Diferentes fueron las posturas parlamentarias tras la exposición ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados que realizaron el Canciller, Andrés Allamand, junto a la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en donde expusieron los argumentos del gobierno para no suscribir el Acuerdo Regional Sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

Durante la sesión, que también contó con la participación de diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las autoridades del Ejecutivo explicaron las razones fundadas en cuatro principios para no adherir al acuerdo,  basadas principalmente en que el tratado propone conceptos difusos y ambiguos, podría afectar la soberanía nacional, poseería un carácter supra legal que generaría incertidumbre jurídica, y finalmente, que Chile podría ser llevado a tribunales internacionales de justicia.

Al respecto, la ministra Schmidt afirmó que “el problema no está en la participación ciudadana, ni en la justicia ambiental, ni en el acceso de información, está en la forma en que se encuentra redactado, lo que hace que este tratado, que es supra legislativo, genere cambios para todos los chilenos y chilenas”.

Soberanía y tribunales internacionales 

Uno de los puntos que causó mayor roce en la discusión parlamentaria fue la posibilidad de que Chile pudiera ver afectada su soberanía por suscribir el acuerdo. Al respecto, la diputada Carmen Hertz (PC) afirmó que “no podemos pretender que ahora nos dimos cuenta de una serie de deficiencias, cuando fuimos nosotros los que redactamos el Acuerdo. Todos los tratados internacionales limitan de alguna manera la soberanía, es su esencia”.

Sobre este mismo tema, el presidente de la Comisión de RR.EE. de la Cámara, Jaime Naranjo (PS), señaló que “se habla de que nuestro país perdería parte de su soberanía: esto me recuerda aquellos discursos trasnochados de la década de 1990, que cuando firmábamos acuerdos internacionales también estábamos perdiendo soberanía y en ningún caso la perdimos (…) En qué queda la credibilidad de nuestro país en el ámbito internacional: somos un país que toma un rumbo y luego cambia de dirección”.

Por su parte, manifestando una posición similar a la del gobierno, el diputado José Miguel Castro (RN) argumentó que “yo sería muy cuidadoso, sobre todo viviendo en la Región de Antofagasta, con algo que pueda generar un problema como el que tuvimos con la Corte Internacional de Justicia de La Haya: incluso yo pediría que se redoblen los esfuerzos en esta materia si nos enfrentamos a algo así”.

Ante los requerimientos de la comisión sobre esta materia, el ministro Allamand afirmó que “la imagen de Chile, desde el punto de vista de la ambición y aspiración ambiental, está claramente consolidada”, y agregó que están estudiando y siguiendo el proceso de discusión parlamentaria en países como México, Perú y Argentina. Al respecto, la diputada Maya Fernández (PS) planteó que “no estamos teniendo ningún debate como otros Congresos. Estamos aquí simplemente escuchando las negativas del Presidente Piñera y de los ministerios para no firmar Escazú”.

Legislación ambiental y conceptos “difusos”

Otro de los aspectos de la argumentación del Ejecutivo para no firmar el Acuerdo que fue cuestionado por los parlamentarios fue el de su carácter de supremacía legal sobre la legislación ambiental chilena. El diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal) calificó este argumento como “verdaderamente vergonzoso, pobre, rebuscado y en última instancia engañoso. La verdad es que todos los acuerdos que firmamos en esta comisión poseen ese carácter, es natural. Cuando Chile firmó acuerdos de primer orden en materia internacional, y luego pasó a los de segundo que tocaban temas de responsabilidad empresarial y de género, ¿acaso fuimos lo suficientemente explícitos en ellos? La verdad es que no, porque solo se definen aspiraciones”.

Por su parte, el diputado Félix González, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara e invitado a la sesión, afirmó que “los contenidos del tratado en ningún caso son ambiguos, eso es una falacia: son amplios, porque en este caso los derechos ambientales deben serlo, pero al gobierno no le gusta que sean así. Con este tipo de Derecho y Constitución tenemos situaciones como la de Quintero-Puchuncaví”.

Los argumentos del gobierno, no obstante, fueron defendidos por los parlamentarios oficialistas. El diputado Francisco Undurraga (Evopoli) señaló que “nosotros tenemos una política medioambiental que sin duda es perfectible, pero que da resultados contundentes, por ejemplo lo de Pascua Lama: no es que estemos en la prehistoria en políticas medioambientales”.

Por su parte, al girar la discusión sobre la participación ciudadana en materia ambiental, el diputado Sebastián Torrealba (RN)recordó la tramitación de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). “A mí me llama mucho la atención, con mucho cariño se los digo a los parlamentarios de oposición, que cuando empezamos a discutir la modernización del SEIA, que involucraba más participación ciudadana, la oposición se negó. Es decir, a la hora de los ‘quiubos no lo hicieron”, declaró Torrealba.

Al respecto, el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social) afirmó que “hoy en día no existe la posibilidad de las comunidades de acceder a la justicia o defensoría, es bastante simbólico y no existe en la práctica. Esto da más herramientas para que las comunidades puedan defender su territorio”.