El 4 de julio de este año, el río Guadalupe en Texas subió más de nueve metros en menos de cinco horas. Las alertas meteorológicas funcionaron. Los modelos anticiparon el riesgo. Pero más de 100 personas, incluidos niños, murieron. ¿Por qué? Porque entre la advertencia y la acción, las instituciones fallaron otra vez, y en uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo.

Esta tragedia es dolorosamente familiar para quienes trabajamos en gestión hídrica en Chile. En agosto de 2023, durante una crecida repentina del río Lontué en la Región del Maule, ocurrió algo parecido. A las 2:00 AM, una alerta automática enviada por AMARU 一software para visualizar datos y gestionar el agua de los ríos 一 a través de WhatsApp llegó a una dirigente de la junta de vigilancia del río. Aunque no tenía atribuciones de emergencia, ella reaccionó de inmediato: llamó a las autoridades e intentó activar protocolos, pero no fue suficiente.

¿Por qué no? Porque la estación que activó la alerta no era parte del sistema oficial. Las autoridades no confiaron en una fuente “no institucional”, aunque fuese precisa y en tiempo real. Y cuando las instituciones ya constataron el peligro de la crecida horas después, ya era tarde. No hubo víctimas fatales, pero sí consecuencias evitables. La diferencia entre “actuar” y “reaccionar” puede ser de minutos.

Hoy, la tecnología existe. Es robusta, accesible y puede integrarse fácilmente a sistemas de alerta y prevención. Pero seguimos atrapados en una cultura institucional que privilegia lo conocido, lo jerárquico y lo lento. Frente a escenarios climáticos cada vez más extremos, esa inercia es peligrosa.

Chile tiene 101 cuencas, 491 subcuencas y 1.481 sub-subcuencas. Cada una con comunidades que podrían enfrentar, en cualquier momento, un evento como el del Guadalupe o el del Lontué. Y sin embargo, no existe una política nacional clara para integrar tecnologías modernas de monitoreo ni una hoja de ruta para que los distintos actores —gobierno, juntas de vigilancia, empresas, municipalidades— coordinen respuestas en tiempo real.

Lo que ocurrió en Texas no fue una fatalidad inevitable. Fue una omisión institucional. Y lo más grave es que ni siquiera la muerte de más de 100 personas parece cambiar la actitud de las instituciones que deben protegernos. No necesitamos más diagnósticos, sino tomar decisiones
reales ante este nuevo escenario que nos presenta el cambio climático.

Cada minuto cuenta cuando crece el caudal de un río en este tipo de eventos, por lo que cada decisión institucional puede marcar la diferencia entre una tragedia evitada o una vida perdida. Es hora de avanzar con coraje hacia un nuevo estándar de gestión del riesgo climático: uno que escuche a la tecnología, confíe en los datos y actúe con sentido de urgencia.