El terremoto provocado este domingo por la publicación de la investigación periodística internacional Pandora Papers salpicó al Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, y en particular con un polémico proyecto que ha estado en boca de todos durante en el último decenio: la mina Dominga.

Según la publicación, en cuya elaboración participaron los medios chilenos CIPER y LaBot, el empresario Carlos Alberto Délano, condenado por el caso Penta, compró en diciembre de 2010 el porcentaje de todos los accionistas del proyecto -incluido el de la familia de Piñera, su amigo, quien era accionista mayoritario de la sociedad, con un 33,33%- en dos fases: una en Santiago y otra en Islas Vírgenes Británicas, calificada como un paraíso fiscal. Según la investigación, el contrato por el pago que recibiría Piñera se haría en tres cuotas; la última, supeditada a que no hubiera protección ambiental en la zona donde se emplazaría el proyecto. Por entonces, agrega el reportaje, Piñera ya ejercía como Presidente, por lo que la determinación de proteger o no el sector dependía de él en su cargo público.

“Consideramos que esto reviste la máxima gravedad. Es inaceptable, y se suma a las deficiencias que ha tenido el propio proyecto desde su origen; ha habido presión de la minera y desde el nivel central. Funcionarios del SEA denunciaron que se les había arrebatado la coordinación de la evaluación del proyecto, no acogiendo la visión del equipo regional en base a todos los antecedentes entregados”, comenta Nancy Duman, una de las voceras de la red Alianza Humboldt, que reúne a unas 150 organizaciones sociales y ambientales de la Región de Coquimbo y Atacama, y a prestigiosas ong’s internacionales, en función de declarar el Archipiélago de Humboldt -zona de un valor en biodiversidad reconocido mundialmente que sería afectada por Dominga- como Área Marina Costera Protegida de Múltiple Uso (AMCP-MU).

Parte de la Alianza Humboldt es la ong Oceana Chile, que ha aportado evidencia científica en aras de proteger un espacio marítimo comprendido entre Punta Zorro (al norte de la caleta Chañaral de Aceituno, en la Región de Atacama) y Punta Poroto (al sur de la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo), equivalente a unas 144.000 hectáreas. Con esta nueva información en la mano, Oceana Chile siente que el escenario se agrava por cuanto explica por qué los gobiernos -en particular el de Piñera- han frenado la declaración de Área Marina Protegida a esta zona a cambio del ingreso de proyectos como las termoeléctricas Barrancones y Farellones, y del puerto Cruz Grande de CAP.

Según la ong, “llevamos 10 años peleando por esta causa”, pero el caso denunciado por Pandora Papers “demuestra que los intereses económicos pasan por encima de los sociales y ambientales, ya que este proyecto ha tenido un sinnúmero de cuestionamientos”, apunta la directora ejecutiva de Oceana Chile, Liesbeth van der Meer.

El derrotero del proyecto y la “casi” firma

La noticia conocida el domingo viene a ser el corolario de un torrente de polémicas y vuelcos judiciales en torno al proyecto de la empresa Andes Iron, hoy controlada íntegramente por la familia del empresario Carlos Alberto Délano. Hasta 2010, la familia Piñera Morel era la máxima accionista del proyecto, tras lo cual Délano -amigo personal del Presidente- adquirió la participación de todos los socios. En 2013, durante el primer gobierno de Piñera, el proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo informe final fue rechazado en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (Coeva) en marzo de 2017, ya en el segundo período presidencial de Michelle Bachelet.

Ante esta resolución adversa, Andes Iron recurrió al Comité de Ministros, pero éste ratificó la decisión de la Coeva en agosto de ese mismo año. En febrero de 2018, buscando justamente impedir la construcción de Dominga, el gobierno de Bachelet puso manos a la obra a la solicitud de las comunidades acerca de declarar Zona Marina Protegida de Múltiple Uso a la zona del Archipiélago de Humboldt. A una semana del término del mandato de Bachelet, la declaratoria estaba lista; sin embargo, no hubo acuerdo en el decreto final debido a divergencias en el mapa final de la superficie a proteger, por lo que la mentada protección quedó detenida.

“El MMA quería una protección total de toda el área desde Isla Pájaro hasta Chañaral de Aceituno”, pero “el Ministerio de Economía quería un área menor”, reveló ayer a The Clinic el entonces ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien agregó que en la cartera de Economía esperaban dejar fuera del área de protección la zona donde se construiría el puerto de Dominga.

“Era un área marina protegida de menor superficie que la propuesta original de nosotros. Eso permitió que toda la declaración del área marina protegida quedara en manos del segundo gobierno de Piñera. Nos reunimos una delegación con la ministra, que nos derivó al subsecretario, pero no pasó nada. Ahora, con la revelación de los Pandora Papers, todo encaja, independientemente de la declaración que hizo ahora Piñera. Tuvo la oportunidad de declarar la área marina protegida en su primer mandato, y la tuvo ahora con la COP25 que se iba a hacer en Chile, y que estaba muy orientada hacia los océanos”, agrega Nancy Duman, vocera de la red Alianza Humboldt.

La pugna sigue

Con el rechazo tanto de la Coeva como del Comité de Ministros de Bachelet, los controladores de Dominga presentaron recursos ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, organismo que en marzo de 2018 ordenó una nueva votación del proyecto. Los opositores a Dominga apelaron ante la Corte Suprema, la que acogió dichas reclamaciones en septiembre de 2019 y devolvió el caso al Tribunal Ambiental para que se pronunciara respecto del fondo del tema.

