El Segundo Tribunal Ambiental aprobó el acuerdo alcanzado por la Municipalidad de La Ligua y el Centro de Servicios Héctor Cona Guzmán E.I.R.L, dando término a la demanda por reparación de daño ambiental presentada por el municipio, asociada a la extracción de aguas subterráneas en la zona.

En la resolución que aprueba el acuerdo y pone término al juicio, el Tribunal explica que “contiene las acciones u obligaciones a las que se obligan y los verificadores o plazos para su ejecución y que se cumple con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N°20.600 que crea los Tribunales Ambientales”, esto es, que implementa medidas adecuadas para hacerse cargo del eventual daño ambiental alegado.

La demanda por reparación de daño ambiental fue presentada en septiembre de 2019 por la Municipalidad de La Ligua en contra del Centro de Servicios Héctor Cona Guzmán E.I.R.L, por el potencial daño ocasionado debido a la extracción de aguas en pozos que no contaban con derechos de aprovechamiento de aguas.

El Tribunal Ambiental instó a las partes a explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo, considerando la relevancia  de la escasez del recurso hídrico en el país, especialmente en la provincia de Petorca.

En el acuerdo, la demandada se obliga a limitar su volumen de extracción de agua hasta completar 63.596 metros cúbicos sin extraer desde el punto de captación en controversia, como medida de recarga natural del acuífero.

Además, se compromete a informar mensualmente al departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de la Ligua, los volúmenes de extracción de agua respecto del punto de captación recién citado, según los datos entregados por un medidor volumétrico certificado por la Dirección General de Aguas (DGA) instalado en dicho punto de captación.

El acuerdo contempla también la realización, por parte de la empresa, de una capacitación telemática destinada al Comité de Agua Potable Rural Puyancón y a la Ilustre Municipalidad de La Ligua, en el cual se abordarán temáticas relativas al control de extracciones de agua y normativa sectorial vigente; y la implementación de un programa de capacitación a los trabajadores de la empresa que desempeñan labores en el predio agrícola donde se ubica el punto de la captación objeto de monitoreo, acerca de procesos sustentables para el desarrollo de sus labores dentro del giro de la demandada, con énfasis en la protección del medio ambiente.

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