El Programa de Gobierno de la nueva administración está escrito en verde, y las letras son acompañadas por hojas de plantas. En el documento, uno de los conceptos transversales -que inspiran toda propuesta- es la “transición ecológica justa”. Todo esto no es casualidad: para el nuevo Presidente, los desafíos climáticos y ambientales son prioritarios. ¡Enhorabuena! El sector privado será un aliado en ese camino, pues el desarrollo económico y social van de la mano con un medioambiente sostenible en el tiempo.

Recorramos entonces estos desafíos y las soluciones propuestas por la autoridad entrante. La perspectiva de una “transición ecológica justa” implica una serie de medidas. Entre ellas, revisaremos algunas. En primer lugar, se pretende acelerar las metas de descarbonización. El Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático (PLMCC), recién aprobado, contempla la carbononeutralidad al 2050; el acuerdo voluntario entre el Gobierno y las generadoras contempla el término de las centrales termoeléctricas a carbón hacia el 2040. Cualquier aceleración de estos plazos es deseable, pero siempre debe primar la seguridad del suministro y la resiliencia del sistema eléctrico. Así, la viabilidad técnica es esencial, lo que implica que la transmisión de las fuentes renovables (solar y eólica) de energía hacia los centros de consumo debe ser una prioridad.

En segundo lugar, se contempla la creación de “Comisiones de transición justa”, para acordar los cambios necesarios y las reparaciones a las comunidades afectadas. La composición de dichas comisiones incluiría sindicatos y ejecutivos de empresas, representantes de las comunidades, científicos, y funcionarios de los ministerios sectoriales y de los gobiernos regionales. Costará llegar a acuerdos entre tantos actores, y no queda claro qué se entiende por reparaciones, ni quién las debe realizar y para quién, sumado al hecho que las compensaciones se realizan en el marco del SEIA. En paralelo, el PLMCC ya contempla la creación de los CORECC a nivel regional, con una composición similar pero con funciones más precisas; hay que evitar duplicidad de instancias de trabajo.

En tercer lugar, compartimos la visión de impulsar la tramitación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (evitando superposición de funciones con otros servicios) y de una reforma al SEIA que contemple mejor participación ciudadana pero que también ofrezca mayor certeza al inversionista. La propuesta de incorporar proyectos agrícolas y forestales al SEIA debe ponderarse correctamente, pues dichos proyectos son muy numerosos y su incorporación tendría que ir aparejada de un importante aumento en la dotación de funcionarios del SEIA y otros servicios públicos, para mantener los plazos acotados y no desincentivar la inversión.

En cuarto lugar, aplaudimos el enfoque de economía circular, pero hay que cuidar que la futura Ley de Economía Circular esté coordinada con las metas de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor.

Los desafíos y propuestas anteriores -junto con otros no cubiertos por esta columna- se traducen principalmente en medidas administrativas y/o legales, pero asumen el marco constitucional vigente. No obstante, quizás el principal desafío ambiental del gobierno entrante será la adecuación institucional a la eventual nueva Constitución. Disposiciones ya aprobadas como los derechos de la naturaleza y de los animales y la participación ambiental vinculante, y otras en discusión como la caducación de los derechos de aprovechamiento de agua, entre otros, no son inocuas, y provocarían serios ajustes institucionales ambientales, sumados a los demás efectos jurídicos y económicos que podrían provocar. La ambiciosa agenda medioambiental de Apruebo Dignidad podría verse diluida por la adecuación del Estado a la nueva carta fundamental.