como un paraíso fiscal. Según la investigación, el contrato por el pago que recibiría Piñera se haría en tres cuotas; la última, supeditada a que no hubiera protección ambiental en la zona donde se emplazaría el proyecto. Por entonces, agrega el reportaje, Piñera ya ejercía como Presidente, por lo que la determinación de proteger o no el sector dependía de él en su cargo público.
“Consideramos que esto reviste la máxima gravedad. Es inaceptable, y se suma a las deficiencias que ha tenido el propio proyecto desde su origen; ha habido presión de la minera y desde el nivel central. Funcionarios del SEA denunciaron que se les había arrebatado la coordinación de la evaluación del proyecto, no acogiendo la visión del equipo regional en base a todos los antecedentes entregados”, comenta Nancy Duman, una de las voceras de la red Alianza Humboldt, que reúne a unas 150 organizaciones sociales y ambientales de la Región de Coquimbo y Atacama, y a prestigiosas ong’s internacionales, en función de declarar el Archipiélago de Humboldt -zona de un valor en biodiversidad reconocido mundialmente que sería afectada por Dominga- como Área Marina Costera Protegida de Múltiple Uso (AMCP-MU).
Parte de la Alianza Humboldt es la ong Oceana Chile, que ha aportado evidencia científica en aras de proteger un espacio marítimo comprendido entre Punta Zorro (al norte de la caleta Chañaral de Aceituno, en la Región de Atacama) y Punta Poroto (al sur de la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo), equivalente a unas 144.000 hectáreas. Con esta nueva información en la mano, Oceana Chile siente que el escenario se agrava por cuanto explica por qué los gobiernos -en particular el de Piñera- han frenado la declaración de Área Marina Protegida a esta zona a cambio del ingreso de proyectos como las termoeléctricas Barrancones y Farellones, y del puerto Cruz Grande de CAP.
Según la ong, “llevamos 10 años peleando por esta causa”, pero el caso denunciado por Pandora Papers “demuestra que los intereses económicos pasan por encima de los sociales y ambientales, ya que este proyecto ha tenido un sinnúmero de cuestionamientos”, apunta la directora ejecutiva de Oceana Chile, Liesbeth van der Meer.