En octubre pasado el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), a través de su división de Información y Economía Ambiental concretó un hito en la implementación del nuevo Sistema de Compensación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (SCE). A sala completa en las instalaciones de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile realizó la primera rueda de negocios que tenía por objeto reunir a empresas sujetas al impuesto verde interesadas en compensar sus emisiones de carbono, con titulares de proyectos de reducción. El encuentro fue todo un éxito y demostró el poder convocante del mecanismo, el que tiene poco más de un año de funcionamiento, luego que su reglamento entrara en vigencia en septiembre de 2023.

En esa instancia estuvieron presentes autoridades del Ministerio del Medio Ambiente, de Economía, de Corfo y su programa estratégico Transforma Cambio Climático, el que apoyó en la convocatoria de asistentes y articuló la participación del sector privado. Fue, además, intermediario en las conversaciones entre actores involucrados en la oferta y demanda de certificados o créditos que permiten compensar el impuesto verde.

Como encargado de impulsar el SCE, el MMA está preparando una segunda ronda de negocios en diciembre, al cierre del segundo año de operaciones, buscando dar mayor profundidad al emergente mercado nacional del carbono. Así lo anunció Víctor Caro, Jefe de la división de Información y Economía Ambiental del MMA en el Webinar de País Circular y Transforma Cambio Climático ´Nuevo sistema de Compensación de Emisiones: reglas y alternativas de cumplimiento´ en el que participaron Cristián Mosella, Director Ejecutivo EnergyLab e Irina Reyes, Gerenta Transforma Cambio Climático Corfo, junto al exministro del Medio Ambiente y cofundador de País Circular, Pablo Badenier, que moderó la conversación. En la cita se realizó un balance de su alcance y se revisaron las brechas que han asomado en esta etapa inicial, así como espacios para su repunte.

Víctor Caro fue el encargado de abrir las presentaciones a través de un repaso de lo que ha sido la puesta en marcha del primer sistema de compensaciones en el mercado nacional chileno, entregando una mirada amplia de cómo se proyecta su crecimiento, y reparando en algunas restricciones, como también oportunidades para sus usuarios.

En sus primeras palabras, el jefe de la división de Información y Economía Ambiental del MMA se refirió al origen del sistema, el que emana tras una modificación a la Ley N° 20.780 que regula el impuesto verde, con lo cual se posibilita la compensación de emisiones de dióxido de carbono (CO2), de carácter global; así como de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) que provengan de fuentes fijas que emitan 25.000 o más toneladas anuales de CO2 o 100 o más toneladas anuales de MP, las que son de carácter local.

Camino a su madurez

Al exponer sobre el funcionamiento del SCE, Víctor Caro reparó en una de las primeras limitaciones que asoma de manera evidente. Actualmente, los sujetos gravados con el impuesto verde pagan US$ 5 por tonelada de CO2 emitida, valor que correspondía al costo social del carbono en el año 2014, y que hoy se empina en los US$ 63,4. “Los cinco dólares por tonelada tiene varias restricciones del punto de vista de la posibilidad de que sea interesante la compensación. En la medida que el impuesto sea más alto, más proyectos de reducción de emisiones entran al sistema”, sostuvo el representante del MMA. Frente a la diferencia de precios, dijo que “evidentemente, hay un desacople, que esperamos en algún momento se cierre esa brecha”.

Por otro lado, el también académico de la Universidad de Santiago de Chile entregó datos que dimensionan el naciente mercado nacional del carbono. Al primer año de operaciones, su cobertura alcanza cerca del 30% de las emisiones totales de GEI, con 87 establecimientos gravados y una recaudación aproximada de US$ 150 millones.

Algo fundamental que consignó Víctor Caro es que la compensación se hace efectiva si los certificados de reducción de emisiones de CO2 son comprados en un mercado que está homologado y se ejecutan en territorio nacional. “¿Qué significa esto? Que los certificados son validados y auditados por una entidad internacional”. Nuestro país reconoce los estándares de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), Verified Carbon Standard y Gold Standard, en su momento los más usados a nivel global. “Cualquier proyecto de reducción tenía que ir a estos estándares y decir: este es mi proyecto, lo valido con una metodología específica para esa tecnología. En alguno de estos estándares nos dan el certificado y nosotros como Ministerio del Medio Ambiente lo reconocemos y se genera el match”. El MDL, de Naciones Unidas, se encuentra en una pausa a la espera de que confluyan las negociaciones internacionales que habiliten la evolución a un Mecanismo de Desarrollo Sustentable.

En el caso de la compensación de contaminantes locales, el mecanismo está en diseño, indicó, alertando que “esto es menos del 10% del total de las emisiones gravadas, así que en realidad es un problema que estamos abordando entendiendo que la urgencia está en los contaminantes globales”.