Más adelante, en marzo de 2020, la Corte Suprema escuchó los alegatos de las partes respecto del proyecto y la causa quedó en estudio. En abril de 2021, el Tribunal Ambiental acogió la reclamación a favor de Dominga: anuló la decisión de la Coeva y del Comité de Ministros de Bachelet, y ordenó otra votación. Esta fue realizada por el nuevo Coeva, bajo la administración actual de Piñera, el 11 de agosto pasado, siendo aprobado el estudio de impacto ambiental por 11 votos a favor y uno en contra, aun cuando el caso está judicializado, esgrimen en las organizaciones de defensa del territorio.

“Lo que pasó ayer nos viene a reiterar en parte lo que hemos venido denunciando a lo largo de todos estos años en que ha durado la evaluación de Dominga, y viene a subrayar con mayor fuerza el nivel de corrupción y de tráfico de influencias asociadas a este proyecto. Esto ratifica que aquí hay un problema de conflictos de interés”, agrega Nancy Duman. Piñera, ayer en un punto de prensa desde La Moneda, desestimó cualquier conflicto de interés en la maniobra que lo involucraría en la compraventa irregular de Dominga.

Por su parte, para el director de NatGeo Pristine Seas para América Latina, Álex Muñoz, cuya organización no participa formalmente de Alianza Humboldt aunque está alineada con sus principios, el informe de Pandora Papers demuestra “la influencia indebida del dinero en un proyecto altamente contaminante, uno de muchos que ha estado sujeto a presiones de poderosos grupos económicos, con contactos a alto nivel central, para obtener aprobaciones que en otros contextos jamás hubieran obtenido. No solo está en juego proteger un ecosistema extraordinariamente rico, sino la probidad pública con que se evalúa, porque este proyecto nunca ha podido obtener permiso ambiental de manera legítima”.

Las acciones a seguir y el valor científico de Humboldt

Para Liesbeth van der Meer, de Oceana Chile, la revelación de la investigación periodística refuerza los intentos -infructuosos hasta ahora- de declarar Área Marina Protegida de Múltiple Uso desde el norte de Chañaral de Aceituno hasta la comuna de La Higuera. Cabe recordar que en la zona existe un área protegida, aunque de menor extensión, como la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que comprende la protección de la isla Chañaral (comuna de Freirina, Región de Coquimbo) y las islas Choros y Damas (comuna de La Higuera, Región de Coquimbo), ya que éstas reúnen el 80 por ciento de la población mundial de pingüinos de Humboldt.

Sin embargo, según Van der Meer, esto es absolutamente insuficiente: “Una reserva no es un área tan restrictiva como una área marina protegida. Lo que está restringido en tanto reserva tiene un radio de una milla en esas islas y ahí no se puede hacer nada. En cambio, en un área marina protegida de múltiples usos se puede hacer pesca artesanal sustentable y turismo, pero prohíbe toda explotación industrial, es decir, que no se construya ni una planta desaladora ni un puerto”.

La directora ejecutiva de Oceana Chile complementa, desde la visión científica que aporta la organización, que el área del Archipiélago de Humboldt es “una zona de surgencia (N. de la R: desplazamiento de aguas frías y profundas a la superficie del océano) muy rica y que no existe en todas partes de Chile. Aparte del porcentaje de pingüinos, hay ballenas, delfines. No es que esto sea una porfía del mundo ambientalista de proteger una zona. La ciencia lo dice: si se pierde este ecosistema, habría un daño irreversible y los costos de perder esa biodiversidad sería uno de los más altos que vería la historia”. Recuerda además que el archipiélago referido fue declarado “hot spot” de biodiversidad para los océanos del mundo por la Fundación Mission Blue, dirigida por la destacada oceanógrafa Sylvia Earle. Dicho de otro modo, un lugar donde existe una excesiva concentración de biodiversidad.

Pero además de refrendar la ofensiva contra la minera a través de la declaratoria, Van der Meer y Oceana Chile apuestan por anular la última resolución del 11 de agosto, adoptada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, y que dio luz verde a Dominga a pesar de que la Corte Suprema aún no emite su fallo. “Hay bastantes procesos judiciales en marcha y confiamos en el actuar de la Corte Suprema. Pero tenemos que invalidar la resolución del 11 de agosto. No podemos destinar todo el país a ser zona de sacrificio en medio de una crisis climática irreversible”, comenta Van der Meer. En esa misma línea se expresó el director de Greenpeace Chile, Matías Asún, quien en sus redes sociales invitó a “solicitar formalmente la invalidación del permiso ambiental ilegal e irregular” de Dominga. La organización abrió una página web para juntar firmas que logren derogar la iniciativa.

Más audaz incluso es en su postura Nancy Duman, de la red Alianza Humboldt. Para ella, es necesario “exigir la anulación total de Dominga”, ya que “no se puede permitir continuar con algo que desde sus inicios, incluso desde antes de ingresar al SEIA, ya venía mal. Por ejemplo, cuando se modificó el plan regulador intercomunal en 2014 el Core escuchó la recomendación de un programa para generar políticas de uso del borde costero de La Higuera como una zona apta para la protección de la naturaleza, y de la noche a la mañana el mismo Core modificó esa recomendación y lo dejó como apto para estructuras portuarias”.

Según Duman, “vamos a recurrir al Congreso y a todas las instancias que sean necesarias para que se tome una decisión política e institucional”. En similar sintonía, Álex Muñoz, de NatGeo, cree que el proyecto Dominga “debe caerse de una vez”, pues no cumple con “estándares mínimos medioambientales y valida la corrupción. Es un proyecto absolutamente viciado desde su origen y hay que avanzar hacia determinar la responsabilidad política del Presidente Piñera a través de una acusación constitucional”.