El 11 de marzo asumió el presidente Gabriel Boric con el compromiso de construir el primer gobierno ecologista. El desafío es grande. Chile tiene problemas ambientales agudos y crónicos, algunos derivados de la problemática ambiental global, y otros relacionadas con nuestro propio modelo de desarrollo. Esto no solo está afectando la calidad de vida de la población y un sinnúmero de conflictos socio-ambientales en el territorio sino, además, está generando límites al crecimiento económico de largo plazo. El desarrollo económico de Chile esta inexorablemente relacionado al estado del medio ambiente.

Por ello no sorprende el alto interés de los convencionales en introducir temáticas ambientales en la nueva constitución, en muchos casos su elección se sostuvo sobre movimientos territoriales basados en conflictos o problemáticas ambientales y su mandato es, precisamente, enfrentar o incluso resolver estos problemas. La gestión ambiental tiene una expresión territorial y, por tanto, se encuentra ineludiblemente vinculada a la paz social.

La problemática ambiental actual tiene dos dimensiones, primero existe una crisis ambiental planetaria que tiene impactos directos en Chile. Específicamente se cree que existe una triple crisis: la emergencia climática, la extinción masiva de especies, y la generación acelerada de residuos y contaminación. Todos estos tienen impactos ambientales directos en Chile. La crisis más evidente se relaciona con el cambio climático y sus consecuencias. Estos impactos se expresen en el territorio y afectan el bienestar de las comunidades, por ello requiere construir, en conjunto con los actores local, una estrategia de adaptación climática además de una agenda internacional proactiva.

Chile tiene, además, desafíos ambientales relacionados con nuestra estrategia de crecimiento, muchos agravados por la problemática ambiental global. Resulta urgente enfrentar la contaminación atmosférica local -que ha derivado en las denominadas zonas de sacrificio y en una mortalidad anual estimada en más de 4000 personas al año- la degradación de bosques y suelos, la pérdida masiva de biodiversidad, la gestión y tratamiento de residuos, los pasivos ambientales de la minería, el agotamiento y contaminación de las aguas, y el agotamiento de los recursos marinos y el borde costero, entre otros.

Sin embargo, no basta con priorizar un problema específico, como por ejemplo el agua, con toda la urgencia que ello significa, el tema de fondo es la estructura del modelo de desarrollo y la institucionalidad ambiental. Por lo anterior, la política ambiental entendida como un esfuerzo sectorial y acotado, fundamentalmente asociado a las atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente, aunque bien intencionada, es insuficiente para enfrentar la dimensión de los desafíos nacionales y globales que existen. Para enfrentar los enormes desafíos de este siglo, la sustentabilidad tiene que convertirse en un eje transversal de la estrategia de desarrollo nacional.

En consecuencia, el gobierno tiene cuatro desafíos sustantivos, primero, sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo; segundo, reorientar la inversión productiva; tercero, perfeccionar la institucionalidad ambiental y, finalmente, democratizar las decisiones sobre el uso del territorio.

El primer y más importante desafío es sentar las bases de un nuevo modelo desarrollo centrado en una estrategia que genere mayor valor agregado y sea coherente con las vocaciones ecológicas del territorio y consistente con el proyecto de desarrollo de las comunidades locales. El instrumento para ello es una transformación productiva en base a la transición justa y sustentable, que incluya elementos como la descarbonización, descontaminación, la economía circular, y el uso de sostenible de los recursos naturales. No cabe duda de que el liderazgo en esta materia lo debe tomar el Ministerio de Economía y CORFO, reorientando la inversión productiva y los ‘nuevos negocios’ hacia proyectos económicos sustentables. Es el momento de enverdecer la política productiva.

La base de una nueva estrategia de desarrollo es la energía renovable, pero tampoco es suficiente. Es necesario construir una nueva cadena de valor entorno a la descarbonización donde se genere empleo y nuevas fuentes de ingreso basados en reducir la contaminación atmosférica local, asegurar el acceso a electricidad a menor costo, electrificar consumos -como la electromovilidad- y avanzar en proyectos estratégicos como la producción de hidrógeno verde. Por ejemplo, sustituir la calefacción en base a leña por energía eléctrica en el sur debe ser una prioridad, no solo por los enormes beneficios ambientales y en salud sino porque se genera una cadena de valor nacional desde la generación eléctrica renovable hasta su uso. Para estos efectos el rol del Ministerio de Economía para orientar este proyecto estratégico es fundamental.

