Sin duda la pandemia del COVID-19 ha cambiado radicalmente la actividad de las personas en la mayor parte del mundo. En Chile, no nos hemos quedado atrás en tomar medidas para mantener el distanciamiento entre las personas y así evitar la propagación de este virus. Ya llevamos semanas de cuarentena en algunas comunas y el gobierno ha anunciado inyecciones de hasta 17 mil millones de dólares (cerca del 5.5% del PIB nominal anual) para el plan de protección del empleo, bonos de apoyo a ingresos familiares, fondos solidarios a las familias más vulnerables y apoyo a emprendedores y Pymes.

El término “aplanar la curva” ha sido utilizado, según recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que los países disminuyan el número de contagios que se producen al mismo tiempo y eviten colapsar sus sistemas de atención médica. Esto ha implicado medidas drásticas en la vida de las personas, fomentando y obligando en algunos casos a la cuarentena total, lo que ha implicado un freno económico de consideraciones nunca antes vistas que ya tiene en Chile a miles de personas sin empleo y muchas empresas en vías de quiebra.

A la vez, hemos visto reducida nuestra libertad de tránsito y reunión, ya sea por obligación o por voluntad propia. Este “sacrificio” ha nacido como una política de Estado y también un compromiso ciudadano. Muchos nos hemos puesto de acuerdo, hemos hecho un pacto social para sacrificar nuestras actividades cotidianas por un bien común: evitar el colapso de la salud pública para salvar vidas. No es solamente una imposición de alguien, es el Estado llamando a seguir las recomendaciones, basadas en ciencia, de un organismo internacional como la OMS.

Está muy bien que así sea, que hagamos lo necesario por cuidar nuestra salud colectiva. Y este debería ser el primer paso para empezar a reconocer que esta no es la única curva que debemos aplanar.

¿Estaremos dispuestos a hacer esfuerzos para reducir muertes y enfermedades provenientes de otras causas? La reducción de los niveles de contaminación del aire ha disminuido radicalmente y debido a esto ya se han evitado más de 100.000 muertes en China durante los meses de COVID-19. Aquí en Chile, mueren anualmente cerca de 3.500 personas por estas causas. Además, más de 1.500 por accidentes de tránsito, 5.000 por diabetes, 26.000 por diferentes tumores y cánceres (donde algunos se originan en la contaminación del agua, aire y suelo), y podría continuar (INE, 2018; MMA, 2019; CONASET, 2020).

¿Existirá otro consenso como el actual para actuar decidida y colectivamente con tal de reducir estos índices? Ni siquiera es necesario el distanciamiento social, ni recluirnos en nuestras casas, basta con tomar en serio lo que la ciencia ha transmitido, y que la sociedad y sus autoridades han ignorado. Necesitamos una política de Estado, similar a la del plan COVID-19, hacer esfuerzos en la planificación territorial y regulación del transporte en la ciudad, reducir la desigualdad en el sistema de salud y mantener un ambiente sano y libre de contaminación.

Y estas no son las únicas causas por las que esta pandemia nos debe transformar. La humanidad enfrenta su mayor desafío histórico, la crisis climática y ecológica que exige cambios radicales en nuestros hábitos y formas de consumo.

¿Estamos dispuestos a incomodarnos con tal de aplanar la curva de las emisiones de CO2, la de la sobreexplotación de recursos naturales, la de la extinción de especies, la de la expansión de las ciudades y los campos de cultivo y la de la contaminación del aire y el agua?

El camino debe ser el opuesto al que toman Donald Trump y Xi Jinping al relajar las normas de protección ambiental y emisiones para enfrentar el freno económico que ha significado la pandemia. Chile, felizmente, parece ir por el camino contrario, y lanza en medio de la crisis sanitaria la actualización de sus compromisos de acción climática (NDC) de mitigación, adaptación, integración e implementación. Allí destaca la aparición del compromiso de reducción de emisiones de carbono negro de al menos un 25% al 2030, un contaminante que contribuye a la mala calidad del aire en ciudades y al calentamiento global (MMA, 2020). Sin duda, cumplir estos compromisos con mayor ambición es un nuevo desafío y deber para el Estado y toda la ciudadanía.

En esa línea, el llamado es a pensar y actuar, siempre con base científica, en qué acuerdos colectivos haremos con tal de aplanar todas las curvas y cumplir los NDC. Después de todo, el desarrollo sustentable exige reducir y aplanar las curvas evitando colapsos de disponibilidad de recursos, de pérdida de los ecosistemas y de crisis o conflicto social, manteniendo un equilibrio entre las esferas económicas, ecológicas y sociales para esta y las próximas generaciones.

* José Antonio Díaz es estudiante de magíster en Ciencias de la Ingeniería UC/ CEDEUS.