Hace 50 años que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Cada 5 de junio, desde 1973, la Organización de Naciones Unidas (ONU) a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), busca generar conciencia sobre el cuidado y protección de nuestro entorno natural, y lograr mayor alcance en los desafíos ambientales que enfrentamos como sociedad, siendo la crisis climática y sus efectos en el futuro de la humanidad las principales preocupaciones a tratar.

En esa línea, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), han sido el marco de orientación más conocido para promover un horizonte de desarrollo más sustentable. Sin embargo, dichos desafíos atraviesan un escenario adverso, tanto en lo económico con el cuestionado modelo de desarrollo basado en el capitalismo global, como en lo político en cuanto a las dificultades de gobernanza entre distintos niveles, para consolidar agendas compartidas y marcos de acción orientados a la protección del medio ambiente.

En Chile, durante los últimos años se han implementado diferentes avances que promueven el cuidado del medio ambiente. Este es el caso de la reciente Ley Marco de Cambio Climático, la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, y en estos días se discute el Proyecto de Ley para la Naturaleza que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). En general, las iniciativas más valoradas en función del contexto de cambio climático son la instauración de áreas protegidas.

En materia de protección, a nivel nacional, las cifras del Ministerio de Medio Ambiente indican que, en la actualidad existen 227 áreas protegidas, las que, en su totalidad representan una superficie de 166,14 millones de hectáreas. De esto, 198 se encuentran en superficie terrestre, equivalente al 87% del total, las que se desagregan en 93 Santuarios de la Naturaleza, 43 Parques Nacionales, 24 Reservas Nacionales, 20 Reservas Forestales y 18 Monumentos Nacionales. Por su parte, 29 áreas protegidas corresponden a ambientes marinos, distribuidos en 13 Áreas Marinas Protegidas, 11 Parques Marinos, y 5 Reservas Marinas. A pesar del mayor número de áreas protegidas en ecosistemas terrestres, cerca del 90% de la superficie protegida en el país corresponde a ecosistemas marinos.

Por otro lado, a nivel internacional, el gobierno de Gabriel Boric ha impulsado una Política Exterior Turquesa, la que busca posicionar al país como líder internacional en la protección del medio ambiente, a través del establecimiento de áreas naturales protegidas terrestres (verde) y marinas (azul), como principal eje en el fortalecimiento de medidas de mitigación al cambio climático. Si bien el océano, en términos geopolíticos, representa un espacio de histórica y constante disputa, principalmente por intereses económicos y de soberanía, en términos de protección implica un sentido absolutamente contrario, es decir, de colaboración y alianzas entre países. Así, por ejemplo, Chile ha liderado la coalición “Américas por la Protección del Océano”, que tiene como objetivo la creación de una red interconectada de Áreas Marinas Protegidas, basada en una estrategia regional integrada por: Canadá, México, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

En este sentido, el desafío por la protección del océano parece tener buen presente. Sin embargo, no está claro su futuro y su promesa como futuro esplendor. Algunas de las mayores controversias en torno a las áreas protegidas, tanto terrestres como marinas, tiene relación con una dualidad de origen económico-productivo, y tiene que ver con la rentabilidad de las actividades que se desarrollan en esos espacios, en concreto, ¿conservación o extracción de recursos?

Podríamos pensar ligeramente que la economía del océano se limita a la pesca industrial y el transporte marítimo. De hecho, en el ODS 14 Vida Submarina se hace referencia a la protección de los ecosistemas marinos y uso sostenible de los océanos y actividades como la pesca, la acuicultura y el turismo. Sin embargo, no se mencionan los recursos mineros. En los más recientes debates en esta temática, ya se encendieron las alarmas por la avanzada en la explotación del fondo del océano a través de la minería. Sí, minería en el fondo del mar.

La discusión en torno a la minería submarina de profundidad remece los cimientos de nuestro conocimiento sobre el océano. Su relevancia actual, se debe al papel que poseen los minerales como el cobalto, cobre, molibdeno y litio para la transición energética hacia energías renovables. La obtención de estos minerales en superficie es compleja en la actualidad, lo que ha impulsado su búsqueda en otros yacimientos, como, por ejemplo, el fondo marino. En base a las exploraciones realizadas, el fondo marino del Océano Atlántico, Índico, y en particular, la denominada Zona de fractura Clarión Clipperton en el Océano Pacífico, poseen depósitos de nódulos polimetálicos, sulfuros masivos y costras, entre los 600 metros hasta los 6 km de profundidad, ricos en estos minerales. Es más, se estima que, el 96% de las reservas de cobalto, el 84% de níquel o el 79% de manganeso se encuentran en yacimientos submarinos.

Ante la creciente presión por parte de empresas y países que tienen la intención de explotar el fondo del mar y así acceder a los recursos minerales que se encuentran en él, el debate ha enfrentado diferentes posiciones al respecto. En este contexto, es que, en junio del 2022, el Gobierno de Chile, junto a otras naciones, declararon en la Conferencia de los Océanos de Lisboa la necesidad de una moratoria de la explotación de recursos mineros del fondo del océano. Esto, con el objetivo de tener mayor certidumbre sobre los alcances de la actividad extractiva en el océano. Sin embargo, si bien, sólo se habían realizado exploraciones, en septiembre de 2022, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) autorizó la extracción de nódulos polimetálicos en la Zona Clarion Clipperton en el Océano Pacífico, con el objetivo de evaluar los impactos de esta acción. En esta misma línea, recientemente se declaró que, desde julio de 2023, la ISA estará recibiendo solicitudes para la explotación del fondo del mar en diferentes zonas del planeta, a pesar de la oposición de diversas naciones y agrupaciones, que argumentan sobre los riesgos para la biodiversidad, tensiones con comunidades, y concepciones sobre el derecho propio del océano y la naturaleza.

Considerando lo anterior, creemos que, si bien, son valiosos los esfuerzos que se han realizado en cuanto a la protección de ecosistemas terrestres y marinos, y posicionar dichos temas en el corazón del Plan de Gobierno con una Política Exterior Turquesa, es importante discutir cuál es el papel que juega Chile, con sus 6.435 Km de costa en el Océano Pacífico, en cuanto a la protección de este espacio, no sólo en términos de la biodiversidad presente en él y sus recursos, sino que también, el océano como parte de nuestro patrimonio natural y cultural. A la vista, resaltan dudas que se refieren a alcanzar las metas de desarrollo sostenible y en particular, si lograr la transición energética hacia energías renovables en el corto y mediano plazo representan nuestra ruta hacia una mejor calidad de vida, pero también, la destrucción de nuestro planeta, y en este caso, de los océanos del mundo. En definitiva, creemos que es el momento para pensar en acciones no solo públicas, sino que también, de la sociedad civil, que miren más allá de lo contingente, con una perspectiva de futuro, cuestionándonos ¿hacia dónde vamos? y ¿de qué manera lo vamos a hacer?