“Esta es la primera vez que nosotros tenemos voz y voto, se habla mucho de la participación ciudadana, pero se cumple muy poco, lo que nosotros queremos es que sea como se hizo ahora”, nos comentó Omar Turres, representante de la Agrupación Ecológica Sembrar el Desierto de Vallenar, al término de uno de los procesos impulsados por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.

Se trataba de un proyecto fotovoltaico que decidió sumarse a los Acuerdos Voluntarios de que se pilotearon entre el 2014 y 2018. Era un gran desafío, ya que esa comunidad había experimentado conflictos ambientales importantes.

Pasados varios años, la urgencia por involucrar a los territorios sigue vigente y el gobierno del presidente Boric ha decidido darle un nuevo impulso. La primera señal fue la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, seguida de la revitalización y adaptación del instrumento de política, Acuerdos Voluntarios de Participación Temprana, nacidos en 2014 en formato de piloto y que hoy toma nuevas fuerzas.

No se trata de cumplir con una ritualidad para obtener licencia social, sino de un real compromiso y convencimiento de que las comunidades son capaces de enriquecer los proyectos, hacerlos propios y entregar mayores niveles de certeza a los inversionistas.

En los próximos años, los territorios recibirán inversiones necesarias para combatir la crisis climática. Lo que hace algún tiempo enfrentó Vallenar, con la instalación de paneles fotovoltaicos, hoy lo vivirá Magallanes con la infraestructura para desarrollar hidrógeno verde. Otras regiones también verán un impulso y  nuevas oportunidades derivadas del compromiso de descarbonización.

“La lucha contra la crisis climática va a ser una de las impulsoras de las inversiones en Chile”, nos asegura el ministro Nicolás Grau. Al mismo tiempo, se nos alerta e invita a que esta transición se haga de forma Socio-Ecológica Justa. ¿Qué significa eso? Avanzar hacia un desarrollo sostenible, “para que los costos no los paguen los mismos de siempre y que los beneficios se repartan ampliamente”, explica la ministra Maisa Rojas. Esto también conlleva  que las comunidades sean escuchadas, participantes e incidentes en el diseño de los proyectos que sus territorios recibirán. En la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático creemos que la coordinación público-privada bien llevada, con metodologías claras y metas verificables, será un mecanismo que facilitará la inversión, entregará mayores niveles de certeza y mayor bienestar a todos y todas.

Sabemos que la participación es mirada con desconfianza por algunos más acostumbrados a operar desconectados de los territorios que pretenden habitar, pero los hechos nos han demostrado que ella no solo es el único camino, sino que es la mejor oportunidad para fortalecer las inversiones, reducir los conflictos y darle sostenibilidad a los proyectos.

En el Ministerio de Economía y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, trabajamos a toda máquina para estar a la altura del desafío. Hacer las cosas bien desde un comienzo, generará confianza entre los actores, ahorrará conflictos, dinero y tiempo a inversionistas y dará garantías de sostenibilidad ambiental y social a las comunidades. ¡Win win!