Prohibir la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas, con el objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es el punto central del proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados (boletín 13196).

En concreto, la iniciativa, ya aprobada en general el pasado 27 de octubre de 2020, prohíbe la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctrica a carbón en todo el territorio nacional. Además, determina que la norma comenzará a regir a partir del 31 de diciembre del año 2025 para las plantas que tengan menos de treinta años de antigüedad.

Según plantea el texto legal, informado por el diputado Gastón Saavedra (PS), estas instalaciones no solo son protagonistas de la generación de gases de efecto invernadero, sino que también produce daños nocivos en la salud de las personas y externalidades negativas en los suelos y agua donde se encuentran instaladas.

En Chile existen una veintena de centrales termoeléctricas a carbón en operación con una potencia instalada de 5.529 MW, ubicadas en Iquique, Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví, Curicó, Hualpén y Coronel.

En todas estas localidades se superan las normas de calidad del aire, por lo que han debido ser declaradas zonas saturadas de contaminantes atmosféricos y sometidas a planes de descontaminación.

Debate

En la discusión intervinieron Catalina Pérez (RD), Félix González (PEV), Gastón Saavedra (PS), Ricardo Celis (PPD), Rubén Moraga (PC), Ramon Galleguillos (RN), Joanna Pérez (DC), Pedro Velásquez (IND), Frank Sauerbaum (RN), Diego Ibañez (PCS), Amaro Labra (PC) y Sebastián Torrealba (RN).

La mayoría valoró el avance en términos medioambientales y de salud pública que genera el proyecto, destacando la actualización de la normativa vigente, el cumplimiento de tratados internacionales y la generación de “justicia ambiental y social” en las comunidades afectadas.

Sin embrago, se alertó sobre la necesidad de que el Gobierno implemente medidas para resguardar las fuentes laborales que se verían afectadas, garantizando una transición justa para las y los trabajadores. Además, se resaltó el eventual riesgo de alza en los costos de los servicios de electricidad al generar un cambio en la matriz energética sin hacerse un proceso de transición gradual.

Sobre dicho punto se refirió el ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, quien aseguró que “si de mí dependiera, las cerraría mañana”, pero esto no es posible porque de cerrar las centrales termoeléctricas antes de lo previsto, significaría comenzar electricidad con petróleo que, además de ser igual o más contaminante, es mucho más cara.

Asimismo, alertó de que en el país aún no existen sistemas de transmisión que permitan inyectar de forma eficiente la energía generada por fuentes renovables.

Frente a ello, señaló que el Gobierno trabaja constantemente en la descarbonización de la matriz energética, adelantando los plazos que se habían propuesto, por lo que llamó a no aprobar “un proyecto que simplifica a nivel de lo absurdo un problema muy complejo” y se sigan buscando los espacios para cerrar pronto las centrales a carbón.

En esta misma línea, se presentó una indicación que establecía que las plantas de generación termoeléctrica a carbón cesarán su operación en todo el territorio nacional a partir de la entrada en operación normal de la conexión en corriente continua entre las subestaciones Kimal y Lo Aguirre, la que fue rechazada por 72 votos a favor, 63 3n contra y 10 abstenciones.

El resto del articulado fue respaldado por 93 votos a favor, cinco en contra y 47 abstenciones, pasando a segundo trámite al Senado.