Segundo, la inversión en la protección del medio ambiente debe ser el eje de la recuperación económica en la post pandemia, tanto de infraestructura critica para la adaptación como para la protección de la naturaleza. Las inversiones en infraestructura para la adaptación climática no solo tienen sentido desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista económico. Estas generarán ahorros significativos al evitar pérdidas económicas debido a eventos catastróficos y en la recuperación de la infraestructura destruida. El IPCC estima que la inversión en resiliencia genera beneficios cuatro veces mayores que los costos. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional afirma que proteger la naturaleza y mitigar el cambio climático es altamente rentable. Un estudio reciente señala que el impacto positivo en la economía asociada a inversiones verdes puede ser hasta 7 veces mayor que en inversiones en actividades tradicionales.

Pero las inversiones no solo se deben realizar de manera sustentable y con respeto a las comunidades locales o incluso coherentes con una estrategia de adaptación climática. Se requiere una visión distinta. Las decisiones de infraestructura que se tomen en esta década determinarán el tipo de crecimiento económico de largo plazo. Por ejemplo, se puede construir una carretera con las mejores prácticas ambientales, pero significará un compromiso de décadas, siglos quizás, con el transporte motorizado individual, incluso si este fuese eléctrico, se generan impactos ambientales que no son sustentables en el largo plazo por el uso de materiales. Por ello la propuesta de inversión en infraestructura tiene que basarse en actividades que apoyarán la descarbonización posterior, por ejemplo, construyendo vías de transporte publico exclusivas o metros o ciudades más densamente pobladas. Las decisiones de infraestructura en esta década serán claves para el futuro desarrollo de Chile.

En consecuencia, el Ministerio de Obras Publicas deberá reevaluar el programa nacional de inversiones no solo en términos de su rentabilidad social y su impacto en las emisiones de GEI, sino el tipo de desarrollo que esta nueva infraestructura significará hacia fines del siglo 21.

El tercer desafío se relaciona con perfeccionar la institucionalidad ambiental. En estos últimos años no ha habido ningún avance importante en el fortalecimiento del marco legal ambiental. Urge la creación del Servicio Nacional de Biodiversidad, avanzar en la implementación efectiva de los planes de descontaminación y planes de recuperación ambiental. Si bien existe algún avance en la implementación de la ley de responsabilidad extendida al productor, las metas son tan poco exigentes que las empresas ya las tienen cumplidas, no ha generado ningún impacto real en la gestión de residuos. La aprobación de la ley marco de cambio climático es un avance interesante, pero no significa nada sin desplegar los instrumentos de gestión.

El Ministerio del Medio Ambiente debe disponer de una amplia gama de instrumentos para implementar la política ambiental. Basta de planes, compromisos y estrategias, es el momento que el Ministerio del Medio Ambiente sea el eje de la transformación productiva con instrumentos que generen los incentivos para la protección ambiental y la gestión sustentable, para eso se requiere mayor ambición en los instrumentos que existen y nuevos instrumentos de política ambiental. Por sobre todo se necesita avanzar en instrumentos de gestión territorial e instrumentos económicos, el éxito del impuesto verde es un ejemplo de lo que un instrumento bien diseñado puede lograr.

No obstante lo anterior, la política ambiental es más que implementar políticas públicas protegiendo un ecosistema valioso o asegurando el crecimiento de largo plazo. Se requiere un compromiso efectivo y de Estado para que las comunidades definan su desarrollo local, a través de una participación ciudadana activa y real. Por esto el cuarto desafío es generar las condiciones para asegurar la democratización en las decisiones sobre el uso del territorio a nivel local. Esto no solo asegura su gestión sustentable de largo plazo, sino además el valor compartido de la explotación de los recursos naturales, así como resolver legítimos conflictos sobre las distintas opciones de desarrollo de manera institucional.

Por eso la firma del Acuerdo de Escazú es importante, asegura la trasparencia y acceso a la información y da garantías en el acceso a la justicia. Pero la firma del Acuerdo es solo el principio, es necesario acompañarla con políticas e instrumentos concretos que aseguren que las comunidades locales puedan tomar responsablemente decisiones sobre la gestión de sus territorios. En este contexto fortalecer espacios de democracia local territorial son fundamentales, como el rol de los Gobernadores regionales y apoyar a la ciudadanía en los procesos de evaluación de impacto ambiental.

El gobierno del presidente Boric tiene múltiples desafíos: la inmigración, la seguridad, la gestión de la pandemia, son algunos, pero el más importante es sentar las bases para un nuevo modelo de desarrollo para el siglo 21 cuyo eje central sea una relación positiva con el medio ambiente. Esperemos que el cambio de visión que representa el presidente Boric se logre plasmar en un país más justo y sustentable. Es el único camino posible para Chile.