El programa del Presidente Boric es uno, sin duda, anclado en la preocupación socioambiental y climática; lo que se ha reafirmado con el nombramiento de varios de sus Ministros en las carteras relacionadas y el anuncio de avanzar en ser partes como Estado del Acuerdo de Escazú, sobre los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental; incluyendo la defensa de los que llamamos defensores ambientales.

Si bien son muchos los atrasos, espero que avancemos en Políticas a largo plazo. Con la temática climática hemos avanzado con la ley, pero habrá que implementarla pronto y revisar nuestro compromiso de descarbonizar al 2050.  De manera urgente trabajar, todos, en la Política hídrica y que ella sea de aquellas que el Presidente elija para su evaluación ambiental estrátegica; y que la minera, ya en proceso, también cumpla estrictos estándares de participación y participación de la ciudadanía. Y qué decir de la necesidad urgente de articular la política ambiental con las sectoriales agrícola, forestal, minera etc., y lograr implementar el ordenamiento territorial en suelos rurales.

En cuanto a los proyectos de ley, es imperativo trabajar seriamente con el Congreso Nacional para lograr cumplir compromisos internacionales y necesidades urgentes, aprobando la creación de una nueva institucionalidad en materia de Biodiversidad y áreas protegidas. Y mejorar los textos de los proyectos de ley de glaciares, turberas, eficiencia hídrica (y desalinización) e ingreso de ciertos proyectos en el SEIA. A largo plazo, el SEIA deberá ser objeto de una profunda revisión, especialmente para subir el estándar en la información y participación con la que se toman las decisiones.

En relación a nuevos proyectos de ley, me interesa especialmente que el nuevo Gobierno evalúe y decida retirar el proyecto de ley que crea la Subsecretaría del Agua y avance hacia una Autoridad nacional como organismo autónomo y descentralizado, encargado de implementar la política hídrica y asistir técnica y financieramente a los organismos de cuenca, para que realicen la esperada (desde la década de los 90) gestión integrada del agua y los ecosistemas asociados, con participación de todos los actores relevantes.

Y porque las líneas me faltan, sólo concluir que por cierto hay problemas de gestión y de fiscalización, pero no sólo en el MMA sino especialmente en los Ministerios sectoriales relacionados, que no logran equilibrar el uso con la protección de los elementos de la naturaleza con la que trabajan.

Por cierto, este panorama puede cambiar y acelerarse con la Nueva Constitución. Y se ha visto que existen ciertos consensos al menos, en lo vulnerable que somos al cambio climático, descentralizar las decisiones, proteger los espacios marino-costeros y cambiar especialmente el estatuto del agua, reconociendo no sólo el derecho humano al agua y saneamiento sino las fuentes de agua. Y eso, aunque sea solo una pequeña parte de nuestros problemas, son avances que el Nuevo Gobierno deberá sabiamente implementar, de manera responsable con el planeta y en beneficio de todos y los que vendrán.