Hoy el país enfrenta un escenario en que se mezclan una prolongada sequía de más de una década y los impactos del cambio climático que ya se empiezan a hacer evidentes en muchas zonas del país, y principalmente en la zona central, donde una biodiversidad vegetal ya muy mermada enfrenta además nuevos riesgos, entre ellos los impactos del calentamiento global, el loteo de terrenos para construir viviendas y la instalación de proyectos productivos.

¿Cómo conjugar, entonces, la protección de nuestra vegetación con el desarrollo del país en este escenario? Parte de esa responsabilidad recae hoy en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que debe definir las medidas de mitigación y compensación para minimizar esos riesgos. Para analizar esto, País Circular organizó el seminario “Adaptación de especies forestales y cambio climático: Planes de compensación forestal”, en el que expusieron tres expertos en la materia: Ricardo Díaz, jefe del departamento de evaluación ambiental de la Conaf; Victoria Alonso, directora ejecutiva de Tierra Austral; y Carlos Marambio, evaluador ambiental de la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Para Ricardo Díaz, en el marco de la evaluación de proyectos en el SEIA hoy existen algunas herramientas que permiten dar ciertos lineamientos para efectos de, tanto evaluadores como titulares de proyectos, presentar algunas alternativas que pudiesen entregar alguna forma de mitigación con respecto al cambio climático. “Hay que revisar efectivamente la dinámica de los bosques, y de qué forma pudiese ser útil en la evaluación de impacto ambiental el revisar el concepto de cambio climático”, afirma.

En el caso de la evaluación de Conaf en el marco del SEIA, la ley obliga a que en casos de explotación o corta de formaciones vegetacionales se reforeste una superficie igual a la cortada en terrenos de preferencia forestal, que además deben estar ubicados preferentemente en la misma provincia. Y en el caso de las compensaciones en el marco de la evaluación de proyectos, dice Díaz, Conaf cuenta con una guía actualizada en 2020 donde se establecieron algunas precisiones.

“Señala que se debe compensar la pérdida de la población vegetacional afectada considerando número de individuos, superficie características ecológicas, singularidades ambientales; que mediante el plan de medidas, se debe buscar compensar beneficios ambientales que porporcionaba la vegetación afectada, y generar una pérdida neta cero de biodiversidad”, afirma.

A estos se suma la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales para el período 2017-2025, que destaca el tema de la forestación como un mecanismo de protección ambiental y de protección de la biodiversidad, asociado a la captura de CO2. “Las formaciones vegetacionales tienen un rol fundamental al hacer esta captura de CO2, actuando como un reservorio del carbono, siendo una herramienta importante para efectos del cambio climático”, añade. En la guía de evaluación, dice Ricardo Díaz, ya hay unos primeros lineamientos en cuanto a la incorporación del cambio climático: “creo que hemos sido los precursores de esto, en el sentido de que damos cabida a que se puedan hacer modelaciones respecto al cambio climático, respecto a la estimación de impactos. O sea, ya empezamos a considerar que los titulares de proyectos puedan recoger esto, incorporarlo y ser parte del proceso de evaluación”.

No obstante, aún quedan muchos desafíos en esta materia. Entre ellos, plantea, desde Conaf ver que efectivamente en los proyectos se presenten iniciativas que tengan un carácter preventivo, si se identifican y evalúan adecuadamente los impactos, y cómo los abordarlos desde sus competencias. “Es muy importante -agrega- entender el proceso del cambio climático, es necesario que cada vez vayamos aprendiendo cómo afecta el componente de flora y vegetación por parte de los proyectos de inversión, porque no hay que olvidar que los bosques entregan servicios ambientales y ecosistémicos. Hay que desarrollar en forma previa, antes del proceso de evaluación, qué medidas se pueden tomar desde el punto de vista técnico y científico para efecto de mejores presentaciones”.

A esto se suma, señala, la necesidad de incorporar y modificar instrumentos, tanto normativos como legales y técnicos. “Tenemos una Ley Marco de Cambio Climático en trámite en el Congreso, y debería también repercutir en sus artículos transitortios en varias modificaciones legales, incorporar nuevos conceptos. Creo que esa es la bajada que se tendrá que hacer después para la evaluación de proyectos en el marco del SEIA”, plantea.

Oportunidad para canalizar recursos a la conservación

Para la directora ejecutiva de Tierra Austral, organización especializada en proyectos de conservación en tierras de propiedad privada, princpalmente en el ecosistema mediterráneo de la zona central de Chile, “las compensaciones son una oportunidad enorme para poder concentrar recursos, y canalizar recursos a la conservación, que es una urgencia que está totalmente alineada con mitigar y adaptarnos al cambio climático”.

