Diputada Musante: “El proyecto de ley de humedales rurales se hace cargo del problema de la inequidad territorial”
Avanzar hacia una ley general que proteja todos los humedales es el objetivo a mediano plazo de esta iniciativa de ley ingresada al Congreso por la diputada Camila Musante y el diputado Jaime Sáez. El texto busca prevenir la destrucción de los humedales rurales brindando más facilidades a las comunidades para realizar solicitudes de declaratorias, ya que muchos municipios de estas áreas no cuentan con las capacidades técnicas para elaborar estos documentos.


Con dos años y nueve meses de vigencia, la ley N° 21.202 de humedales urbanos no necesariamente ha redundado en nuevas declaratorias para proteger estos ecosistemas. Algo se ha intentado resolver en el Congreso con el ingreso de un proyecto de ley que modifica dicha ley en vigor para promover la participación ciudadana en las solicitudes de declaratoria (boletín 14619-12) hoy en la Comisión de Hacienda del Senado), pero lo cierto es que estos cuerpos legales han sido insuficientes para cubrir todos los humedales que existen a nivel país, dejando fuera de protección a aquellos que están en las zonas rurales.
Ese vacío legal es el que pretende abordar un proyecto de ley que busca proteger a los humedales rurales, elaborado por la diputada Camila Musante y el diputado Jaime Sáez (distrito 26), ambos miembros de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja.
Pronto a entrar a discusión al interior de la Comisión -probablemente la semana entrante- el proyecto busca paliar la “inequidad territorial”, según las palabras de la diputada Musante, que existe entre las áreas rurales y urbanas, y que se manifiesta no solo en materia ambiental, sino en varias otras esferas: educación, salud, transporte. El objetivo de la moción es avanzar hacia una ley general de humedales, “que no distinga su procedencia urbana o rural”, dice Musante, abogada con un magíster en derecho ambiental y representante del distrito 14 que abarca buena parte de las comunas rurales de la Región Metropolitana.
-¿Influyó a la hora de presentar este proyecto que usted represente a un distrito con muchas comunas rurales de la Región Metropolitana?
-Sí, como tú bien dices, en la Región Metropolitana las comunas rurales están concentradas en el distrito 14. Hay muchos ecosistemas que quedan fuera de la regulación de la ley de humedales urbanos. Están fuera del plan regulador comunal y no califican para ser objetivo de solicitud de humedal urbano. Tal es el caso del estero Puangue en Curavací, en Melipilla, en Chocalán, Popeta, donde hay humedales que están fuera del área del plano regulador. Esto nos lleva a preguntarnos si nuestra actual normativa es suficiente o está siendo capaz de abarcar estos ecosistemas.
Este proyecto, además, es una instancia en que nos planteamos una evaluación sobre cómo está funcionando la ley de humedales urbanos. En abril y mayo votamos la modificación a la ley para permitir la participación ciudadana. La ley de humedales es el único instrumento que tenemos, y estamos pensando en avanzar hacia una ley general de humedales que no distinga entre las zonas rurales y urbanas. Muchas veces los humedales no tienen agua visible, eso ha sido argumento para que no se admitan las declaraciones. Muy pocas solicitudes terminan en declaraciones.

