Hace un mes, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, y la ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Singapur y ministra a cargo de las Relaciones Comerciales de ese país, Grace Fu, firmaron un Acuerdo de Implementación sobre colaboración en materia de créditos o bonos de carbono -instrumentos financieros que representan el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono (CO₂) o su equivalente en otros gases de efecto invernadero-. Este pacto se enmarca en el artículo 6 del Acuerdo de París, que fija ciertos mecanismos para que las naciones cooperen entre sí en la compra y venta de estos permisos de emisión, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), las que representan los compromisos que, voluntariamente adquieren los Estados para hacer frente al cambio climático y contribuir al cumplimiento del objetivo de mantener la temperatura global media bajo los 2°C, -preferiblemente a 1,5°C- con respecto a la época pre industrial. De acuerdo a un comunicado oficial de la contraparte chilena, “Singapur se compromete a canalizar el valor equivalente al 5% de los ingresos provenientes de los créditos de carbono autorizados hacia medidas de adaptación climática en Chile”.

Para Singapur este es el quinto convenio de su tipo, ya que previamente ha sellado alianza con Papúa Nueva Guinea, Ghana, Bután y Perú. Para Chile es el tercero, tras haber firmado con Japón y Suiza. Para Arturo Brandt, asesor estratégico CINERGIA, el pacto con Singapur es una muy buena noticia que “abre nuevas oportunidades de inversión” para proyectos nacionales de emisiones de carbono. “Reducir una tonelada de CO2 en el sur del mundo -Latinoamérica, África y algunas partes de Asia- es mucho más barato que reducir en economías altamente desarrolladas de Europa”, explica. Al respecto, precisa que, por ejemplo, el monto que se paga por el carbono en Singapur es de unos 25 o 30 euros.

No obstante, Brandt repara en lo acotado del mercado de compradores, donde figuran Japón, Singapur, Suecia, Corea del Sur, Noruega, Australia, Emiratos Árabes y Kuwait, que “están saliendo a buscar proyectos bajo el artículo 6”, y que ven en destinos como África posibilidades tanto o más atractivas que en Chile. Por eso, considera que es muy importante que el Gobierno chileno apure el tranco para “acercarnos a esos países” y recuperar el estatus que el país ostentaba hace diez o 15 años en proyectos con este alcance.

Arturo Brandt, quien preside de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental (ACHIDAM), también considera que una buena señal, que favorecería la entrada de nuevos capitales, sería apresurar la publicación del reglamento del artículo 6, porque, a su parecer, daría certezas desde el punto de vista procedimental. “Ahí hemos sido lentos, hay que apretar el acelerador y seguir avanzando en la publicación del reglamento”, sostiene. Así también, cree que es muy oportuno que el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) defina “cuáles son los proyectos y tecnologías que va a favorecer en perjuicio o beneficio de otros”. Además, hizo hincapié en que el MMA establezca de forma clara y pronta qué porcentaje de los créditos asociados al desarrollo de un proyecto artículo 6 se quedará en Chile.

En la siguiente entrevista con País Circular, el abogado de la Universidad Diego Portales profundiza en las claves para avanzar en un mercado más profundo, en los beneficios que representan acuerdos como el firmado con Singapur, en los proyectos con mejor perfil que debiesen participar y cómo debería ser la articulación del sector público para que los privados desarrollen iniciativas competitivas.

-¿Qué significa esta colaboración para Chile y Singapur en el marco del artículo 6.2 del Acuerdo de París?

Este artículo, el 6.2, se enfoca en que los países celebren acuerdos de cooperación en los cuales se fijan las reglas para que uno de ellos compre y otro vende. Dentro de ese marco está el acuerdo que Chile firmó con Singapur el pasado 7 de abril. Se fijan ciertas reglas, procedimientos y principios bajo los cuales las entidades reguladas por el Gobierno de ese país puedan comprar. Se faculta a los regulados para que un monto equivalente al 5% de las reducciones que tienen que realizar puedan hacerlas mediante el financiamiento de compras de créditos de carbono en Latinoamérica.

-¿Qué tan relevante es Singapur en comparación con los otros dos países con los que Chile tiene este tipo de convenio?

Los proyectos que está financiando Singapur son de gran escala, incluso de 500.000 toneladas al año. En cambio, Japón está financiando en Chile proyectos bastante más chicos; acá tiene cuatro proyectos de entre 5.000 a 8.000 toneladas. Me cuesta entender cuál es la razón que hay detrás, porque tienes que juntar volumen y el volumen lo juntas con proyectos grandes de 100.000 toneladas o más. Hoy lo que es más realizable es Singapur y Suiza.

