En marzo de 2024, el Gobierno presentó el Plan de Implementación del Acuerdo de Escazú en Chile, que en su diagnóstico identificó como una brecha crítica la falta de formación con enfoque de derechos humanos y ambiental en operadores de justicia, autoridades locales y fuerzas de orden. Como respuesta, se comprometió a desarrollar capacitaciones específicas para funcionarios que atienden casos de agresión contra personas defensoras del medio ambiente.

A un año y medio de ese anuncio, una investigación de Escazú Ahora revela que ese compromiso no se ha cumplido. En un oficio entregado por Ley de Transparencia, la Subsecretaría de Derechos Humanos reconoció que no ha realizado capacitaciones específicas sobre defensores ambientales y que solo ha impartido cursos virtuales generales sobre estándares internacionales de protección a personas defensoras de derechos humanos, priorizando a instituciones suscriptoras de su Protocolo de Protección.

Pero incluso estas capacitaciones generales muestran graves problemas en su ejecución. Según el último informe de Escazú Ahora, entre 2024 y 2025 las inscripciones se redujeron un 84,9% y las certificaciones disminuyeron un 87,4%. “Los funcionarios no solo no se están inscribiendo, sino que quienes se inscriben no terminan los cursos, que son virtuales y de muy baja exigencia”, afirmó Sebastián Benfeld, Presidente de Escazú Ahora.

En total, apenas 372 funcionarios de Carabineros, PDI, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Subsecretaría de Prevención del Delito y Subsecretaría de Derechos Humanos completaron el curso en todo el país. El caso de la CAJ es especialmente crítico: solo 18 funcionarios se inscribieron y apenas 2 finalizaron la capacitación, lo que representa una tasa de aprobación del 11,1%.

“Estas cifras son irrisorias frente a la dotación total de las instituciones involucradas. La capacitación es urgente, sobre todo en funcionarios que reciben denuncias en zonas rurales, donde se concentran las agresiones y la respuesta institucional suele ser más deficiente”, advirtió Benfeld.

Un doble incumplimiento

La organización recalca que el retroceso es doblemente grave: “Por un lado, no se implementa la capacitación específica comprometida en el Plan de Escazú; y por otro, la capacitación general en derechos humanos, que podría servir de base, está en retroceso y mal ejecutada”, recalca Benfeld.

Cabe destacar que el desplome en las capacitaciones se enmarca en un escenario más amplio de estancamiento. El informe de Escazú Ahora concluye que a más de 3 años de la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, el Gobierno solo ha avanzado en el 15% de sus medidas comprometidas, con siete de diez compromisos en 0% de avance. Para la organización, esto refleja un incumplimiento sistemático de las acciones necesarias para garantizar la protección efectiva de las personas defensoras del medio ambiente.

*Este artículo es una colaboración de Escazú Ahora