Treinta normas, hasta ahora, han sido aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional provenientes de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes Naturales y Modelo Económico. No ha sido una tarea fácil. En la bitácora de su trabajo se cuenta con un informe rechazado por completo por el Pleno, que el sábado pasado recién pudo aprobar sus primeras 16 normas referidas a los estatutos en recursos naturales (agua, energía, minería) y al modelo económico. Y este próximo sábado, el Pleno cerrará su trabajo de votación de normas con el segundo informe de reemplazo de las normas rechazadas en particular, con artículos que tendrán su última oportunidad para ser aprobadas. En caso contrario, ya no hay vuelta atrás.
Dentro de este último paquete de artículos aprobados el sábado pasado, figuran 16 nuevas normas relacionadas a los recursos naturales y modelo económico. Artículos en donde predomina una fuerte protección de los recursos naturales con el objetivo de resguardar el medio ambiente ante la acción de actividades que puedan dañarlo; como así también a la consagración constitucional de un modelo económico basado en principios ecológicos, solidarios y pluralistas.
En esa dirección, en temáticas como el agua se consagró este bien como un derecho humano, restringiendo su uso para otro tipo de actividades, salvo cuando ello sea autorizado por un nuevo órgano público creado que es la Agencia Nacional de las Aguas. En esa línea, se aprobó la norma que dice que “el Estado debe proteger las aguas, en todos sus estados y fases, y su ciclo hidrológico. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la Naturaleza. Siempre prevalecerá́ el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos”.
En tanto, sobre la minería se consagró la idea de un rol más activo del Estado y de una protección del medio ambiente que debe primar en algunas áreas para la actividad extractiva. Así, ya forma parte del texto constitucional la norma que establece que “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, agregando que “el Estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará, a lo menos, la protección ambiental y social, la innovación, la generación de valor agregado, el acceso y uso de tecnología y la protección de la pequeña minería y pirquineros”. Ahora bien, sobre la minería finalmente este lunes la comisión, en su votación en particular del informe de reemplazo que se presentará el sábado, descartó una polémica norma que establecía la nacionalización de toda actividad minera. Norma que finalmente quedó bajo el principio de otorgar autorizaciones para el desempeño privado y que afirma que: “Las actividades mineras de exploración, explotación o aprovechamiento, requerirán ser autorizadas por los títulos administrativos que defina la ley. Sus beneficiarios estarán obligados a realizar las actividades respectivas. Los títulos otorgados bajo la vigencia de esta Constitución lo serán de forma temporal y sujetarán las actividades a las que se refieran a condiciones y causales de caducidad y revocación debidamente especificadas”, norma que deberá ser votada el sábado por el Pleno.
También, en el plano minero la comisión aprobó otra norma que establece limitaciones a la extracción: “quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley, y las demás que ella declare”. Sin embargo, esta norma también sufrió una modificación pues se eliminó la expresión cuencas hidrográficas, las que, a juicio de muchos, ampliaba considerablemente el margen de estas restricciones. Norma que también deberá ser ratificada el sábado.
Por su parte, sobre el modelo económico, se definieron una serie de normas aprobadas por el Pleno orientadas a establecer un nuevo modelo de desarrollo que establece, entre otras cosas, que “el rol económico del Estado se fundará, de manera coordinada y coherente, en los principios y objetivos económicos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico”.
Con esto, solo quedan algunas normas para completar el panorama completo en materia medio ambiental que, de todas formas, no se agota en los artículos emanados de la comisión, pues desde otras comisiones también se han incluido normas en la materia, por ejemplo, en lo que se refiere a los derechos de la naturaleza.
Pero ya con casi todas las cartas sobre la mesa, es la hora de los balances. En esta primera entrega de entrevistas, el convencional Pablo Toloza comparte su análisis sobre el trabajo de la comisión que apunta más bien hacia una dura crítica con las normas ingresadas al borrador del texto constitucional. A su juicio, si bien hubo buenas intenciones y un buen ejercicio de diálogo entre las partes, el resultado final es malo. Para el abogado UDI, en las normas faltó una visión más realista y una inclusión de la ciencia y la tecnología en el debate.
Toloza fue catalogado en alguna ocasión como un capitalista verde, cuestión que —afirma— lo honra, no es el estatus más bajo. Dentro de sus argumentos afirma creer en el desarrollo sustentable, y en muchos de los derechos que se consagraron, pero que a su juicio quedaron mal planteados, generando un peligro para la actividad productiva, sobre todo la minería, cuestión que ahonda en esta entrevista con País Circular. En otra entrega, será el turno de la voz de los eco-constituyentes.
