Cerca de 50 normas ingresarán esta semana al Pleno de la Convención Constitucional en un nuevo informe proveniente de la Comisión de Medio Ambiente, las que abordan temas sustanciales para la institucionalidad ambiental que se pretende instaurar en la nueva Constitución. Esto en materia de recursos naturales, como también en la conformación de un nuevo modelo de desarrollo económico con foco medioambiental, reflejado en la protección de los bienes naturales y la naturaleza por medio de la instauración de estatutos hacia los recursos naturales. Si bien aún está en proceso de sistematización el texto final, los artículos que fueron aprobados por la comisión en particular, tras dos maratónicos días de trabajo que culminaron el último sábado pasada la medianoche, ya están listos para su despacho.

Este segundo informe mantiene la tendencia de establecer principios ecologistas muy fuertes, que aspiran contener la acción del hombre y la actividad productiva para la protección del medioambiente a través de diversas instancias. También, en materia de modelo económico las normas apuntan a la consagración de un sistema que reconozca y fortalezca una dimensión social y solidaria de la economía. Además se plantean normas relativas a los pueblos originarios que buscan proteger territorios ante diferentes tipos de actividades que les puedan afectar, y otorgarles mayor protagonismo para el desarrollo de sus propias formas de economía y producción. Este informe será revisado por el Pleno durante las próximas semanas, sin confirmación aún de fechas, debido a la gran cantidad de otras normas -provenientes de otras comisiones- que deben ser votadas aún.

En lo que respecta al agua y los recursos hídricos, se aprobaron una serie de normas orientadas a su protección a través de distintos estamentos legales. Así, en materia de estatuto constitucional del agua se aprobó la norma que indica que “los usos prioritarios de las aguas son: el derecho humano al agua y al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas donde estas yacen, el ejercicio de la soberanía alimentaria y los usos tradicionales de los pueblos indígenas. Siempre prevalecerá el derecho humano al agua y al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. Los demás usos serán determinados por la institucionalidad correspondiente y la ley. El Estado velará por un uso razonable de las aguas”.

Así también, respecto a los derechos de agua se establecen diferentes condiciones para poder otorgar permisos para su uso de forma temporal. “El Estado podrá autorizar el uso de las aguas. Esta autorización será inapropiable, incomerciable, intransferible, temporal y obliga al titular al uso que justifica su otorgamiento. Estas autorizaciones estarán sujetas a obligaciones específicas de protección, a causales de caducidad, revocación y demás que sean pertinentes. Las autorizaciones de uso de agua serán concedidas basándose en la distribución y disponibilidad material de las aguas. El Estado mantendrá un registro público actualizado de estas autorizaciones”, afirma la norma.

Por su parte, respecto al sistema de gobernanza del agua, ésta deberá ejecutarse bajo un sentido ecológico y social de su uso: “El Estado debe asegurar un sistema de gobernanza de las aguas, de carácter ecológico, democrático y participativo, siendo la cuenca hidrográfica la unidad mínima de gestión y mediante el manejo integrado de estas. La administración de cada cuenca corresponderá a los Consejos de Cuencas, sin perjuicio de las atribuciones de la Agencia Nacional de las Aguas y demás instituciones competentes. La proyección de los usos del agua, así como los objetivos ecológicos y sociales de su gestión serán establecidos mediante planes hidrológicos de cuenca, elaborados y desarrollados por los Consejos de Cuenca”, dice el artículo.

Otra norma sobre la materia busca otorgar mayor participación a las comunidades sobre los usos que deben darse a este vital elemento. “El Estado deberá promover, proteger y fortalecer la gestión comunitaria de las aguas, especialmente en áreas y territorios rurales y extremos. Las organizaciones públicas comunitarias que participen de esta gestión deberán someterse siempre al interés público que funda su prestación y operarán sin fines de lucro”, expresa una norma.

