Maturana planteó en su teoría de la cognición que “el lenguaje crea realidades”, lo que implica comprender que éste no sólo describe la realidad, sino que la moldea y transforma. Esta idea se puede aplicar al concepto de “permisología”.

En este contexto, resulta plausible reconocer que el ya famoso concepto, un claro neologismo, ha permitido construir una realidad. En efecto, cuando hablamos de “permisología” podemos asociar el concepto a las trabas que coloca la administración del Estado, mediante normas de protección ambiental a la posibilidad de inversión en Chile. Bajo esta premisa, a diario leemos columnas sobre la permisología llenas de propuestas o reclamos, pero siempre dejando en claro que es un gran problema que afecta al país.

Ante esto surgen muchas preguntas: ¿es algo nuevo?, ¿es un problema del gobierno de turno?, ¿las reglas no son claras?, entre otras que pueden surgir, las que trataremos de abordar y explicar desde nuestra evidente subjetividad.

A nuestro juicio, la permisología se asocia en gran parte a la problemática que sufren en su tramitación al ser sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), considerando su etapa recursiva y tramitaciones sectoriales asociadas, donde el reclamo se suele centrar en múltiples factores como: criterios técnicos dispares y excesivos; falta de claridad de la autoridad ambiental; componente política demasiado presente en el rechazo de proyectos; funcionarios que se oponen a los proyectos; y muchos más. En este orden de ideas, la autoridad política se defiende de estas acusaciones, culpando a titulares de proyectos y consultoras. Esta problemática siempre ha redundado en los plazos de tramitación, donde cada día adicional suele afectar financieramente a los proyectos, como también a sus desarrolladores.

Dado lo anterior, la autoridad política siempre ha tendido a atacar la aparente causa y no el problema, ya que enfoca su desarrollo reglamentario y/o legislativo en disminuir plazos de tramitación. En este gobierno, se sumó la idea de controlar al funcionario público, objeto reciente de conflicto por algunos “think tanks”, donde muchos lo ven como el articulador de la problemática de los plazos. De esta manera, se llegó al extremo de plantear una ley que ataca la permisología, creando una oficina pública encargada de supervigilar a los funcionarios públicos. Si bien esta propuesta no es inédita, ya que es la solución que ha dado el Ministerio de Economía durante todos los gobiernos, esta vez el Gobierno fue más audaz al querer institucionalizar la solución, logrando instalar un eufemismo evidente “los problemas del Estado, se resuelven con más Estado”.

Si revisamos las cifras de tramitación en el SEIA, publicadas por el mismo Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se puede observar que entre los años 2021 y 2024 el ingreso de proyectos disminuyó de 937 a 556, cifra claramente significativa, que quizás está influida por el mismo concepto en análisis. Por otra parte, en el mismo período se observa que la aprobación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) disminuyó de 497 a 292, otro valor significativo. Al revisar estas cifras, claramente se puede observar el problema, lo que se puede sumar al aumento significativo de plazos de tramitación en una DIA, que pasó de 299 a 384 días. Este último dato resulta interesante ya que puede dejar en evidencia una política pública respecto a las exigencias para las DIA, lo que por cierto no es algo casual, ya que en Chile se tomó como práctica ingresar como DIA al SEIA, presentando medidas voluntarias ante impactos que deberían ser considerados significativos.

Como podemos ver, ante este breve diagnóstico estamos ante un problema evidente. Sin embargo, creemos que también se ha impuesto una visión exacerbada del problema, usando el neologismo más bien como bandera de lucha, osea, creando realidades políticas.

En primer lugar, la burocracia es el gran problema que vivimos como sociedad hace décadas, donde la falta de modernización de la administración del Estado genera problemas no sólo en la permisología y en la vida diaria de todos los chilenos, generando diversos casos de corrupción, prebendas políticas, entre otras. Sin embargo, es comprensible que la problemática no se ataca con disminución de plazos o vigilando a funcionarios públicos, sino con una profunda transformación de la administración del Estado, convirtiéndolo en un ente moderno, profesional, como en todos los países desarrollados, donde la muy necesaria política actúe en la implementación de sus ideas respaldadas por la ciudadanía y no en una maquinaria de instalar militantes de Gobierno de turno en la administración del Estado.

Como podemos ver, hablar de permisología y sus soluciones parece más una campaña publicitaria que la realidad. En cambio, debemos hablar de burocracia y modernización del Estado, donde separar su administración de la política partidista es clave. Probablemente, con un sistema moderno y transparente, muchos de los problemas de criterios y arbitrariedades serán absorbidas por el profesionalismo, dejando la permisología como un recuerdo de una moda que vivimos post pandemia.