La sexta edición del Foro Internacional de Justicia Ambiental, realizada en el Hotel Icon, durante las jornadas del 18 y 19 de noviembre, abrió un espacio para el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias sobre temas que interesan a la justicia ambiental. Y este año, en particular, la cita organizada por el Segundo Tribunal Ambiental se centró en los desafíos en la protección de la biodiversidad.

David Barrio Lamarche, oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Cepal, fue el encargado de inaugurar la ceremonia, destacando lo oportuno del encuentro debido a que “estamos viviendo una crisis planetaria, una crisis climática, la destrucción de la biodiversidad”.

“Esto es aún más relevante en nuestra región, en América Latina y el Caribe, donde la naturaleza y el patrimonio natural es uno de los principales aspectos que caracteriza nuestra economía, nuestras comunidades y nuestra sociedad. Y lo cierto es que la ciencia ha reafirmado la gravedad de esta emergencia”, indicó David Barrio, asegurando que los bajos presupuestos involucrados y las normativas incompletas tensionan aún más el problema.

“El fortalecimiento de nuestras instituciones, para promover sociedades pacíficas que sean justas y construir entre todos el futuro que queremos, es esencial…Pero no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Necesitamos transformarnos. Y eso es lo que Cepal viene proponiendo a lo largo de la región. Necesitamos un cambio que apueste por infraestructura, por los bienes públicos globales y también por el cuidado de nuestras sociedades, incluido el de la naturaleza y las comunidades que las salvaguardan”.

“Para ello, Cepal ha identificado sectores estratégicos que generan beneficios económicos, sociales y ambientales: La bioeconomía, la economía circular, la economía sostenible, las energías renovables y el turismo verde, a lo que además añadiría una justicia que sea eficaz y comprometida”, señaló Barrio Lamarche, destacando la necesidad de trabajar de manera colaborativa.

“Nuestros países necesitan enfocar sus economías en industrias para el futuro, avanzando hacia políticas con bajas emisiones de carbono y alto contenido tecnológico que nos permitan revertir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad”, reflexionó el oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Cepal.

Por su parte, Marcela Godoy Flores, presidenta del Segundo Tribunal Ambiental, declaró en su discurso de apertura que las principales causas de afectación de la biodiversidad “se encuentran en la pérdida y fragmentación de hábitats, producto, a su vez, de la actividad urbanística; agricultura intensiva; deforestación; sobreexplotación de recursos naturales; contaminación; introducción de especies exóticas invasoras; y cambio climático”.

“Y dado que esta afectación se está produciendo en este mismo momento, los desafíos que como judicatura ambiental especializada enfrentamos requieren, precisamente, de medidas inmediatas y urgentes”, afirmó la abogada.

Ante esto, Marcela Godoy destacó dos desafíos que decidió asumir el Tribunal Ambiental de Santiago, con miras a resolver adecuadamente los conflictos ambientales vinculados con la protección de la biodiversidad: la exigencia legal de fundamentación científica de la sentencia ambiental, y la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Ambos, son solo una muestra de todos los retos que enfrenta en esta línea la justicia ambiental.

Cómo avanzar frente a estos retos

Para Marcela Godoy, la exigencia de fundamentación científica resulta un desafío para el Tribunal Ambiental en materia de biodiversidad. “En especial en el actual contexto de cambio climático, nos reclama contar con un equipo técnico altamente especializado y con formación tanto teórica como empírica en ciencias ambientales, siendo crucial que éste cuente con conocimientos de ecología y técnicas de análisis ambiental, esenciales para determinar los impactos proyectados sobre la biodiversidad a mediano y largo plazo”.

“Si careciéramos de este saber experto, correríamos el riesgo de mermar el rigor técnico que caracteriza nuestras sentencias, incumpliendo, en consecuencia, la exigencia legal de brindar decisiones fundamentadas en el conocimiento científico”, aseveró la presidenta del órgano jurisdiccional especializado.