A esta se le agrega otro articulado con pertenencia indígena que busca proteger los derechos de los pueblos al agua: “La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas los derechos sobre las aguas existentes en sus tierras y territorios, las cuales serán administradas directamente por ellos, de conformidad con su derecho propio y al derecho a la libre determinación. Estos derechos no podrán ser enajenados, gravados, embargados, ni adquiridos por prescripción. El Estado protege especialmente estas aguas y garantiza el normal abastecimiento, disponibilidad y calidad para su consumo y usos tradicionales por parte de los pueblos, comunidades y personas indígenas. Estos derechos deberán constar en el Catastro Público de Aguas”.

Energía y minería: un rol más fuerte del Estado

Respeto al estatuto energético, se aprobaron normas que otorgan un mayor rol del Estado a la hora de planificar y ejecutar proyectos energéticos que sean compatibles con el medio ambiente.

En esa línea, se aprobó la norma que establece que “toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. Es deber del Estado garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades, asegurando la continuidad de los servicios energéticos. El Estado deberá planificar y fomentar una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajas emisiones. La infraestructura energética es de interés público. El Estado fomentará las empresas cooperativas de energía y el autoconsumo, protegiendo a quienes las realizan, y garantizará el acceso a los bienes necesarios para su actividad”, afirma la norma.

En torno a la minería, logró pasar la barrera de la votación en particular la noma que establece cómo se configurarán los permisos de explotación de los recursos mineros. Y en ese sentido, el articulado establece una concesión temporal para la producción, sin derecho de propiedad sobre los terrenos que sean explotados.

“No serán objeto de autorizaciones administrativas las sustancias como el litio, los minerales no metálicos, los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos, aquellas sustancias situadas en áreas que la Constitución y la ley consideren de interés nacional, y las demás sustancias que determine la ley. Estas sustancias serán explotadas por las empresas del Estado. Las autorizaciones mineras se otorgarán de forma temporal, mediante un procedimiento transparente e informado a la ciudadanía, en los términos y condiciones que establezca la ley.  Estas autorizaciones no otorgan propiedad. Será de competencia de un órgano administrativo la evaluación, otorgamiento, revisión, caducidad y extinción de las autorizaciones administrativas, así como el seguimiento del cumplimiento de estas. Las controversias que surjan de estas instancias darán derecho al afectado a reclamar ante los tribunales competentes”, dice el articulado.

También, se agregó una norma específica con relación a la protección de la mediana y pequeña industria minera: “El Estado protegerá la pequeña minería y pirquineros, resguardando a quienes las realizan y facilitando el acceso al uso de las tecnologías necesarias para el ejercicio tradicional y sustentable de la actividad”.

Modelo y desarrollo económico: objetivos sociales y ecológicos

Tras la revisión de las normas referidas a estatutos y recursos naturales, la comisión revisó los contenidos relacionados al modelo económico. En ese sentido, los articulados que serán enviados al Pleno se orientan a establecer un nuevo foco para la economía, con componentes solidarios, sociales, ecológicos, pluralista y del buen vivir.

En esa línea, se aprobó que “el Estado participa en la economía del país para cumplir con los objetivos sociales y ecológicos establecidos en esta Constitución y alcanzar el buen vivir. Para ello regula, fiscaliza, planifica, conduce, fomenta y desarrolla actividades económicas. El Estado promoverá, entre otros, el pluralismo en la economía, la diversificación productiva y la innovación, así como fomentará la economía social y solidaria, los mercados locales y los circuitos cortos”.

Este articulado se fortalece con una indicación que específica las áreas que deben ser protegidas por el Estado ante la actividad económica. “El Estado en materia económica promoverá la justicia social e intergeneracional, la solidaridad, la igualdad sustantiva, el respeto a la maturaleza y el medioambiente, el trabajo decente y la democracia económica”, afirma la norma.

