Comisión de Medio Ambiente continúa análisis de evaluación de impacto ambiental en proyectos forestales
La sesión legislativa contó con la presencia de Hernán Brücher, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), quien abordó la posición del instrumento respecto a eventuales modificaciones en los literales del Artículo 10 de la ley 19.300 que indican los tipos de proyectos a ser evaluados.
La comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales trató este lunes 21 de septiembre nuevamente el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, para someter a la evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal (Boletín N° 11.696-12).
Para la discusión parlamentaria se citó al director ejecutivo del SEA, Hernán Brücher, quien sugirió tres lineamientos generales a considerar en esta materia legislativa. Según Brücher, el SEA es un instrumento de tercer orden por lo cual hay que tener en consideración previa, por ejemplo, los planes de manejo sectoriales, “que ya abarcan componentes medioambientales”, de forma que “no se traduzca en una segunda evaluación”.
En este sentido, Brücher también argumentó que un aspecto a ponderar es el número de proyectos que ingresarían tras la modificación del literal en el artículo 10 de la ley de Medio ambiente, y en esta misma línea, si existe capacidad en el SEA para garantizar un trabajo adecuado: “Las cifras indican que han aumentado la cantidad de evaluaciones para el SEA, pero no los evaluadores”, agregó, planteando también una posible desmotivación de los pequeños agricultores para plantear proyectos debido al alto costo que representa el SEA.
Por último, la sesión giró en torno a si el SEA es el instrumento adecuado para evaluar impactos que actualmente la legislación no permite abordar en suelos forestales. De esta forma, la comisión acordó citar en las próximos dos sesiones a Victoria Saud, gerente general de CORMA; a Cristian Echeverría, profesor titular de la Universidad de Concepción y director del Laboratorio de Ecología y Paisaje (LEP); además de Jorge Aranda, investigador del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile.