La suspensión de la COP25 en Chile llevó a algunos a pensar que la discusión sobre cambio climático pasaría a segundo plano. Pienso que esta sensación es más aparente que cierta. El cambio climático es un fenómeno transversal y sus impactos se relacionan a diversas problemáticas sociales. En esta columna quiero proponer una explicación sobre por qué las manifestaciones sociales por mayor dignidad contribuirían a afrontar equitativamente el cambio climático.

El cambio climático conlleva esencialmente un problema de inequidad. Esto implica que, dado sus altos niveles de vulnerabilidad, los países y comunidades más pobres del planeta están mayormente expuestos a los efectos del cambio climático. Chile no es una excepción a esta inequidad. Voy con un ejemplo. El efecto de islas de calor urbano se caracteriza por generar una mayor temperatura en zonas urbanas. Sobre ello, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático ha afirmado que la existencia de áreas verdes ayuda a reducir los efectos de dicho fenómeno. El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 indica que varias ciudades chilenas incrementarían sus temperaturas en los próximos años. Este aumento de temperatura acrecentaría la exposición al efecto de islas de calor urbano. En Chile, el índice de áreas verdes de las comunidades urbanas más pobres es notablemente menor que el de las comunidades más acomodadas, provocando que las primeras estén mucho más expuesta al efecto de islas de calor urbano. Este ejemplo ilustra como también en Chile el cambio climático implica desigualdad, los más pobres son más vulnerables a los efectos del cambio climático. Así, las actuales demandas sociales que exigen mayor equidad contribuirían a reducir estas brechas y vulnerabilidades, abriendo también la puerta para reducir el impacto del calentamiento global en los segmentos más vulnerables.

Frente al escenario recién expuesto, surge la siguiente interrogante: ¿Con qué tipo de medidas podrían reducirse las brechas sociales relacionadas al cambio climático? Una de ellas es el establecimiento de medidas de adaptación dirigidas a disminuir la inequidad frente a los efectos del cambio climático. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático entiende adaptación como los ajustes en los sistemas ecológicos, sociales y económicos en respuesta a estímulos reales o esperados y sus efectos o impactos. Esto implica una anticipación a los efectos adversos del cambio climático y la implementación de medidas apropiadas que prevengan o disminuyan el daño que estos efectos puedan ocasionar. El Acuerdo de París en su artículo 7 reconoce la adaptación como un instrumento de protección de comunidades vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Por tanto, las medidas de adaptación que los Estados asuman tienen un resultado concreto en la protección de la población vulnerable frente a los impactos del clima.

Chile requiere de enérgicas iniciativas destinadas a mejorar la capacidad adaptativa de las comunidades más vulnerables. Volviendo al ejemplo anterior sobre el efecto de islas de calor urbanas, el desarrollo de ciudades más justas y con una distribución más equitativa de áreas verdes son medidas de adaptación que ayudarían a atenuar los impactos de este fenómeno en las poblaciones vulnerables. Pensando en el presente y mirando el futuro, la construcción de un nuevo pacto social que incorpore variables de adaptación climática bajo un marco de equidad sería un enorme paso hacia un país más justo.

Adicionalmente, la implementación de medidas de adaptación con enfoque de equidad requiere un elemento procedimental clave: la participación de las comunidades vulnerables en los procesos de decisión. El diseño de nuestras regulaciones y la toma de decisiones requiere una participación efectiva de las comunidades. Lo anterior, es coherente con las demandas actuales por una mayor participación ciudadana y una real vinculación de las comunidades en la elaboración de una nueva constitución. Además de estar sustentadas en la ciencia, las políticas de adaptación al cambio climático requieren considerar y vincular la experiencia de las poblaciones potencialmente afectadas. La participación transversal que la ciudadanía actualmente exige es un paso muy relevante para adaptarnos, bajo criterios de equidad, a los efectos del cambio climático.

En conclusión, este estallido social abre una puerta importante a la justicia climática. Primero, es necesario poner especial atención en la protección de las comunidades más vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Segundo, se requiere a nivel urbano y rural, la implementación de medidas de adaptación con enfoque de equidad. Tercero, es necesario que lo anterior se funde en un diseño con alta y vinculante participación ciudadana. Estas son tareas fundamentales en la construcción de un nuevo Chile, un Chile más justo y sustentable.

* Pedro Cisterna Gaete es abogado de la Universidad de Concepción, y máster en Derecho Ambiental y Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Edimburgo. Actualmente es estudiante PhD en Derecho, Universidad de Edimburgo