El economista de la Usach explicó que el certificado se gesta cuando se verifica que el cambio de tecnología, por ejemplo, un cambio de diésel a un sistema de caldera menos contaminante o bien una solución basada en la naturaleza, reduce efectivamente emisiones. “Si el proyecto se hubiese realizado con otra tecnología hubiese contaminado tanto. Ese diferencial me genera un crédito. Eso se verifica, se certifica y se crea el certificado de reducción de emisiones”, apuntó.

Otro punto del proceso de homologación y compensación a considerar, según el Jefe de la división de Información y Economía Ambiental del MMA, es que una vez el titular del certificado lo vende a otro, “ya nadie más puede usarlo. Se cancela en quien me audita, y con este certificado, como empresa gravada compenso, y ahí termina el sistema año a año”.

La autoridad se detuvo en los principios del SCE para informar que no se permite que las reducciones provengan de fuentes emisoras afectas al impuesto verde. Aparte de ser medibles, verificables, y permanentes, una condición “muy relevante” para su certificación, agregó Víctor Caro, es que deben ser adicionales. Acá, el desafío es “cómo podemos determinar la adicionalidad; acá es muy importante decir que este proyecto de reducción de emisiones no habría sucedido si no tuviese el financiamiento adecuado a través de un sistema, por ejemplo, de compensación”, subrayó. Para comprobar la adicionalidad de un proyecto es fundamental calcular la línea base, esto es, lo que ya se está compensando, y ese ejercicio no es fácil de realizar, señalan desde el ecosistema. Los principios también rigen los contaminantes locales, y establecen que las reducciones tienen que ser en la misma zona donde se generaron las emisiones.

Según cifras reportadas a la Superintendencia del Medio Ambiente, los contaminantes globales han predominado en la recaudación por cobro del impuesto verde en el período 2017-2022. En la medición del último año, 48 empresas fueron gravadas por la emisión de CO2, equivalente al cobro de US$ 145 millones. De cara al 2030, la oferta potencial se juega en el sector de la energía, con “un tremendo desafío en los vertederos. Es otro mundo que debemos abordar y que hoy no está siendo parte del sistema”, estimó.

En su intervención, la autoridad dio cuenta de la clara brecha entre oferta y demanda que marcó el despegue del sistema en 2023. Mirando la torta completa, el SCE grava cerca de 30 millones de toneladas, pero del 100% se compensa solo el 1%. “Si todos quisieran compensar, en vez de pagar el impuesto, la oferta potencial es solo de 3 millones de toneladas, o sea, queda un 9% que puede ser cubierto por proyectos de reducción de emisiones que hoy están disponibles. Y hay un gran espacio para la generación de nuevos proyectos de reducción, donde el financiamiento adicional es de US$ 150 millones”, analizó.

Para la versión 2024, la meta del ministerio es duplicar las toneladas compensadas en el ejercicio 2023, a 500 mil toneladas. Hay tres acciones definidas para lograr dicho objetivo: la inclusión de Biocarbon y Cercarbono como nuevos programas de certificación, ambos aprobados por la respectiva cartera, cuya decisión se oficializará en los próximos días mediante una resolución sectorial, aseguró, el Jefe de la división de Información y Economía Ambiental del MMA. Por otro lado, el ministerio ha hecho una ampliación de los proyectos que se pueden homologar, incluyendo ahora aquellos de autogeneración y los PMGD, definidos como Pequeños Medios de Generación Distribuida, que generan energía a mayor escala que un sistema residencial, pero a menor nivel que un “utility scale” -proyectos de alta inversión, con procesos de conexión con el Coordinador Eléctrico Nacional y estudios medio ambientales extensos- teniendo como potencia un máximo de 9 MW.

Dentro del eje de facilitar la participación y comunicación entre los actores, el ministerio convocará a la segunda rueda de negocios del año, fijada para el lunes 9 de diciembre, en formato virtual. Por último, el personero de gobierno reforzó el deseo de aumentar la capacidad del modelo, así como generar un mix de políticas públicas que se relacionen con el precio del carbono, y vincular el SCE al artículo 6 del Acuerdo de París, el que permite a los países cooperar voluntariamente para alcanzar objetivos de reducción más ambiciosos mediante el intercambio de créditos de carbono.

