El gobierno acaba de anunciar una regulación para los olores emitidos por los planteles de cerdos. Es, sin lugar a dudas, una buena noticia ya que se trata de una materia pendiente en nuestra normativa ambiental.

Actualmente solo existe una norma que regula la emisión de gases que generan olor en una industria muy determinada (Gases TRS en plantas de celulosa), pero siempre hemos estado “al debe” respecto de otros sectores que no han tenido una regulación concreta en la materia.

En estos “otros” casos, la regulación se ha ido haciendo con el método del “caso a caso” a través de la evaluación ambiental de los proyectos, lo que genera a lo menos dos situaciones complejas de resolver.

La primera de ellas es la ausencia total de parámetros pre definidos, donde existan reglas del juego claras para todos los incumbentes (ciudadanía, autoridad, proponente). Eso genera asimetrías relevantes a la hora de requerir antecedentes, estándares y finalmente medidas de diseño, monitoreos, seguimiento, etc. Es probablemente el peor escenario porque implica estar un poco “en tierra de nadie” y cada autoridad, en cada región, intenta hacer su mejor esfuerzo sin mecanismos de coordinación institucional -y lo más problemático- con poco análisis técnico del panorama general.

Ello implica autorizaciones caso a caso, no equiparables entre sí, sectores sobre regulados y otros sub regulados, compleja fiscalización y un problema de fondo relevante que finalmente es la ausencia de una planificación que permita resolver la afectación de poblaciones por problemas de olores.

En la misma línea, impide contar con una visión adecuada de la ciudadanía, dificulta la participación atendido que no existe un rango de comparación pre definido y eso a la larga incide en la desconfianza en el sistema, que es probablemente el peor de los efectos y una consecuencia claramente no deseada por nadie.

Avances ha habido muchos. Hay casos de éxito en algunos proyectos, hay esfuerzo continuo por elevar los estándares, pero la necesidad de regular la cancha es urgente para que todos avancen en la misma línea. No es posible que proyectos que se encuentran en la misma zona tengan estándares tan distintos. Eso no solo genera inequidades ambientales en ciudadanos que merecen un trato en igualdad, sino que también ofrece ventajas comparativas comerciales o económicas amparadas en desempeños ambientales deficientes. Eso, desde dónde se le mire, no es bueno ni sano para nuestra economía.

La segunda situación tiene que ver con que todos los proyectos que por tamaño no requieren evaluación ambiental quedan completamente fuera del radar. No sabemos qué medidas toman, no son fiscalizables en la práctica, y por lo mismo, la posibilidad de gestión es de baja a nula. Por eso es relevante contar con instrumentos de regulación que permitan “salvar” la situación respecto de aquellos proyectos que no ingresan al SEIA. Y es que acá, lamentablemente, a veces los “chicos” son los que tienen un peor desempeño ambiental (no sólo en olores).

Desde el punto de vista de la política pública puede ser razonable darles un margen, pero hay ciertas materias en las que se requieren estándares mínimos, y los olores es claramente una de ellas por el efecto que produce en la población cercana en términos de su calidad de vida.

Por eso avanzar es necesario y la señal de dar inicio al proceso es buena. El llamado, eso sí, es a participar en el proceso y no sentarse a esperar el resultado. Sobre todo tratándose del primer avance en una regulación propiamente de olores, se requiere conocer otras experiencias (ámbito internacional), y ser muy claros al regular.

En este sentido, es clave definir correctamente el objeto de la norma, las fuentes emisoras a las que aplicará -ya que los planteles son instalaciones complejas-, los receptores a fin de determinar dónde vamos a medir, y la forma de acreditar el cumplimiento (control y seguimiento). No se trata de regular rápido, sino además de hacerlo bien. De lo contrario generaremos mucha expectativa que finalmente no contribuirá al fortalecimiento institucional que Chile necesita.

Por ello, es clave el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente, a fin de que el diseño fiscalizatorio sea armónico con las metas que queremos alcanzar.

Conforme a ello, necesitamos mirar integradamente otros instrumentos de gestión para poder regular correctamente, evitando situaciones que hoy encontramos en otros componentes ambientales (ruido por ejemplo).

Debemos ver cómo se armonizarán estas normas con las resoluciones de calificación ambiental. En este sentido, es clave resolver de qué manera un proyecto aprobado ambientalmente y cumpliendo la futura norma (que será al igual que la norma de ruido una norma de inmisión, es decir, se medirá en el receptor) se enfrenta a la situación en que durante la fase de operación aparezcan nuevos vecinos que no fueron considerados en la evaluación ambiental (esto ocurre sobre todo en zonas rurales, donde se carece de una planificación previa del uso del territorio).

Estos casos hoy carecen de una salida institucional y quedan a la libre interpretación de todos. Del que quiere ejecutar del proyecto, del fiscalizador y del que quiere llegar a vivir cerca de un proyecto existente.

Esos mecanismos de solución son necesarios de encontrar para una aplicación razonable de la normativa, que permita el objetivo de resguardar condiciones ambientales óptimas para la población sin hipotecar la posibilidad de buscar el desarrollo de proyectos de inversión que son también importantes para mejorar las condiciones de todos.

Nuevamente, en esta materia juega un rol importante la planificación territorial, instrumento que a pesar de los esfuerzos no responde en términos de oportunidad ni de alcance. No podemos, en esta materia, seguir cargándole la mano al SEIA.

Por ello, y pensando en los múltiples problemas ambientales que se constatan en el último tiempo, es el momento de regular con una mirada integradora, buscando armonizar distintos instrumentos de gestión y siendo prácticos. La sofisticación, en este caso, puede jugar en contra de la fiscalización y el consiguiente cumplimiento.

*Rodrigo Benítez es abogado experto en Derecho Ambiental, y ex subsecretario del Medio Ambiente.