“Hoy, nuestro Tribunal cuenta con un equipo de asesores expertos que colaboran en la resolución de los conflictos ambientales propios de su competencia, especialmente aquellos referidos a la afectación de la biodiversidad. Sin embargo, nuestro desafío viene dado por poder brindarles la capacitación y el perfeccionamiento que permita mantener actualizado sus conocimientos técnicos”, señaló Marcela Godoy.

Pero el cumplimiento de la exigencia de fundamentación científica también implica establecer metodologías probatorias adaptadas, referidas a la biodiversidad, por la “dificultad de demostrar que su afectación o daño es resultado de la actividad humana directa o producto del cambio climático”, aclaró la Magíster en Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona.

Respecto al segundo desafío, se trata de las implicancias que conlleva la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, “dada la profusa competencia que la Ley N° 21.600 viene a conferir a los Tribunales Ambientales”, apuntó la ministra, quien advierte que al término de la implementación de la Ley SBAP, los Tribunales Ambientales habrán ampliado al doble la competencia que la ley les confiere.

“A poco más de un año de la dictación de esta regulación y estando pendiente la implementación del Servicio, ya hemos debido pronunciarnos sobre una materia vinculada a su entrada en vigencia. Sin embargo, lo cierto es que, según las proyecciones que hemos realizado, la interposición de aquellas reclamaciones dispuestas en la Ley SBAP impactarán a nuestro Tribunal en aproximadamente 6 o 7 años”, reflexionó Marcela Godoy.

“Esto, a través de un aumento sostenido en la cantidad de ingresos anuales, que en el largo plazo podría generar un alza de un 100% en las reclamaciones que deban ser conocidas y resueltas por el Tribunal, duplicando la cantidad de procedimientos que actualmente se ventilan en un año calendario”.

Ya que no se previó este impacto, afirmó la presidenta del Segundo Tribunal Ambiental, se implementará a mediano plazo diversas medidas de gestión y de buena administración. “No sin antes advertir que éstas no surtirán el efecto deseado, si previamente no se resuelve uno de los problemas más complejos que enfrentamos como judicatura especializada, y que dice relación con el sistema de nombramiento de ministros”, recalcó Marcela Godoy.

Paneles temáticos y charlas magistrales

El VI Foro Internacional de Justica Ambiental discutió estos temas y otros relacionados, a través de 2 charlas magistrales y 5 paneles temáticos con expertos nacionales e internacionales.

La jornada de jueves comenzó con el panel “Diseños y experiencias de institucionalidad para la protección de la biodiversidad”, que contó con la participación de Daniela Manuschevich, jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente de Chile; Ángela González Grau, directora ejecutiva de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, Conagebio, de Costa Rica; Gerardo Evia Piccioli, director nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio del Medio Ambiente de Uruguay; y Alexandre Schiavetti, académico de Conservación de la Naturaleza de la Universidad Estatal de Santa Cruz de Brasil.

El segundo panel abordó “Humedales Urbanos: Importancia para la Biodiversidad, Conservación y Gestión”, con Francisco de la Barrera Melgarejo, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción; Ignacio Rodríguez Jorquera, director ejecutivo del Centro de Humedales Río Cruces UACh; Daniela Rivera Bravo, directora del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y Michel Prieur, presidente del Centro Internacional de Derecho Ambiental Comparado de Francia, como expositores.

Posteriormente, se realizó una charla magistral a cargo de Patricia Ibáñez Crino, Directora del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, quien expuso sobre toda la orgánica del Servicio y cómo se ha ido implementando hasta la fecha. 

El último panel del día, “Ciencia y Tecnología para la Conservación de la Biodiversidad”, contó con las exposiciones de Cristián Echeverría, director del Laboratorio de Ecología del Paisaje de la Universidad de Concepción; Pablo Marquet, académico del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Thorsten Wiegand, subdirector del Departamento de Modelación Ecológica del Centro Helmholtz para la Investigación Ambiental, UFZ, Alemania; y María Cecilia Londoño, gerente de Información Científica del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, Alexander von Humboldt de Colombia.