Mecanismo de flexibilidad

Las compensaciones del impuesto verde durante el primer año del SCE se vieron reflejadas en la operación Renta 2024. Las reducciones provinieron en su totalidad de 8 proyectos de generación eléctrica renovable y, desde la perspectiva de la demanda, fueron cuatro establecimientos gravados los que compensaron parte de sus emisiones. A través de su asesoría a titulares de los mencionados proyectos, EnergyLab participó activamente en el proceso, colocando el 35% de la oferta. Cristián Mosella, Director Ejecutivo de la consultora recordó cómo fue el debut del nuevo esquema. “Fue una operación bien pequeña, era el primer año, había harto de desafío, incertidumbre, ciertas indefiniciones, dado que era un proceso nuevo. El reglamento recién tiene un año, cuando estábamos haciendo esto tenía un par de meses, y nos encontrábamos en las primeras conversaciones con los sujetos gravados y desarrolladores de proyectos, intentando que hicieran transacciones”, describió.

El especialista es un conocedor de los mercados de carbono, con casi 20 años de experiencia profesional en dicho ámbito. Desde ese sitial, partió recordando por qué estos mecanismos avanzan en el mundo. En ese sentido, destacó la flexibilidad que ofrece el SCE, al facilitar a las empresas el cumplimiento de las leyes vigentes, incentivando la búsqueda de las mejores alternativas. “No solo detona que se activen inversiones en proyectos que reducen emisiones, sean globales o locales, sino que al menos garantiza que esos recursos vayan hacia proyectos de esa connotación y no que se diluyan en el erario fiscal, que muchas veces pueden no terminar en proyectos que se condigan con el espíritu del impuesto verde”, advirtió.

El ingeniero civil de la Pontifica Universidad Católica de Chile hizo mención a la señal de precio en Chile, que, si bien dijo es baja, y está desviada del actual precio social del carbono, es una señal que en cualquier minuto puede crecer en términos de valor. De hecho, para reforzar esta idea y el carácter impredecible que puede tomar el precio, Cristián Mosella consignó lo que está sucediendo en el Parlamento, donde avanza una posible alza transitoria de US$ 5 por tonelada al impuesto verde, con lo cual se busca aumentar la cobertura del subsidio eléctrico.

Según el análisis del experto, quien ha aportado activamente en la discusión y elaboración de políticas públicas asociadas al crecimiento sostenible y bajo en carbono, dicha señal lo que busca es “reactivar proyectos que estaban medios dormidos”, en un mercado donde, “por lo menos hay un poder de compra más claro y un volumen importante que, como mencionaba Víctor, excede la capacidad de oferta de proyectos que tenemos hoy y, por lo tanto, es una señal interesante para los desarrolladores, a mantener estos proyectos operando”, acotó.

Al hablar de oportunidades concretas, el profesional reparó en la posibilidad de acotar riesgo frente al impuesto verde para los sujetos gravados, ya que “yo accedo a un activo porque controlo la medida de mitigación fuera de la instalación gravada, pero sí puedo tener instalaciones dentro de mi grupo de empresas o puedo tener un contrato con un generador de compensaciones y con eso mitigo riesgo”. En iniciativas de rellenos sanitarios y de residuos hay espacio para generar adicionalidad -no habrían ocurrido en ausencia del proyecto que las genera-, indicó el Director Ejecutivo de EnergyLab. “Aquí no se pone en riesgo la integridad ambiental, ya que son proyectos que en el día a día requieren de ingresos, porque si no, no cubren los costos asociados a la termo degradación”, graficó.

La consultora organizó en octubre pasado junto a CLG Chile el exitoso Primer Foro del Carbono en Chile. En ese encuentro, el Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la PUC oficializó la creación de la primera Asociación de Carbono de Chile, gremio que buscará acelerar las conversaciones que permitan desarrollar adecuadamente el mercado, en el caso, por ejemplo, de extender el vintage de las certificaciones. Por los tiempos que tiene el proceso de emisión de crédito es muy fácil que “venzan” o queden no elegibles desde el punto de vista del vintage.

Coincidió con Víctor Caro que el bajo nivel de oferta es un desafío, sumado a la necesidad de “rediseñar levemente” algunos aspectos del reglamento que le den cabida a ciertas iniciativas que están detenidas ante los estándares internacionales. Por último, hizo notar la escasez de auditores en Chile que puede tornarse en un cuello de botella.

Plataforma habilitante

En su primer año de ejecución, el programa de Corfo, Transforma Cambio Climático (TCC), ha jugado un papel gravitante como socio estratégico del Ministerio del Medio Ambiente en facilitar el encuentro de los actores del nuevo Sistema de Compensación de Emisiones. Esta acción se enmarca en la iniciativa Fomento, Difusión de Nuevas Fuentes de Financiamiento Verde del TCC trabajando de la mano con el SCE a cargo del área de Economía Ambiental de la cartera ministerial.

