690 organizaciones de la sociedad civil exigieron hoy al Congreso Nacional aprobar la Ley de Protección de Personas Defensoras del Medio Ambiente (Boletín 16.886-12), en una jornada que podría marcar un antes y un después para la protección ambiental en Chile. La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas revisará la iniciativa durante esta mañana, en medio de la conmoción por los nuevos antecedentes del caso de Julia Chuñil, defensora mapuche desaparecida tras recibir amenazas por resguardar más de 900 hectáreas de bosque nativo en Máfil, Región de Los Ríos.

En una declaración pública, las organizaciones advirtieron que la aprobación de la ley “no es un gesto simbólico”, sino una necesidad urgente ante el aumento de la violencia e impunidad. “Cada día sin esta ley es un día más de riesgo para quienes cuidan por todos la vida y los territorios. Defender el medio ambiente es defender la vida, y no aceptaremos más indiferencia ni dilación”, señalaron.

Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para defender el medio ambiente, y Chile no es la excepción. Según el último informe de la ONG Escazú Ahora, entre 2023 y 2024 se registraron más de 80 agresiones contra personas que protegen ecosistemas y comunidades. Las agresiones físicas se triplicaron en un año, pasando del 14,7% al 48,9%, y el 70% de las víctimas fueron mujeres, muchas de ellas víctimas de más de una agresión durante el mismo año. Solo el 2,1% de los casos obtuvo justicia, confirmando la impunidad estructural que enfrentan los defensores ambientales en el país.

El proyecto de ley que hoy se somete a votación busca reconocer jurídicamente a las personas defensoras del medio ambiente, garantizar su acceso efectivo a la justicia y sancionar a los autores materiales e intelectuales de las agresiones. La iniciativa, presentada en mayo de 2024, responde además a los compromisos asumidos por Chile al ratificar el Acuerdo de Escazú en mayo de 2022, Tratado que obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar los ataques contra quienes ejercen el derecho a defender la naturaleza, pero que hasta la fecha no ha sido cabalmente implementado.

“Esta ley representa una oportunidad histórica para que el Congreso envíe una señal clara: quienes defienden la vida y los territorios no estarán nunca más solos ni desprotegidos”, afirmó Sebastián Benfeld, presidente de la ONG Escazú Ahora. “Cada día que pasa sin esta ley es un día más en que los defensores están expuestos a riesgos graves. Implementar Escazú no es solo un compromiso, es un deber ético”, agregó.

Las organizaciones cerraron su pronunciamiento con un mensaje directo a los parlamentarios: “Chile ya asumió compromisos internacionales con la firma del Acuerdo de Escazú: ahora exigimos que se cumplan seriamente. Llamamos a las y los diputados que nos representan a aprobar esta iniciativa enviando una señal clara: quienes defienden al planeta no estarán nunca más solos ni desprotegidos.”