¿Cuál es el escenario actual? Lo primero, dice Victoria Alonso, es que la proteccion de la biodiversidad en Chile- siempre en el marco de las compensaciones- es principalmente forestal, con un sistema de protección mayoritariamente concentrado en el sur del país, y abandonado hacia la zona centro norte, donde “realmente tenemos una emergencia”. “Muchos de nuestros ecosistemas están muy mal representados -afirma-, y estamos muy lejos de acercanos a alguna meta que hayamos tenido. En vez de avanzar en las metas, vamos corriendo las metas: nos vamos poniendo más ambiciosos, pero a más largo plazo. Y estamos con la misma emergencia que teníamos hace 25 años, pero con una meta más ambiciosa. Entonces, tenemos que -de mil maneras posibles- buscar canales que lleven recursos, energía y dedicación a salvar estos ecosistemas para que podamos seguir teniendo una calidad de vida más o menos razonable. En ese sentido, las compensaciones en biodiversidad me parecen una herramienta súper evidente, que tenemos que tomar y organizarla para que funcione de mejor manera”.

El punto, dice, es que las compensaciones en biodiversidad deben seguir una jerarquía que indica que lo primero que se debe hacer es prevenir, luego minimizar el daño que se va a hacer, después restaurar, y solo cuando ya no hay alternativas se debe compensar. “Si los proyectos presentan muchas medidas de compensación quiere decir que las compensaciones le están saliendo fáciles. No debieran ser fáciles, porque eso es lo que realimenta el sistema para que realmente los proyectos puedan hacer esfuerzos en minimizar, restaurar y prevenir. Las compensaciones fáciles no están ayudando a que la jerarquía de mitigación funcione”, afirma.

La meta a alcanzar es que la compensación lleve a una pérdida neta cero, e incluso a ganar biodiversidad. Pero hoy no estamos ni cerca de ello, dice Victoria Alonso. Para ello, la compensación debe regirse por ciertos principios, de entre los cuáles aparecen como más relevantes precisamente que no haya pérdida neta (que todo aquello que se perdió se gane de alguna manera), que haya adicionalidad (es decir, que la compensación genere ganancias que de otra manera no hubieran sucedido), y que realmente sea el último resquicio, que realmente haya una adherencia a esa jerarquía de mitigación.

“En la zona central de Chile conozco unos 70 propietarios de terrenos privados, con bosques de quiyalles, belloto del norte, los pocos lingues que van quedando, que todos los días sienten presión para dejar ir ese bosque. Las compensaciones debieran incluir el evitar deforestación, no solo reforestar. Hoy nos llegan llamados de empresas que necesitan permisos ambientales, que necesitan reforestar, y he llevado a especialistas de Conaf, de empresas que han tenido impacto muy grande de vegetación que se está extinguiendo, a lugares que están al borde de ser loteados, al borde de ser plantados con paltas hasta la punta del cerro. Y les digo ¿por qué aquí no hay una compensación?¿Hay opción de forestar? Y todo el tiempo es no, porque nuestra ley, que es antigua y está obsoleta en algunas cosas, dice que para poder reforestar el terreno tiene que estar desprovisto de bosque”, explica

El problema, agrega, es que “nuestro bosque esclerófilo no crece en un terreno así. La gran mayoría de reforestaciones en estos ecosistemas no prenden, o prenden tan poco, o con tanto esfuerzo… y en el terreno del lado hay un bosque de bellotos que está a punto de ser loteado, y con un quinto de esos recursos se podría generar ahí un área de protección privada, que se puede organizar para que el manejo sea pagado por el que contaminó, para que la herramienta de conservación vaya en el contaminante, pero que no perdamos la oportunidad de detener la deforestación. Dado que la reforestación está siendo tan compleja, abramos la oportunidad de detener la deforestación. La deforestación evitada es un mecanismo de compensación que se usa en el mercado de los bonos de carbono con toda tranquilidad técnica, metodológica, en fin. Hay muchos desafíos, y creo que ninguno es muy complejo”.

Para ello, dice Alonso, hoy existe un instrumento que se está usando cada vez más en el país, que es el Derecho Real de Conservación (DRC), una herramienta legal que tiene por objetivo conservar el patrimonio ambiental de una propiedad privada. Consiste en un acuerdo libre y voluntario entre un propietario y una Organización Garante de Conservación que se transforma en titular del DRC, con el fin de asegurar su conservación en el largo plazo.