“Nuestro papel en el SCE tiene que ver con el rol que tenemos como plataforma habilitante. Nuestra visionalidad es cómo ponemos esos instrumentos y cómo apoyamos la difusión de lo que hoy se está haciendo, para que de ese 1% del que nos hablaba Víctor podamos avanzar, por lo menos, este año, en un 50%”, dijo esperanzada la gerenta del TCC.

En este escenario, Irina Reyes explicó que para llegar a más y mejores desarrolladores de proyectos, el TCC ha intentado hacer un levantamiento muy incipiente, pero que se hará de manera más estructurada durante el 2025 con estas ruedas de negocio, a fin de identificar desarrolladores que hayan ejecutado proyectos de transferencia tecnológica o de otras subdirecciones de Corfo, de manera de conectarlos con estos grandes contribuyentes, buscando reducir asimetrías de información y asimetrías relacionadas a brechas territoriales, en respuesta a los lineamientos de su visión.

En el marco de esta iniciativa, la también fundadora de Reversible resaltó el trabajo de visibilización de la próxima Banca de Desarrollo que se discute hoy en el Congreso y donde se está prospectando la intervención financiera que hacía Corfo. “La idea es que aquellos proyectos que hayan egresado exitosamente de Corfo puedan pasar al financiamiento de la banca, mientras se trabaja en la taxonomía que se está uniendo”, afirmó.

En la ocasión, la administradora pública de la Universidad de Santiago de Chile subrayó que para dar cumplimiento a lo que mandata la Ley Marco de Cambio Climático y sus desafíos de largo plazo, el programa está implementando una hoja de ruta para involucrar al sector privado en la reducción de GEI y uso eficiente del agua.

Tras un levantamiento de información, contó que se priorizaron 6 brechas y un grupo de iniciativas ligadas al involucramiento del sector privado y público. Se evidenció una baja capacidad de las pymes, por lo que el programa está enfocado en cómo las empresas pueden implementar innovaciones tecnológicas. Además, apoya a empresas que no tienen demanda suficiente para su oferta sostenible, como fue el ejemplo que evidenciaron con Karün. El TCC trabaja 3 ejes para alcanzar sus metas: desarrollo regenerativo y resiliencia, transformación productiva y territorios sostenibles.

Al hacer un balance del primer año del Transforma Cambio Climático, la Gerenta del programa apuntó a que “hoy nos convocan seis iniciativas emblemáticas o frutos tempranos en la metodología de hoja de ruta. La primera es apoyar el levantamiento de una cartera de arranque de bienes públicos; lo que estamos haciendo es un ordenamiento de los bienes públicos y de productos que se han financiado en Corfo para que estén disponibles y puedan ser reutilizados, revisados y se sienten a conversar los sostenedores de esos proyectos”.

En este repaso anual, consignó que están realizando una consultoría para poder integrar el sello azul de la Agencia de Sustentabilidad con lo que es Huella Chile, en un mecanismo de registro y medición voluntario. “Pero, a su vez, estamos impulsando parques industriales sostenibles y vamos a sentar las bases con la metodología de comités de gestores”, congregando, dijo, a distintos actores del ecosistema. El programa cuenta con otras dos iniciativas de fuentes sostenibles de agua y almacenamiento energético que van de la mano de las anteriores mencionadas.

Reflexiones finales

Al cierre del Webinar, Víctor Caro destacó que se ha ido generando una política pública bien conversada, lo cual definió como una virtud, donde cada uno tiene un rol. En la ocasión invitó a los grupos de interés a revisar el reglamento del SCE y los estándares internacionales, agregando que el ministerio tiene “la aspiración de incorporar las condiciones habilitantes para que esto florezca”.

Con la inclusión de los dos nuevos estándares latinoamericanos dijo además que se generará “mayor acercamiento a nuestra realidad” y se acortarán las barreras de entrada.

Por su lado, Cristián Mosella coincidió en que se ha tratado de una política pública muy dialogada y que la existencia de estos mecanismos es posible “porque hay una regulación”. Además, dijo esperar que a través de la primera Asociación de Carbono de Chile se pueda facilitar el camino de proyectos de pequeña o mediana escala, los que quizás requieren un régimen más abreviado. De igual manera, consintió en la necesidad de reactivar proyectos de rellenos sanitarios y en asegurar la predictibilidad de los mecanismos de flexibilidad.

En su mensaje final, Irina Reyes junto también con invitar a los asistentes a conocer más sobre el TCC en sus plataformas sociales, puso hincapié en la gobernanza de Corfo, que, si bien depende del financiamiento de la corporación, su misión es articular al mundo privado y, por tanto, cuenta con un directorio presidido por Kathi Müller, de Acción Empresas.