Canciller Allamand reitera posición del gobierno de no firmar Acuerdo de Escazú
El plazo para firmar el tratado internacional vence el próximo 26 de septiembre, y según expuso el ministro de RREE en el Senado, la jerarquía jurídica para la legislación ambiental chilena sería uno de los puntos principales para no adherirse. Afirmó que el tratado “en sus actuales condiciones es inconveniente para el país”.
Dos años han pasado desde que Chile encabezó el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Política y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Y hoy, a prácticamente dos semanas de la firma del tratado, el ministro Andrés Allemand reiteró ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que el actual gobierno mantiene su posición de no adherirse al citado pacto ambiental.
Según titular de la Cancillería, son cuatro los focos que impiden la suscripción nacional al Acuerdo de Escazú. El primero de ellos posee relación con “el contenido de los cambios en la legislación ambiental chilena que traería la aprobación del tratado, porque la jerarquía de este implica cambios y estamos calibrando esto”, dijo Allamand.
El segundo punto, agregó, está relacionado con el alcance interpretativo del documento internacional: “Por ejemplo, en el capítulo 3 que se refiere a los principios, se incorpora un conjunto sin naturaleza, es decir, sin definición”. Y en esa misma línea, agregó que se encuentra en revisión “la naturaleza de las obligaciones y compromisos que Chile se vería responsabilizado”, esto en virtud de “la contingencia judicial, de la posibilidad de que por el tratado Chile pueda ser llevado a tribunales internacionales”, afirmó, reiterando uno de los principales argumentos del gobierno para no adherir a Escazú.
Por estas razones, dijo el ministro, el Acuerdo de Escazú no presentaría las condiciones jurídicas satisfactorias para que el gobierno se adhiera: “No ha cambiado la opinión del gobierno, es decir, en sus actuales términos es inconveniente para el país, pero estamos analizando el documento y prestando especial atención a las declaraciones interpretativas que puedan gestarse a partir de este tratamiento jurídico” expresó.
La exposición del ministro Allamand tuvo una recepción más bien negativa en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde rápidamente se hicieron ver críticas respecto a la credibilidad internacional de Chile en cuanto actuó como impulsor del tratado y ahora se niega a firmar. El senador Iván Moreira dijo que “es muy importante en esta materia la claridad, independientemente de la razón que se adopte, pero todos tenemos que ser muy cuidadosos”. Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber indicó que “más temprano que tarde Chile firmará este acuerdo, de manera inexorable todos caminamos hacia allá”.
Actualmente, el Acuerdo de Escazú cuenta con 22 estados suscritos, es decir, que han firmado; sin embargo, como el mismo tratado lo estipula deben existir, al menos 11 ratificaciones para que entre en vigor. Hasta ahora 9 estados han ratificado su iniciativa: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y Las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, y Uruguay.
Según dijo el ministro Allamand, “nosotros estamos siguiendo atentamente este proceso porque el Acuerdo de Escazú no admite reservas, pero sí admite declaraciones interpretativas. Estamos estudiando este último aspecto en México y en Perú para ver cómo se están aproximando al tratado, ya que una decisión de esta naturaleza amerita la mejor comprensión de todas las partes”.