El Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta y jurisdicción en la macrozonas norte (Arica y Parinacota hasta Coquimbo), dio a conocer este lunes 9 de diciembre su decisión sobre la reclamación interpuesta por la empresa Andes Iron en agosto de 2023 en contra de la resolución adoptada en enero de ese año por el Comité de Ministros, que calificó desfavorablemente el proyecto Dominga.

La sentencia establece que en un plazo máximo de 15 días, el Comité de Ministros debe emitir una nueva resolución sobre el proyecto Dominga “considerando que se presentaron antecedentes suficientes y se evaluaron correctamente los impactos asociados a las emisiones de MPS, a los recursos hídricos, a las AMERB, al medio marino, al valor turístico y al efecto sinérgico entre los proyectos Dominga y Puerto Cruz Grande”, además de “dictarse con una integración de ministros que no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa”.

En su reclamación, la empresa aducía varios fundamentos para dejar sin efecto la decisión del Comité de Ministros, entre ellos que es ilegal pues abiertamente contradice lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental en causa rol R-1-2017; que el proyecto ha sido rechazado exclusivamente en instancias políticas; y que Dominga  es plenamente compatible con el ordenamiento territorial y con la protección del ecosistema del territorio donde pretende localizarse, entre otros.

El fallo fue adoptado en forma unánime por la ministra Sandra Álvarez Torres y los ministros Alamiro Alfaro Zepeda y Cristián López Montecinos.

La empresa Andes Iron reaccionó señalando que “estamos muy conformes con el categórico y unánime fallo emitido por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, el cual anuló lo resuelto por el Comité de Ministros y restablece nuestra Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La resolución confirma que el proyecto Dominga cumple con la normativa vigente, además de haber cumplido con todas las exigencias para su correcta evaluación ambiental”.

En tanto, el Ministerio del Medio Ambiente, encabezado por la ministra Maisa Rojas, quien presidió la cuestionada sesión del Comité de Ministros, no se ha pronunciado en relación al dictamen del Primer Tribunal Ambiental, pero se espera que lo haga en los próximos días.

Impacto del proyecto

El proyecto portuario minero Dominga, cuya inversión es de US$2.500 millones, se localiza en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo. Su objetivo es la producción y comercialización de concentrado de hierro como producto principal y de concentrado de cobre como subproducto.

Considera la producción de 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro y 150 mil toneladas anuales de concentrado de cobre, como resultado de la explotación de dos rajos. El concentrado de hierro será enviado a través de un concentraducto subterráneo al terminal de embarque en la caleta Totoralillo Norte.

En 2013, el proyecto minero portuario Dominga, que consiste en dos minas a rajo abierto, un mega puerto, una planta desaladora, un depósito de relaves para la extracción de hierro y concentrado de cobre en un periodo de 22 años, entró a evaluación ambiental.

En 2017, tanto la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como el Comité de Ministros, definieron el rechazo del proyecto minero portuario de Andes Iron, argumentando que presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, poniendo en riesgo uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt y donde se creó la reciente área marina costera protegida de múltiples usos Archipiélago de Humboldt. Desde entonces, la empresa Andes Iron decidió buscar la aprobación del proyecto por vías judiciales, que hasta ahora han fracasado. De hecho, Dominga ha sido rechazada dos veces por el Comité de Ministros, y en dos oportunidades la Corte Suprema ha revisado las sentencias del Tribunal Ambiental; la primera vez, estableció que el rechazo entregado al proyecto en 2017 fue legal, al contrario de lo que proponía la empresa, y ordenó al Tribunal Ambiental referirse a los aspectos técnicos que motivaron ese rechazo. En la segunda oportunidad, la Suprema determinó que el caso debía resolverse a nivel administrativo, es decir, dejó la decisión en el Comité de Ministros, instancia que rechazó por segunda vez el proyecto Dominga, resolución ante la cual la empresa volvió a apelar ante el Primer Tribunal Ambienal, cuya resolución se da a conocer ahora.

Alianza Humboldt

Mediante un comunicado de prensa, la Alianza Humboldt rechazó la decisión del Primer Tribunal Ambiental señalando que esta instancia “excede sus atribuciones para favorecer a Dominga”. Esta Alianza, que reúne a organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, junto a las comunidades locales, anunció que impugnará el fallo ante la Corte Suprema.

“Nos parece que esta sentencia contiene claras ilegalidades, el Tribunal ha excedido sus facultades de manera notoria. No aprueban directamente el proyecto, pero hacen una orden detallada para forzar la voluntad del Comité de Ministros, lo que en la práctica es lo mismo y una evidente vulneración de la ley”, aseveró Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA.

“El tribunal ambiental olvida su rol que es el de revisar si las decisiones que ha tomado el Comité de Ministros están dentro de la legalidad o no y, en su lugar, pretende que la forma en que el propio tribunal analiza los antecedentes técnicos es la forma correcta, eso es inadecuado y es un incumplimiento directo de la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales, esperamos que la Corte Suprema conozca y finalmente anule”, agregó el abogado que representa a la organización de conservación marina Oceana en el litigio.

La directora ejecutiva de Oceana en Chile, Liesbeth van der Meer, afirmó que “el tribunal cuestiona la probidad de los ministros y ministras que rechazaron el proyecto, una afirmación osada y que está fuera de sus atribuciones”. “Si entramos en el terreno de la probidad, hubiera sido bueno que el tribunal se pronunciara entonces sobre los múltiples casos en los que el proyecto Dominga se ha visto envuelto precisamente por conflictos de interés y corrupción”, añadió.

Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental, parte de Alianza Humboldt, aseguró que “nos preocupa la decisión del tribunal ambiental, creemos que se equivoca en varios de sus argumentos, y, en consecuencia, deja en desprotección al ecosistema del archipiélago de Humboldt y a las actividades económicas sustentables que las comunidades que allí habitan realizan desde tiempos inmemoriales”.