En los últimos años Chile ha tenido avances notables en su gestión ambiental. No obstante, con todos sus éxitos, la política ambiental no es suficiente para abordar los desafíos que presenta un país cuya estrategia de desarrollo depende de los recursos naturales, como lo ha demostrado la reciente crisis en Puchuncaví y Quintero.

La política ambiental se sustenta sobre la base de una institucionalidad que se construyó para implementar instrumentos de gestión que corrigen los impactos ambientales más nocivos. En el caso de Chile, los principales instrumentos de gestión ambiental son, en el ámbito de la protección de la biodiversidad, las áreas protegidas y, en el ámbito del control de la contaminación, las normas ambientales, los planes de descontaminación y el sistema de evaluación de impacto ambiental.

En definitiva, se regula, controla o prohíbe aquellas actividades que se considera que generan impactos ambientales. El problema de fondo con esta aproximación es que no enfrenta el problema central: el modelo de consumo y producción.

Las presiones responsables de la problemática ambiental son múltiples, pero, en última instancia, el factor principal son patrones insostenibles de consumo y producción tanto a nivel local como global. A medida que los países se desarrollan, aunque tengan las mejores políticas ambientales, tienden a aumentar su nivel de consumo y producción y, por ende, su impacto ambiental.

En consecuencia, avanzar en políticas específicas que logren desacoplar el uso de recursos del crecimiento económico, o bien desarrollar lineamientos que procuren una utilización sustentable de éstos, resulta fundamental. Por tanto, para alcanzar el desarrollo sustentable, los Estados deben impulsar la modi­ficación de dichos patrones. En definitiva, la problemática ambiental es un problema económico y el Estado no puede abstenerse de la intervención sobre la estrategia de crecimiento económico.

Durante los últimos años, el concepto de ‘crecimiento verde’ ha tomado fuerza. Este se define como aquel que asegure un “crecimiento económico garantizando que los ecosistemas continúen proporcionando en el tiempo los servicios de los que el bienestar depende”. Al centro de una estrategia de crecimiento verde se encuentra la economía circular, en donde se promueve un nuevo tipo de crecimiento donde se logre ‘desacoplar’ la producción y el consumo del uso de recursos. Esto no solo es eficiente desde el punto de vista económico, sino es la única estratégica de largo plazo viable para asegurar mayor bienestar económico y sustentabilidad ambiental.

Los instrumentos necesarios para desplegar una estrategia de crecimiento verde apuntan no sólo a corregir las externalidades, sino generar una nueva forma de producir y consumir. En consecuencia, las políticas apuntan a reestructurar el sistema de incentivos de manera de que privados internalicen sistemas de producción y consumo sustentables.

En Chile se han introducido dos instrumentos de gestión cruciales para el desarrollo de una estrategia de crecimiento verde. Primero, la Ley Marco de Responsabilidad Extendida al Productor, que más que una ley sobre reciclaje promueva un marco institucional para la promoción y desarrollo de una estrategia de economía circular, y los impuestos verdes.

Los instrumentos económicos como impuestos verdes generan incentivos para que los agentes productivos internalicen las externalidades negativas de sus procesos y mejoren las condiciones ambientales al menor costo posible. Además, existe evidencia que los impuestos promueven la innovación tecnológica y el mejoramiento de procesos para la reducción de la contaminación. En definitiva, constituyen el instrumento central para una estrategia de crecimiento verde que promueve nuevos patrones de consumo y producción sustentables.

Chile introdujo, por primera vez, impuestos verdes, en el Artículo 8 de la Ley 20.780 (de reforma tributaria). En éste se fija un impuesto a la emisión de contaminantes locales (NOX, SO2 y material particulado) y la emisión de contaminantes globales (CO2) para aquellos establecimientos que cuentan con fuentes con una potencia térmica nominal igual o superior a los 50 megavatios. En el primer caso, la tasa se fija en base a una fórmula que depende de la población y la contaminación observada en la comuna. En consecuencia, en comunas más contaminadas y con mayor población, el impuesto por tonelada de emisión es mayor. De esta manera se trata de reconocer el costo ambiental diferenciado asociado al daño que genera la contaminación en distintas zonas del país. La contaminación atmosférica es el principal problema ambiental de Chile, y así se introduce un instrumento novedoso adicional para poder enfrentarla.

En el caso del dióxido de carbono (CO2), el impuesto se fijó en US$5 por tonelada emitida, lo que junto con incentivar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el país, entrega una señal al mundo del compromiso de Chile para con la mitigación del calentamiento global. El cambio climático es la mayor amenaza ambiental a nivel global y, de no mediar importantes cambios en la política global, Chile se verá seriamente afectado. Por esta razón es importante mostrar claros esfuerzos en la mitigación de manera de exigirles a los países más contaminantes que hagan los esfuerzos necesarios para la reducción de sus emisiones.

Los impuestos fueron implementados en 2017 y ya han demostrado ser enormemente exitosos. No sólo generan una importante recaudación, casi US$200 millones, sino ya están generando cambios en las prácticas de las empresas afectas.

Si bien, estos impuestos aún son bajo, y solo afectan algunos sectores, no cabe duda de que en el futuro serán la base para una estrategia de crecimiento verde, permitiendo diseñar una estructura fiscal sustentable basada en la reducción de los impuestos a los bienes (trabajo y consumo) y aumento de los impuestos sobre los males (contaminación, basura, congestión, etc.), lo que en la literatura se denomina como un doble dividendo.

Para asegurar la sustentabilidad ambiental, Chile tiene que promover una economía circular y el uso de instrumentos económicos, como la Ley REP, y especialmente los impuestos verdes. Pero, en última instancia, independiente de los instrumentos que se utilicen, lo relevante es integrar la gestión ambiental al centro de la política económica a través de una estrategia de crecimiento verde.

*Rodrigo Pizarro, Centro de Economía Verde y Cambio Climático (CEVECC), Usach.