También se establece un rol central del Estado para la iniciativa económica, pero siempre bajo el respeto hacia el medioambiente como un elemento clave que debe ser tomado siempre en cuenta: “El Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica. La ley regulará la actividad empresarial del Estado en atención a su función pública, la que podrá adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización. La ley podrá reservar al sector público la provisión exclusiva de bienes o servicios cuando así lo exigiere el interés general. Toda iniciativa pública del Estado en materia económica se regirá por los principios de esta Constitución”, dice la norma.

También, se busca instaurar constitucionalmente una nueva institucionalidad con distintos actores por región, para planificar la economía de los diferentes territorios. Este órgano será el Consejo de Planificación, y estará integrado por representantes del Poder Ejecutivo, del Congreso, de las regiones, de las comunas autónomas, de los pueblos indígenas, de las y los trabajadores, de las y los empresarios y de las universidades públicas.

Además, dentro de este nuevo paquete de normas que se presentará al Pleno, aparece aquella que establece algunos principios sobre el régimen tributario, consagrando que “todas las personas y entidades que establezca la ley deberán contribuir al financiamiento del gasto público, mediante un sistema tributario fundado en los principios de igualdad, progresividad y solidaridad (…)”. Agregándose a estos principios que la política fiscal debe ser eficiente, promover la remoción de las desigualdades sociales, económicas, culturales y de género, y con responsabilidad intergeneracional.

También, se establece una norma que apunta a sancionar abusos y malas prácticas empresariales como la colusión: “El Estado debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados. Para ello combatirá la colusión, el abuso de la posición dominante, las prácticas monopólicas, entre otras”, explícita el artículo.

Respecto a materias internacionales y los tratados, se dio luz verde a la norma que busca que cada uno de estos tratados debe resguardar y proteger al medio ambiente: “Las relaciones comerciales de nuestro país con la comunidad internacional responderán a los intereses de los pueblos de Chile, los derechos de la Naturaleza y la crisis ecológica global, estableciendo como prioridad el fortalecimiento de los mercados locales y territoriales del Estado Plurinacional, en segundo lugar el intercambio con los países vecinos y de la región latinoamericana, y en tercer lugar con el resto del mundo”.

Sobre el derecho de la propiedad, tema que también ha sido abordado en otras instancias como en Derechos Fundamentales, se establece una norma que reconoce una función social y ecológica de la propiedad: “Nadie es dueño del vínculo que existe entre los elementos naturales y su ecosistema o ciclos naturales. El propietario tiene el deber de mantener las funciones ecológicas esenciales asociadas a dichos elementos, a restaurarla en su caso y abstenerse de realizar actividades que puedan perjudicar tales funciones. La ley podrá establecer restricciones al ejercicio de otros derechos o libertades establecidos en esta Constitución con la finalidad de proteger el medioambiente, los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad”, afirma el artículo que será presentado ante el Pleno.

Visiones encontradas, pero una idea común: muchas normas serán devueltas para revisión

Luego de estas intensas semanas de redacción de normas y deliberación, este nuevo informe expondrá ante el Pleno el último paquete de temáticas que presentará la Comisión de Medio Ambiente. Y las visiones respecto de la aprobación de estas normas por dos tercios de los convencionales, en las dos almas de la comisión, son completamente opuestas.

Por un lado, está el mayor optimismo del coordinador de la Comisión, el convencional Juan José Martín (INN), quien -pese a confesar que muchas de las más de 50 normas serán devueltas por el Pleno para su nueva revisión- confía en que, pese a ello, se está caminando por un mejor camino respecto del anterior informe, con espacios de mayor diálogo y de mejor trabajo para una redacción más jurídica para la construcción de las normas.

