La escasez hídrica permanente que enfrentan 104 comunas de Chile, además de la estrecha relación que existe entre pobreza y acceso a agua, nos demanda con urgencia la implementación de soluciones que no pueden seguir tardando en llegar.

Casi el 30% del país está en emergencia por la falta del recurso y, tras 12 años de sequía, hoy tenemos tres provincias completas decretadas bajo escasez hídrica: Osorno, Llanquihue y Chiloé. Si nos detenemos en el mundo rural, la situación se complejiza aún más, considerando que el 47,2% de la población no urbana no tiene abastecimiento formal de agua potable y que un 84% de esta población consume aguas superficiales o subterráneas afectadas por la estrechez hídrica que estamos viviendo. Las personas que cuentan con sistemas de Agua Potable Rural (APR), tienen un modelo de gestión público-comunitario, constituido principalmente por comités y cooperativas, cuyo funcionamiento depende de la organización social de las personas beneficiarias que eligen dirigentes sociales para liderar la gestión completa.

Los sistemas de APR son una iniciativa gubernamental creada en 1964 para dar cobertura de agua potable a gran cantidad de zonas rurales que no poseían este servicio. Este sistema ha permitido aumentar la cobertura de la población rural desde un 6% en 1960 a un 53% en 2019. En 2017 se le asignó un nuevo nombre al sistema – Servicio de Saneamiento Rural (SSR) – y se definió que se encarga de la provisión de agua potable y/o saneamiento sin fines de lucro con el debido aporte de inversión y capacitación del Estado.

Más allá de esta infraestructura de abastecimiento, la verdad es que hoy hay zonas que no sólo enfrentan la falta de agua provocada por la baja en precipitaciones, sino que también por una mala cobertura, construcción y administración de estos sistemas de APR. Luego de un informe realizado por Fundación Amulén a más del 50% de los SSR de la Región del Maule, la región de Chile con más servicios de saneamiento rural, se identificaron los principales problemas que enfrentan y que pueden ser extrapolables a nivel nacional: administración y gobernanza, falta de una política de inversión y mantenimiento, derechos de aprovechamiento del agua, tarifas y contabilidad, además de falencias en el estado y funcionamiento del sistema, falta de tecnologías que mejores y faciliten la gestión, entre otros puntos críticos. Estos hallazgos dan cuenta de la difícil realidad que viven muchas comunidades rurales a lo largo de nuestro país.

¿Y entonces qué hacemos? Es urgente la implementación de mejoramientos al sistema de APR y, al mismo tiempo, incorporar innovación en las políticas públicas relacionadas con la gestión del agua. La disponibilidad del recurso debe ser parte central de la agenda social de nuestro país. Mejorar las condiciones de las personas que viven en la ruralidad y que carecen de agua es urgente. Ellos no pueden seguir esperando.