Al menos dos grandes desafíos se ha puesto el Segundo Tribunal Ambiental los últimos años, y está avanzando en ellos: agilizar los procesos de tramitación de las causas, e impulsar la resolución de los conflictos socioambientales a través de mecanismos colaborativos. Así lo subraya la ministra presidenta de esta judicatura especial, la abogada y máster en Ciencias del Medio Ambiente Marcela Godoy Flores, quien esta tarde entregará la Cuenta Pública 2024 de la entidad que dirige.

El Segundo Tribunal Ambiental (2TA) fue el primero del país en funcionar y, hace una semana, cumplió 12 años desde que inició sus actividades jurisdiccionales, que abarcan la zona central, desde la región de Valparaíso a la del Maule. A medida que ha pasado el tiempo, se ha ido incrementando la cantidad de casos que llegan a esta judicatura especializada, que también ha ido aumentando sus facultades en virtud de nuevas leyes.

En relación a los desafíos mencionados, a lo largo de su historia el 2TA ha impulsado, guiado y aprobado 18 procesos de conciliación (3 de ellos fallados en 2024), como mecanismo colaborativo de resolución. “Esto nos permite, en muchos casos, resolver no solo la controversia jurídica, sino también el conflicto socioambiental que subyace tras el proceso judicial”, comenta a País Circular la ministra Godoy.

En cuanto a agilizar los procesos, la presidenta del 2TA cuenta con orgullo que en 2024 lograron una disminución promedio de 27 días en la tramitación de causas. “Avanzamos en la definición de una metodología para medir los tiempos de tramitación y evaluación de la complejidad de las causas, lo que ha permitido optimizar los procesos asociados a la duración de los juicios, especialmente a propósito de los plazos de redacción de sentencias”, explica Marcela Godoy Flores.

De acuerdo a la Ley 20.600, que creó los tribunales ambientales en Chile, estas cortes tienen competencia en tres ámbitos: demandas de reparación por daño ambiental; autorizar la ejecución de determinadas medidas que dicta la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA); y reclamaciones de ilegalidad de determinados actos administrativos y normas dictadas por el Ministerio del Medio Ambiente, la SMA, el Servicio de Evaluación Ambiental, el Comité de Ministros y otros organismos del Estado con competencia ambiental.

En ese contexto, durante 2024 al Segundo Tribunal Ambiental ingresaron 61 causas, siendo la mayoría (53) reclamaciones de ilegalidad de actos de la Administración, 6 por daño ambiental y 2 solicitudes de autorización de la SMA. En cuanto a las sentencias dictadas el año pasado, fueron 45, la mayor cantidad (39) por reclamaciones.

En esta entrevista, la ministra presidenta del 2TA adelanta algunos de los tópicos que serán tratados esta tarde en la Cuenta Pública 2024 -desde las 15.45 en el auditorio de la CGR-, así como en el conversatorio que se realizará a continuación, sobre el tema “La resolución colaborativa de controversias socioambientales a partir de la experiencia del Segundo Tribunal Ambiental”. En el diálogo participarán el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier Wartenberg; el director de la ONG FIMA, Ezio Costa Cordella; la profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes, Rosa Fernanda Gómez González; y el abogado socio del Área de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estudio FerradaNehme, Patricio Leyton Florez.

-¿Cuáles fueron los principales logros del Segundo Tribunal Ambiental durante 2024?

El año 2024 fue un período de importantes cambios y desafíos, tanto en materia jurisdiccional como administrativa, cuya concreción nos ha permitido seguir siendo un referente en materia de justicia ambiental.

En primer término, destaco la disminución en los tiempos de tramitación de las causas en un promedio de 27 días, pasando de una duración de 159 días en 2023, a 132 días el año pasado.

Otro aspecto relevante del trabajo realizado en 2024, es que ha sido el año en que hemos dictado el mayor número de fallos en reclamaciones y demandas, con 43 sentencias, de un total de 45. Esta cifra da cuenta de un incremento sostenido en el tiempo, superando las 31 sentencias dictadas durante el 2022 y las 34 sentencias dictadas el 2023 en este tipo de causas.

Tanto la rebaja en los tiempos de tramitación como el incremento en la dictación de sentencias responden directamente al principal desafío que nos hemos impuesto, a saber, mejorar nuestra gestión jurisdiccional.

