Chile cuenta con una política climática de Estado de más de una década que fija como meta la carbono neutralidad a 2050, respaldada por la Ley Marco de Cambio Climático y los compromisos del Acuerdo de París. Y ha mostrado avances: la descarbonización del sistema eléctrico redujo significativamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero parte de ese progreso se ha visto anulado por el crecimiento explosivo del parque automotor y, en particular, por el aumento de vehículos ineficientes.

Desde 2022, el transporte es la principal fuente de emisiones de GEI en Chile, superando a la generación eléctrica. El parque vehicular crece en más de 300 mil unidades nuevas al año y con gran expansión de las camionetas, que representan una fracción creciente de las ventas y de la contaminación urbana. Y mientras la norma de eficiencia energética para vehículos livianos mejoró significativamente su rendimiento, reduciendo emisiones y consumos, las camionetas operan bajo un estatus excepcional sin justificación técnica, económica ni ética.

La mayoría de las camionetas no paga IVA en su compra, pagan solo una fracción del impuesto específico al usar diésel, y están exentas del impuesto verde. A esto se suma otro problema: hay empresas dedicadas a desactivar los sistemas de control de emisiones de estos vehículos, lo que ya motivó acciones legales. El resultado es camionetas más contaminantes, sin asumir los costos que generan. Los datos lo demuestran: hoy las camionetas y vehículos medianos emiten más del 70% de la contaminación por transporte en Santiago.

Mantener privilegios en este sector implica mayor consumo de combustible, eleva los costos de los usuarios y refuerza la dependencia del país de combustibles fósiles importados, afectando además la salud pública por el deterioro de la calidad del aire. Además, retrasa la modernización tecnológica en sectores estratégicos como la minería, que necesita vehículos más limpios y eficientes para cumplir sus propias metas de descarbonización.

Aun así, se plantea retrasar dos años la aplicación del estándar de eficiencia para vehículos medianos y reducir sus exigencias, debilitando una política clave. Sin esta mejora, es imposible que Chile cumpla sus metas de reducción de emisiones. Al inicio de este gobierno se prometió reformar los impuestos a los combustibles, aumentando la carga del diésel. Esa reforma no avanzó, y no podemos seguir postergando decisiones que son fundamentales para la salud pública, la equidad fiscal y nuestras metas climáticas

La evidencia muestra que las regulaciones bien aplicadas funcionan. Chile ha mostrado su liderazgo con la electrificación del transporte público, y Santiago es un referente global de esta política pública. La norma de eficiencia para vehículos livianos demostró efectividad: el rendimiento promedio del parque nuevo mejoró 7,3%, la oferta de autos eléctricos superó los 120 modelos y sus precios cayeron 19%, ampliando su adopción en menos de dos años.

Chile ha mostrado liderazgo internacional en políticas climáticas en base a una política de Estado. Hoy necesitamos ese mismo liderazgo para corregir un rumbo que ya no resiste más excepciones. Es hora de aplicar, sin privilegios ni retrasos, la norma de eficiencia energética también a las camionetas. Está en juego nuestra salud, nuestra economía y nuestro futuro climático.