La mañana del viernes se inició con la charla magistral dictada por Leo Prieto, Fundador y CEO de LEMU, Atlas de la Biósfera, quien se enfocó en el rol de los datos de la naturaleza en la justicia ambiental y en el trabajo que ya está desarrollando con Lemu Nge, el primer satélite para la protección de la biodiversidad lanzado al espacio.

“Biodiversidad y Cambio Climático: Impactos y Adaptación” fue el cuarto panel, del cual participaron José Moreno Rodríguez, académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España; Pilar Moraga Sariego, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2; Ricardo Segovia Cortés, académico de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción; y Cristián López Montecinos, ministro suplente licenciado en Ciencias del Segundo Tribunal Ambiental de Chile.

Por último, expusieron en el quinto panel, “Biodiversidad, Desarrollo Sostenible y Evaluación Ambiental de Proyectos de Inversión”, Jorge Bermúdez Soto, académico de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Virginia Carter Gamberini, académica de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor; Yordana Mehsen Rojas, Fundadora y Directora de WeAre1; y Arcadio Cerda, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca.

Reflexiones al cierre

Cristián Delpiano Lira, ministro titular abogado del Segundo Tribunal Ambiental, ofreció el discurso de cierre en el VI Foro Internacional de Justicia Ambiental, en el que subrayó el importante rol que cumple un juez ambiental, a quien se le atribuye la “responsabilidad de aplicar las leyes en nuestro sistema a través de la revisión de medidas sancionatorias, autorizatorias, reparadoras y protectoras, que garantizan la protección del medio ambiente sano”.

“Y frente a la problemática ambiental, un rol relevante del juez también consiste en identificar aquellos casos en que se puede hacer primar soluciones no adversariales, cooperativas, que acreditan el bienestar de todas las partes y el cumplimiento de sus derechos. Esto se produce a través de métodos autocompositivos, los que deben estructurarse sobre la base del diálogo de buena fe entre las partes, el respeto, la responsabilidad, la equivalencia en el acceso a la información, la eficiencia y la eficacia, la debida diligencia y el enfoque ecosistémico”, detalló Cristián Delpiano.

Según explicó, los métodos autocompositivos de resolución de conflictos socioambientales permiten a las partes de la controversia modificar su estado de relación, desde una hipótesis de conflicto, hacia una hipótesis de cooperación. Y en esa línea, el rol del juez no solo consiste en resolver o decidir las controversias de su competencia, sino también ponerse a disposición de las partes para lograr una solución al conflicto socioambiental que subyace a la controversia medioambiental que la ley somete a su conocimiento.

Pero otro rol relevante de un juez ambiental, subrayó el ministro abogado, “consiste en mantener y mejorar permanentemente la reputación institucional que le permita erigirse como un garante de independencia e imparcialidad entre las partes, que contribuya a acercar posiciones e intereses, en pos de un objetivo común, que es hacer convivir adecuadamente una actividad económica y la protección del medio ambiente”.

“La fortaleza institucional es, entonces, un elemento clave para lograr este propósito y para que esto sea posible debemos entender que cuando uno jura el cargo del juez ambiental, recibe un privilegio y una responsabilidad. Pero no es el cargo lo que nos prestigia como personas o profesionales, sino que es lo que hacemos lo que prestigia al cargo y en consecuencia a la propia institución”, manifestó el ministro titular abogado del Segundo Tribunal Ambiental.

Finalmente, Cristián Delpiano valoró la realización de instancias, como este Foro Internacional de Justicia Ambiental, ya que les permite “conocer de primera mano las tendencias en materia de derecho ambiental y de las ciencias ambientales, con un espíritu crítico y siempre con miras a ser, como dice nuestra visión institucional, un tribunal de excelencia, moderno, innovador y reconocido por la comunidad como una vía de solución confiable y oportuna de conflictos socioambientales”.