“Es un mecanismo legal que contiene toda la certeza, y que tiene toda la posibilida de ser tan potente como un parque nacional. Hay estándares que están creados, lo financiamos con Corfo, están a la mano… Si una empresa minera que deforestó 20 hectáreas de belloto del norte, y tengo un propietario privado que no tiene recursos pero tiene 80 hectáreas con belloto del norte, yo a esa empresa le diría págueme por ese derecho real de conservación, porque si no este señor va a lotear y ese belloto va a desaparecer. Páguele usted para siempre, usted lo maneja para siempre, pero esto sigue estando en las manos de una persona que no tiene por qué vender la tierra, sino que quiere crear un área protegida con recursos que no tiene. El derecho real de conservación funciona bien, conocemos las prácticas, los elementos y los estándares”, afirma.

Nueva guía para compensaciones y cambio climático

Carlos Marambio, evaluador ambiental del SEA, señala que si bien las competencias del proceso de evaluación ambiental en materia de flora y vegetación recaen en la Conaf, si existe capacidad técnica en el servicio para apoyar dicha evaluación. ¿Cómo operan el sistema? En palabras simples, explica, un proyecto “será aprobado si cumple con la normativa ambiental y se hace cargo de los efectos, características y circunstancias establecidos en la Ley de Bases del Medio Ambiente, y propone medidas de reparación, compensación y mitigación apropiadas. En caso contrario será rechazado. Y esa es la premisa general”.

En lo que se refiere a las compensaciones, agrega, existe una guía de compensación de biodiversidad donde se establece la jerarquía de estas medidas, pero se está preparando una actualización que debiera salir el próximo año, junto a una guía que tiene los cálculos de pérdida neta cero para las compensación. La idea, explica, es que “a partir de esta jerarquía de la mitigación minimizar al máximo los impactos, y que se usen las medidas de compensación como último recurso, tratando de que con la ganancia de biodiversidad se llegue a una pérdida neta cero a través de equivalencias. Y de ahí hacia arriba, se podría obtener una ganancia en biodiversidad, que estamos bastante lejos de poder alcanzar en este momento”.

Un ejemplo práctico de lo que se está analizando incorporar en esta futura guía es el concepto “de los multiplicadores para poder abordar la compensación a través de parámetros como hectárea/hábitat, y llevarlo a un parámetro de equivalencia para poder comparar dos situaciones distintas. Por ejemplo, que en la identificación de brechas o el planteamiento de una restauración se pueda obtener una base a partir de la cual poder alcanzar la pérdida neta cero respecto del área donde se generó el impacto”. Un ejemplo de multiplicadores es que si se requiere compensar en un área lejana al proyecto en evaluación, esto se haga en una superficie mayor en base a esos parámetros de equivalencia.

La compensación, entonces, tiene por finalidad generar un impacto positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso significativo, lo que implica llegar a una pérdida neta cero. Y además, la sustitución de los elementos naturales o recursos del medio ambiente afectados debe hacerse con otros de similares características, en cuanto a clase, naturaleza, finalidad y función, representando requisitos que se entienden como equivalencia.

Respecto a la inclusión del cambio climático en el SEIA, Marambio explica que se está trabajando en un instructivo técnico para poder abordar cómo se deben llevar los conceptos de cambio climático a la evaluación de impacto ambiental. Esto previo al ingreso al SEIA, lo que da luces para posteriormente llevarlo a un plan de compensación y seguimiento adecuado.

“Esto recién se está trabajando -dice Carlos Marambio-; no obstante que para efectos del SEIA el clima no es un objeto de protección, los componentes del medio ambiente que sí lo son -en este caso la flora y vegetación- se están viendo afectados por el cambio climático. Podría entenderse entonces que si la evaluación de un proyecto no considera los efectos del cambio climático, podría estar subvalorando la magnitud y significancia de los impactos, y por lo tanto generando planes de compensación y seguimiento que podrían ser insuficientes”.

Y si bien el SEA no tiene como objetivo establecer acciones de mitigación en temas de cambio climático, agrega, reglamentariamente tiene atribuciones para integrar a la evaluación ambiental sus efectos. La ley indica, por ejemplo, que la predicción y evaluación de los impactos ambientales se efectuará considerando el estado de los elementos del medio ambiente y la ejecución de los proyectos o actividad en su condición más desfavorable, y se entiende que el escenario de cambio climático es esa situación.

“Dado que las proyecciones de escenarios de cambio climático implican un alto nivel de incertidumbre, es necesario -por ejemplo- que el seguimiento ambiental cuente con monitoreos periódicos de variables críticas, donde existan umbrales explícitos referidos a cambios aceptables de los objetos de protección (fijando umbrales de afectación, por ejemplo, cuando un proyecto extrae agua), y se tengan predefinidas acciones preventivas a adoptar ante desviaciones del comportamiento esperado. Bajo este escenario, la gestión adaptativa como una herramienta de toma de decisiones frente a la incertidumbre se presenta como un elemento a incorporar dentro de los planes de seguimiento”, explica.