De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, son estos estamentos los responsables de gestionar los residuos sólidos domiciliarios que se generan en sus respectivos territorios y, en virtud de ello, son también los mandatados a contar con un sistema de recolección y disposición final de la basura, con un costo cercano al 20% de del presupuesto anual.

El desarrollo y consiguiente crecimiento de la población, además de un mayor poder adquisitivo, han provocado un aumento en los volúmenes de residuos que se generan, presionando cada vez más a contar con sistemas costo/eficientes que, además, se hagan cargo de una gestión sustentable de los residuos.

Sería injusto decir que no se ha hecho nada al respecto. En la actualidad, existen diversas iniciativas que han impulsado los municipios orientadas a incorporar en la gestión de residuos, acciones conducentes a la minimización y valorización de los materiales. Sin embargo, son en su mayoria programas con una baja cobertura, que no logran prestar servicio a la totalidad de la población. En muchos casos se aprecian los llamados puntos verdes y puntos limpios, pero se descuida la existencia de otras instalaciones, tales como plantas de separación o servicio de retiro puerta a puerta.

Así lo refleja el último estudio de Catastro de Instalaciones de Recepción y Almacenamiento, publicado por la Subsecretaría de Medio Ambiente el año 2018. En éste se da cuenta que, de la totalidad de instalaciones identificadas a nivel nacional, un 95% corresponde a puntos verdes y tan sólo un 2,8% corresponde a centros de acopio. Lo anterior es reforzado por los resultados de un estudio publicado por la Revista Científica “Resources, Conservation & Recycling”, que señala que en aquellos municipios que desarrollan programas de reciclaje hace más de 5 años, el impacto de éstos no  supera el 1,7% de residuos generados de la comuna.

En este escenario, adoptar nuevas iniciativas, adicionales a los puntos limpios podría generar un mayor impacto en la población, además de un aumento de las actuales tasas de reciclaje.

El “Anteproyecto de Decreto de metas de recolección y valorización de envases y embalajes” de la ley REP, que fue publicado para someterse a consulta ciudadana en junio del presente año, define las condiciones y exigencias que van a tener que cumplir los diversos actores de la cadena. La orientación que se le otorgó a la estrategia de recuperación, que prioriza la sepación en origen y recolección selectiva de residuos, con cobertura de al menos un 10% de las viviendas del país, porcentaje que deberá incrementarse en diez puntos porcentuales anualmente, demuestra la relevancia del tema para un país como el nuestro. Es por ello que resulta fundamental pasar al siguiente nivel e impulsar proyectos más desafiantes que logren contribuir de manera efectiva con el aumento de la tasa de reciclaje de residuos domiciliarios. De lo contrario, los esfuerzos desplegados a la fecha quedaran en letra muerta.

En CEMPRE (Compromiso Empresarial para el Reciclaje), ONG que agrupa a empresas como Tetra Pak, McDonalds, Falabella y Natura (entre otras), y que buscan avanzar hacia el reciclaje inclusivo, creemos firmemente en la capacidad que tienen los municipios en el desarrollo de estrategias que permitan cogenerar en conjunto con la ciudanía y el apoyo del Estado, una cada vez mejor gestión de residuos y, por ende, una política local efectiva fundada en la economía circular.

Sin embargo, para que esto dé resultados, los municipios deben hacer frente a los desafíos que tienen por delante. La capacidad de innovación y respuesta a los cambios que va a traer este escenario requerirá la articulación de diversos actores de la cadena de residuos, y la adopción de estrategias tendientes a un enfoque de economía circular desde los territorios. En este sentido, las brechas que muestra el “Mapeo de actores e impacto potencial de la economía circular en Chile”, es gigantesco. De los 282 actores relacionados con la economía circular ahí identificados, un 59% son actores privados, y dentro del 41% restante, sólo tres municipios (Peñalolén, Providencia y La Pintana) aparecen como promotores de la economía circular.

Necesitamos un sector privado, especificamente entre los productores, capaz de incorporar un trabajo articulado, con fondos de inversión conjuntos y que aumenten la escala de los proyectos. Por su parte, la academia debe seguir impulsando el desarrollo de soluciones innovadoras capaces de entusiasmar a otros a adoptarlas ahí donde sea posible. Por último, los municipios deben aumentar la información y competencias técnicas de sus respectivos equipos encargados de llevar a cabo estas iniciativas de manera que las transformaciones puedan ocurrir.

La COP25 emerge como una instancia óptima para visibilizar y avanzar en la articulación de los distintos actores que deben darle un impulso definitivo a la ley REP y a la construcción de políticas de residuos que tomen a la Economía Circular como su carta de navegación. En este contexto, los municipios son los llamados a alzar la voz y liderar a nivel local la implementación de la gestión integral de residuos, que en definitiva, permita reducir los residuos.

* Mayling Yuen es directora ejecutiva de CEMPRE Chile