-¿Qué proyectos nacionales van a poder participar?

Singapur no fija qué proyectos, sino que habla de condiciones habilitantes, que reduzcan emisiones, que sean proyectos íntegros, que eviten la doble contabilidad, que sean cuantificables y verificables, que tengan el apoyo de las comunidades, la transición energética, pero no habla de tecnología.

-¿Hay un desafío con el tema de la adicionalidad? Dado que hay que comprobar que un proyecto efectivamente está agregando nuevas reducciones.

Sí, pero no es un tema nuevo. La adicionalidad dice relación con cuán importante es el ingreso por venta de bonos de carbono para un proyecto, es decir, si un proyecto se va a realizar igual, sin considerar ingreso por venta de bonos de carbono, ese proyecto no es adicional. En el caso de Chile, proyectos de gran escala, de generación solar, eólica puros, no son adicionales. En general, son proyectos que los compradores no quieren, y lo que están haciendo es que le están agregando el concepto de baterías, la batería es como una pila, un almacenamiento, y esos proyectos sí son calificables para este acuerdo 6.2 bajo ciertas circunstancias.

-Usted ha sido crítico al señalar que, si bien Chile fue un “early bird” en la búsqueda de acuerdos, actualmente no tiene la velocidad requerida ¿Cómo evalúa el trabajo del sector público para definir los proyectos con más ventajas competitivas y retorno ambiental? ¿Qué condiciones deben darse a nivel local para implementar el acuerdo?

Chile ha sido históricamente un gran actor en el mercado de los bonos de carbono. En el MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio, estándar de Naciones Unidas) fuimos un país estrella y te diría que del 2008 al 2015 grandes brókers, grandes compañías de trading y desarrolladores de proyectos estaban basados en Chile para cubrir Latinoamérica. Después el mercado del carbono MDL disminuyó a su mínima expresión, ya no quedó nadie, y a partir del artículo 6 se abre una nueva posibilidad. Chile está compitiendo con otros países en Latinoamérica como Paraguay, Uruguay y Perú, que también tienen acuerdos de cooperación con países que quieren comprar créditos de carbono.

Chile está al debe en varios temas y se hace urgente la publicación del famoso reglamento del artículo 6 que va a normar cuáles serán las características (de los proyectos), cómo tienes que desarrollar un proyecto desde el punto de vista procedimental y, ahí hemos sido lentos, hay que apretar el acelerador y seguir avanzando en la publicación del reglamento. Eso está en la DIPRES, después tiene que pasar a Contraloría. Siento una suerte de inquietud de algunos compradores de afuera, porque esto no está claro, y mientras no tengas reglas claras, algunos se abstienen de invertir.

Hay otros dos temas que generan harto ruido en los mercados internacionales. Primero, el tema de cuáles son los proyectos que Chile va a favorecer, aquí se habla de listas positivas y listas negativas. Sería súper bueno que el Gobierno se apurara y dijera cuáles son los proyectos y tecnologías que va a favorecer en perjuicio o beneficio de otros. Segundo, del total de los créditos que se generen bajo el artículo 6.2, hay un porcentaje que se va a quedar en casa o que el Gobierno te obliga o no te permite transferirlos, porque es una especie de fuga de nuestras Contribuciones Nacionales Determinadas. Hay un poco de pánico, porque a Chile en términos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) asociados a la creación de energía le ha ido bastante bien. Hoy tenemos una matriz energética limpia a partir de renovables que es casi el 70%. Hay ciertas metas que cumplir y ahí sería súper bueno, a fin de evitar esta incertidumbre en los mercados internacionales, que el Gobierno dijera cuál es el porcentaje de los créditos, cuando desarrollas un proyecto artículo 6, que se queda en Chile. Se habla de un 50%, otros hablan de un 70%, nadie sabe. Cuando  preguntas no hay una claridad. Sería súper bueno fijar reglas del juego claras, prontas, que ese porcentaje sea mucho menor del 50%, porque eso va a generar que seamos capaces de atraer inversión extranjera.

-¿Qué sectores tienen que recibir un impulso y qué incentivos se necesitan?