En ese sentido, Martín comenta a País Circular lo que para él significó como lección el rechazo casi por completo del Pleno al primer informe, y cómo se ha trabajado este segundo documento. “Sobre las lecciones del primer informe -afirma-, tiene que ver con dos ideas: primero, que los temas ambientales tienen un desafío anterior a otros temas que tocan otras comisiones. Y es que no solo hay que dialogar sobre el cómo tienen que ir en la Constitución, sino que muchos de estos tienen un cuestionamiento previo y es si es que deben ir o no en la Constitución, porque son temas -si uno se fija en el derecho comparado en general- que en la mayoría de las constituciones del mundo son del siglo pasado. En ese tiempo la temática ambiental no era tan presente, no estaba muy desarrollada a nivel constitucional. Por lo tanto, hay un desafío anterior, y eso implica que muchos de estos temas deben ser presentado de una manera concisa, con tratamiento jurídico bien estricto, y así se generan menos dudas en esta primera instancia. Uno de los aprendizajes más grandes tiene que ver con eso: con que se debe ser conciso en la interpretación, porque si no genera ese desafío anterior de si un tema tiene que estar o no en la Constitución, antes de conversar el cómo”.

“Y lo otro -agrega- es que los informes lleguen, ojalá, con consensos al Pleno. Eso significa que los informes no solo deben construirse en base a acuerdos, como fue el primer informe de buena fe, sino que deben ser con consensos que pasen por un proceso iterativo muy riguroso con todos los colectivos, de que no hay ningún concepto que pueda hacer caer una norma. Eso obviamente tiene la limitación del tiempo; la cantidad de tiempo que tenemos para revisar una y otra vez con los distintos colectivos, para que no haya ningún concepto que a los colectivos les generen dudas. Creemos que en este informe lo hemos hecho mejor”.

Sin embargo, el convencional advierte que, pese a ese esfuerzo inicial, hay conciencia de que muchos articulados necesitarán ser nuevamente revisados por la comisión, por lo que serán devueltos por el Pleno: “Se ha hecho un trabajo de acompañamiento más intenso que en el primer informe, y esperamos que llegue con más piso que el informe anterior; pero todavía hay muchas temáticas que necesitan seguir siendo perfeccionadas. Entonces, hay temas que vamos a enviar que ya sabemos se van a devolver para ser perfeccionados. En ese sentido, lo tomamos de una manera tranquila. Sabemos que es parte del diseño del proceso y hay temáticas que eran muy complejas. Este informe abarcaba temáticas mucho más grandes, entonces el tiempo no permite que todos los temas se logren resolver. El informe entra con mayor piso en varias de las normas, pero muchas otras entran con el mejor esfuerzo logrado hasta el momento de su presentación, pero vamos a tener que seguir trabajándolas las semanas que vienen”, comenta.

Por su parte, desde una vereda opuesta, el convencional Rodrigo Álvarez (UDI) es mucho menos optimista ante el futuro de este informe, y no solo porque pueda ser rechazado, sino porque mantendría los mismos problemas que el anterior, estableciendo temáticas que, a su juicio, siguen transitando por un mal camino.

“Uno lo que esperaría, en primer lugar, es un mayor grado de sensatez y racionalidad. La Comisión de Medio Ambiente ya tuvo la sorpresa de que, de 40 artículos, solo se aprobara uno. Esperaba que eso sirviera de elección, pero lamentablemente eso no lo veo así y podemos tener medidas aprobadas muy negativas para el crecimiento, muy negativas para el desarrollo, muy negativas para las relaciones internacionales de Chile, absolutamente equivocadas en materia de nacionalización de empresas, o de las autorizaciones para hacer determinados tipos de negocios”, plantea Álvarez.

“Yo esperaría -y ojalá así fuera- mayor sensatez y racionalidad, pero lamentablemente veo todavía un ánimo muy contrario y que significa afectar gravemente el desarrollo económico futuro, afectar gravemente la posibilidad de crecimiento y de generar empleo. Hay demasiadas iniciativas, tanto desde el punto de vista internacional como en las normas económicas en general, como de ciertos sectores productivos, que son absolutamente negativas”, agregó.