En el ámbito del monitoreo ambiental, existe una frustración silenciosa que hoy nos obliga a alzar la voz. El 20 de noviembre de 2025, el Lago Chungará —un ecosistema altoandino de enorme fragilidad— sufrió el derrame de 25 mil litros de aceite de soya. Se ha advertido que su recuperación podría tardar décadas. En el sur, el Lago Vichuquén fue declarado zona de riesgo sanitario por presencia de cianobacterias potencialmente tóxicas. Este tipo de crisis suele aparecer cuando se combinan más “alimento” para las algas (por ejemplo, aportes de nutrientes desde aguas servidas o fertilizantes que llegan al lago), con cambios en la cuenca (deforestación e intervención del borde) y poco recambio de agua. A eso se suma el aumento de uso en verano y las altas temperaturas, que aceleran el problema.

No son hechos aislados. Son síntomas de un problema estructural: pareciera que nadie quiere pagar por cuidar algo que es de todos. Es la encarnación del “dilema de los comunes”, donde el interés individual, la desidia y la falta de visión colectiva terminan por degradar un recurso estratégico para la biodiversidad, la economía local y la calidad de vida.

Entonces, ¿cómo prevenimos la contaminación y el deterioro de nuestros lagos?

Como empresas que hemos desarrollado soluciones de monitoreo ambiental, hemos aprendido una lección incómoda: de nada sirve la mejor tecnología de alerta si no existe una voluntad política, social y económica para actuar antes de que el daño ambiental tenga un impacto a largo plazo y sea costoso. El dato, por sí solo, no limpia un lago. Lo que hace la diferencia es una gestión preventiva real: monitoreo continuo, líneas base, umbrales de riesgo, trazabilidad de fuentes y, sobre todo, protocolos de respuesta claros (quién hace qué, con qué presupuesto y en qué plazo).

La tecnología hoy permite vigilar variables críticas en tiempo casi real y con costos cada vez más accesibles. Pero ese avance sólo se traduce en protección cuando el monitoreo se conecta con decisiones: fiscalización efectiva, control de descargas, gestión de la cuenca y medidas de mitigación oportunas.

En lo económico, el Global Wetland Outlook 2025 (Convención Ramsar) estima que el valor de los humedales perdidos en los últimos 50 años supera los US$5,1 millones de millones, y que restaurar cuesta entre 2 y 123 veces más que conservar.

Mientras celebramos hitos como la declaración del Río Mapocho como Humedal Urbano, un paso necesario en la dirección correcta, no debemos ignorar que nuestros ecosistemas hídricos están en riesgo. Cuidar el agua no es un “gasto” que se puede postergar; es una inversión para la mitigación y adaptación de las ciudades y ecosistemas al cambio climático.

Si no somos capaces de transitar desde una cultura de reacción hacia una de gestión preventiva real, seguiremos viendo cómo nuestros lagos se convierten en zonas de sacrificio. El caso del Lago Vichuquén es un síntoma de un dolor país: la incapacidad de proteger lo que es común. Es hora de entender que, si el lago muere, el muelle no sirve de nada, la cosecha se pierde y el entorno que amamos desaparece para las próximas generaciones.

Ya no basta con saber que hay un problema con el agua. Hay que estar dispuestos a pagar el costo de mantenerla viva.