Quienquiera que inicie un proyecto político de futuro este 11 de marzo, deberá entender y asimilar las implicancias y efectos de un cambio climático que tomando en cuenta las consideraciones del último informe del IPCC, deberá considerar. Este desafío, es probablemente uno de los temas que internacionalmente más merece de una fuerte colaboración y a nivel local requiere de un gran apoyo para avanzar en las medidas y adaptaciones que permitan avanzar hacia un bien común.

Últimamente se han visto las más variadas posturas que de una u otra forma buscan levantar la voz de la naturaleza, la biósfera, el agua que han generado las más encontradas y apasionadas discusiones. Mi pregunta es ¿Por qué algo que debería generar una gran convergencia y apoyo porque es la mejor fuente para legarles un mundo mejor a nuestros hijos encuentra apasionadas diferencias y no logra generar consenso? ¿Por qué se simplifica con un contraste entre hombre y naturaleza cuando la ciencia nos brinda la llave para encontrar un camino de sostenibilidad? Si bien el problema es complejo, hay 3 C´s que debemos profundizar: Ciencia, Comunidades y Constitución.

Primero, al medir biodiversidad, gases, stock y flujo se genera muchísima información válida que merece ordenarse y jerarquizarse. A diferencia de antes, hoy existe tecnología, datos y modelos que permiten entender mejor la problemática, pero necesitamos institucionalizarla en una instancia que técnicamente sea irrefutable y esté amparada en la Ciencia.

Segundo, los mayores desafíos ambientales los tenemos en diversos territorios y en muchos de éstos no existe una legitimidad como para plantear una propuesta sostenible, lo que desnuda un problema más profundo de desconfianza. Necesitamos reconocer que en algunos lugares la desconfianza en comunidades impide avanzar técnicamente con la mejor solución y para eso se deben legitimar una institucionalidad que permita enfrentarla. En este contexto, si bien las facultades de los Gobernadores, PROTs e institucionalidad no están claramente definidas, se debe partir por dos elementos que pueden generar unión a futuro: (i) anclarse en un plan de desarrollo territorial de futuro y (ii) crear ex ante una instancia técnica avalada por las personas del territorio que a futuro permita que los problemas locales tengan una solución territorial efectiva y no mediática o judicial.

Tercero, a nivel Constitucional se debe avanzar en una propuesta de consenso en donde la llave no está en la solución ambiental vistiéndola de derechos o de antagonismos con el hombre, sino en definir el mejor cómo para proteger a la naturaleza. El cómo nos lleva necesariamente a armonizar naturaleza con prosperidad, sostenibilidad y bien común en el tiempo, lo cual es la llave para generar amplios consensos.

Ahora bien, si el discurso de protección a la naturaleza no viene acompañado de una ola de inversión verde, implica un voluntarismo que va a dejar alta frustración futura perjudicando la calidad de vida de nuestros habitantes. En pocas palabras, todo lo anterior no es válido si a nivel constitucional, institucional y político no se dan las señales claras de razonabilidad jurídica, de propiedad, de seguridad y libertad de emprender para para que Chile tenga la oportunidad de convertirse de un país importador de energía fósil a un referente internacional de desarrollo limpio y sostenible.