“Estamos evaluando otorgarle mayores atribuciones a las mismas comunidades para que hagan esa presentación de manera directa. Nos topamos ahí con los recursos municipales, y que además en muchos municipios rurales los departamentos de medio ambiente están funcionados con los de aseo y ornato. Mucho presupuesto para medio ambiente no existe en los municipios, y no hay capacidad técnica para recepcionar los antecedentes”.
El Ministerio de Medio Ambiente no tiene la capacidad para tramitar todas estas solicitudes, se produce un cuello de botella y se terminan declarando ecosistemas que están casi completamente explotados. Es válido preguntarse si la declaratoria va a tener efecto solo cuando termine el procedimiento o va a haber efectos intermedios. Yo pedí en comisión, por ejemplo, el “efecto suspensivo” que paraliza obras mientras se realiza el proceso de evaluación de la solicitud por declaratoria. Nuestro proyecto de ley se viene a hacer cargo de la experiencia de la ley de humedales urbanos, pero también de la participación ciudadana. Estamos al debe de una institucionalidad que se haga cargo de las áreas protegidas. La puesta en marcha del SBAP ojalá que vaya muy en línea en abordar estos ecosistemas que requieren de una institucionalidad propia para la gobernanza de los humedales.
-¿Qué propone el proyecto de ley para agilizar los procesos, de manera que la tramitación de las solicitudes sea menos engorrosa y más expedita?
-Como una primera idea, creo que los procedimientos de las declaratorias, tanto para los humedales urbanos y rurales, tienen que ser en lo institucional similares, pero sabemos que las municipalidades rurales -Alhué, Paine, Curacaví- no tienen las capacidades técnicas para elaborar una solicitud ante el Ministerio. Estamos evaluando otorgarle mayores atribuciones a las mismas comunidades para que hagan esa presentación de manera directa. Nos topamos ahí con los recursos municipales, y que además en muchos municipios rurales los departamentos de medio ambiente están funcionados con los de aseo y ornato. Mucho presupuesto para medio ambiente no existe en los municipios, y no hay capacidad técnica para recepcionar los antecedentes. Creemos que debe haber a futuro una normativa común, en esa ley general de humedales estaría radicada la gobernanza de estos ecosistemas.
-Si le entiendo bien, la idea del proyecto es modificar otros cuerpos legales para que, después, los humedales sean abordados desde una sola política pública.
-Claro, nuestra intención, con distintos plazos legislativos, es que este proyecto después se fusione con el de humedales urbanos. Por eso estamos luchando por un proceso de partipación que pueda ir en línea con las modificaciones que le estamos haciendo a la ley de humedales urbanos, y luego tener una ley general de humedales. Pero con la ley de humedales rurales quisimos hacer ver varias cosas.
-¿Como qué?
-Queremos hacer ver que en los sectores rurales hacer una declaratoria para proteger un ecosistema es mucho más complejo. Hay una inequidad territorial que impregna todos los ámbitos de nuestra institucionalidad: la capacidad de los municipios rurales no es la misma que los urbanos; la capacidad de gestión no es la misma; los traslados no son los mismos. Están en una situación de desventaja y no solo porque quedan fuera del plan regulador comunal, pues eso significa que no se pueden elaborar polígonoss. Estamos tratando de declarar como equipo diputacional dos humedales en el sector de Culiprán, y n o podemos porque están a kilómetros del límite del radio urbano del plan regulador comunal. La inequidad territorial también se traspasa al plano de la protección de los ecosistemas, y el proyecto de ley se hace cargo de este problema.
-¿Piensa que se le debería exigir a las comunidades un informe técnico para presentar las solicitudes, al igual que en el proyecto de ley de participación ciudadana -en trámite- para las solicitudes de humedales urbanos?
-Eso fue una indicación que se presentó en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, ya había salido de nuestra comisión en la Cámara. Entendemos que las declaratorias de humedales pueden utilizarse no necesariamente con los fines de proteger un ecosistema, sino que más bien puede convertirse en una guerrilla de privados para bloquear el desarrollo de un proyecto inmobiliario. Pero nosotros lo hablamos en la Comisión: era necesario que las organizaciones tuvieran personalidad jurídica, cierto grado de antigüedad y con un informe técnico. Yo sé que no todas las comunidades tienen la capacidad de generar estos antecedentes técnicos, por lo que es necesaria una acción coordinada con el MMA para que entregue y facilite esta información.
-En el proyecto ingresado se dice que las turberas, aun siendo humedales, son un bien de protección distinto. ¿Por qué?
-Claro, ya existe un proyecto de protección de turberas, al que no le fue muy bien en el Senado, siendo que en la Cámara lo aprobamos. Las turberas tienen particularidades, dadas por la extracción del pompón, que están arraigadas a algunas zonas geográficas. Si bien son humedales, creo que deben tener su legislación particular sobre todo por la extracción del musgo pompón.

“Si se aprueba el SBAP, y quedan los humedales dentro de las áreas protegidas, cambia totalmente la realidad y vamos a avanzar realmente en protegerlos, ya que tendría asignado presupuesto para fiscalizadores, multas, etcétera. Es muy distinto estar bajo este servicio que tiene presupuesto a una declaratoria que solo permite establecer límites dentro de la evaluación ambiental”.
-¿El proyecto vuestro se hace cargo, de alguna manera, de la demora que ha tenido la aprobación del SBAP?
– Yo creo que sí. Sería irresponsable decir que vamos a paliar las falencias de una institucionalidad, porque este proyecto de ley no crea institucionalidad, ya que eso es facultad del Ejecutivo. Esta es una iniciativa que nace de una moción parlamentaria, que tiene un nuevo objeto de protección ambiental o amplía la actual categoría de protección de humedal. Esperamos que este proyecto se tramite con la mayor celeridad posible. La eventual aprobación del SBAP permitiría que nuestro proyecto quede al alero de este nuevo servicio. Eso es muy importante porque el SBAP, en tanto servicio, se le asigna un presupuesto. Hasta ahora, no hay una institucionalidad que tenga la gobernanza de los humedales. Pero si se aprueba el SBAP, y quedan los humedales dentro de las áreas protegidas, cambia totalmente la realidad y vamos a avanzar realmente en protegerlos, ya que tendría asignado presupuesto para fiscalizadores, multas, etcétera. Es muy distinto estar bajo este servicio que tiene presupuesto a una declaratoria que solo permite establecer límites dentro de la evaluación ambiental.
-¿En qué pie se encuentra hoy el proyecto de humedales rurales y cuando se podría empezar a tramitar? ¿Qué esperaría de la discusión en la Comisión?
-Se habló de ponerlo en tabla la semana siguiente. Nos estamos tardando dos sesiones en discutir los proyectos ingresados para luego aprobarlos en general. Así, hemos sacado adelante varios proyectos. Esperaría que se diera el debate profundo sobre la inequidad territoriales, y que se comprendiera por qué es necesario que los humedales rurales sean protegidos también. También esperaría que se diera una discusión integrada sobre la participación ciudadana en el marco de las declaratorias.
-¿Le ha resultado cómodo discutir dos proyectos de ley al mismo tiempo, tal y como lo ha determinado el presidente de la Comisión, diputado Daniel Melo?
-Sí, me gusta mucho cómo lo ha ordenado. Hemos funcionado muy bien como Comisión, hemos aprobado proyectos, si no de forma unánime, con amplia mayoría. Nos permite avanzar rápido y alcanzar acuerdos transversales y buen diálogo. No es menor decir que en una comisión se aprueba una ley que sanciona el lavado verde de imagen de las empresas con votos que van desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista. Cuando se entrampa la discusión con un proyecto, la discusión es pasar a otro, y eso nos sirve porque siempre hay elementos comunes. Hemos tenido muy buenos resultados.