Tenemos que salir a cazar los elefantes, no las hormigas. Los proyectos que deben tener una prioridad son los solares y eólicos con batería, algunos proyectos de electromovilidad, proyectos en rellenos sanitarios para quema de metano o para quema de metano y generación de energía. Generan un volumen interesante para que podamos reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Hay otro tipo de proyectos que son más pequeños, de electromovilidad, soluciones basadas en la naturaleza, techos solares, son proyectos bonitos, atractivos quizás desde el punto reputacional, pero no mueven la aguja. El 75% de las emisiones de GEI en Chile están dadas por el sector generación de energía, y de eso, el 27% es sector de generación de electricidad. Es ahí donde debemos poner todas nuestras fuerzas.

-¿Proyectos de eficiencia energética?

Es más difícil, porque son más pequeños. Se pueden hacer, pero no hay que olvidar los costos transaccionales.

-¿Cuáles son las externalidades positivas de acuerdos como estos?

Que abren la puerta para traer inversionistas de Suiza, Singapur, Japón, eso es lo más importante, pero no es todo. Después tienes que darles las facilidades, entregar las listas positivas, decir qué porcentaje de los créditos van a entrar.

-¿Cómo debiera ser la articulación del sector público para que los privados desarrollen estos proyectos?

Con reglas claras, permanentes, con una tramitación expedita, el sector privado una vez que tiene las reglas claras sale y se mueve. Eso es lo que necesita hoy. Estamos muy bien porque firmamos con Singapur, Japón y Suiza, eso es un buen puntapié inicial, pero nos falta un montón de camino por recorrer.

-¿Cómo deberían articularse los instrumentos ya existentes con lo que va a traer la Ley Marco de Cambio Climático en referencia a las normas de emisiones?  

Estamos hablando de dos químicos distintos. La regulación autoriza, facilita y promueven el desarrollo de mecanismos de carbono y por eso tenemos el Sistema de Compensación de Emisiones (SCE) donde hay cerca de 100 regulados que tienen la posibilidad de compensar emisiones o pagar el impuesto que está en US$ 5 la tonelada de CO2. Si todas las empresas quisiesen compensar el 100% de sus emisiones, tendríamos un mercado de 32 millones y el año pasado recién estamos hablando de 4,4, -del 15%- y el año antepasado fueron 300 mil. Los proyectos del SCE están compitiendo con los mercados internacionales del artículo 6, entonces ahí tenemos un problema de precios y por eso el Gobierno se ve obligado a que no se vayan todas las reducciones para afuera.

-¿Pueden convivir acuerdos del artículo 6 con el mercado local operando bajo el sistema de compensación de emisiones del impuesto verde?, ¿la oferta de Chile es capaz de responder a ambos mercados o bien, si están dadas las condiciones, para profundizar en ambos ?

Un dueño de proyecto va a querer vender sus créditos al mayor precio posible. Si tiene un actor que le ofrece 25 dólares y otro que le ofrece 4 dólares la verdad es que no es muy difícil averiguar cuál es la respuesta y por eso el Gobierno se ve de alguna manera forzado a decir ‘no vas a poder vender todo a 25 dólares, vas a poder vender el 50%, el 30%’. El incentivo debe estar puesto donde se va a reducir más, y donde se va a lograr una transferencia tecnológica con beneficio para el país. Si tengo un proyecto que puede ser elegible para el 6.2 y puedo vender un 100% de mis reducciones afuera, por supuesto que lo tengo que hacer, porque el beneficio final para el dueño del proyecto es que tiene que tener la libertad de elegir dónde va. Además, como país nos vamos a beneficiar igual, porque hay tecnologías que van a tener reducciones en el largo plazo, los períodos de crédito son acotados, son de cinco años, 15 años máximo y, esa tecnología va a quedar en Chile, una central hidroeléctrica puede dar hasta 100 años, una central solar o eólica podría durar 20 años.

-¿Qué expectativas tiene de la evolución del precio del carbono, considerando que Chile es un mercado competitivo al ofrecer a US$ 5 la tonelada?

Ahí nos vamos a otro tema. Para que la descarbonización sea efectiva eso es un precio bajo, pero lo podemos resolver, porque finalmente cuando vendes un proyecto de generación de bonos de carbono a 25 dólares, el precio que te están pagando por la reducción es 25 no 5. Entonces si generamos un círculo virtuoso en que podemos salir a vender muchos créditos de carbono, el precio del carbono va a ser mucho más alto, pero para eso tenemos que hacer la pega bien. Hoy estamos con algunas fallas en ese sentido. Se ha hablado muchas veces del precio social del carbono, el Banco Mundial dice que tiene que ser sobre los 50 dólares, pero eso es inviable, porque ¿al final qué es lo que va a pasar? Estamos hablando que los regulados son la generación eléctrica en Chile, en gran parte, a la señora Juanita le va a subir la cuenta.