Concretamente avanzamos en la definición de una metodología para medir los tiempos de tramitación y evaluación de la complejidad de las causas, lo que ha permitido optimizar los procesos asociados a la duración de los juicios, especialmente a propósito de los plazos de redacción de sentencias que, como mencioné, disminuyeron en un promedio de 27 días.

Además, el robustecimiento del equipo jurisdiccional, conformado ahora por 5 relatores y relatoras y 5 asesores y asesoras en ciencias, también ha repercutido en poder acotar los tiempos de tramitación, lo que sin duda se verá reflejado este 2025.

Estoy convencida de que la justicia ambiental, solo cuando es pronta y oportuna es realmente justicia, eso lo he dicho desde que asumí como presidenta del Segundo Tribunal Ambiental [agosto de 2023], y debo decir con orgullo que también es el sentir de cada uno de sus integrantes y en ello estamos enfocados.

-¿Por qué eligieron como tema del conversatorio la “Resolución colaborativa de controversias ambientales”?

Primero, quisiera destacar que la ceremonia de Cuenta Pública constituye una instancia de balance y rendición de cuentas que busca dar cumplimiento a los principios de transparencia y acceso a la información pública, exigidos legalmente al Segundo Tribunal Ambiental. En este contexto es que el año 2022, el Tribunal toma la decisión de desarrollar en el marco de su Cuenta Pública un espacio que permita abordar temas de interés vinculados a su gestión jurisdiccional, al cual convocamos a autoridades de Estado y destacados profesionales del mundo académico, ONG’s y abogados.

Hemos mantenido este espacio, y en esta ocasión identificamos un tema que con el paso de los años se ha consolidado como un desafío dentro de nuestro quehacer: plantearnos como una vía confiable e integradora para la solución de conflictos socioambientales, explorando también la resolución colaborativa de las controversias que son sometidas a nuestro juicio.

Este Tribunal en su historia ha impulsado, guiado y aprobado 18 procesos de conciliación, siendo 4 de ellos en reclamaciones de ilegalidad de actos de la Administración.

A través de estos conversatorios promovemos también espacios para compartir criterios, lineamientos y opiniones, acercando a la comunidad a nuestro quehacer jurisdiccional.

-En relación a lo anterior, ¿cómo ha sido la experiencia del 2TA?, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esta alternativa?

El tribunal ha seguido perseverando en impulsar y desarrollar procesos de conciliación. Estos procesos generalmente son largos y requieren la disposición de todas las partes, pero hemos logrado resolver puntos de conflictos que muchas veces una sentencia no lograría abarcar, y llegar a buenos términos.

La resolución colaborativa de conflictos ambientales -como es la conciliación-, es a nuestro juicio muy relevante, por lo que destinamos esfuerzos para poder implementarla y, ojalá, con éxito. Es una de las tareas que hemos ido promoviendo con mayor fuerza durante estos últimos años.

-¿Qué desafíos vislumbran en el Segundo Tribunal Ambiental para 2025?

Obviamente, lo primero es enfatizar que continuaremos avanzando en nuestro compromiso institucional de desarrollar mecanismos que nos permitan agilizar los procesos de tramitación de las causas; como también impulsar y fortalecer la resolución de los conflictos socioambientales a través de mecanismos colaborativos, como las conciliaciones.

Este 2025 marcará un nuevo ciclo de desarrollo para el Tribunal, con desafíos orientados a fortalecer nuestra gestión y seguir cumpliendo nuestro rol dentro de la justicia ambiental. Para ello, avanzaremos en iniciativas estratégicas que refuercen nuestra eficiencia y transparencia. Un eje central será la ejecución del Plan Táctico de Comunicaciones, destinado a fortalecer la difusión de nuestra labor y nuestra vinculación con la ciudadanía. En paralelo, optimizaremos el sistema de gestión de causas, agilizando su tramitación y mejorando la trazabilidad de la información, en línea con nuestro compromiso con la eficiencia institucional.

El desarrollo del talento y el bienestar del equipo seguirá siendo una prioridad en nuestra agenda. Implementaremos un nuevo Plan de Calidad de Vida Laboral, incorporando medidas para abordar los riesgos psicosociales. Además, diseñaremos un programa de engagement orientado a atraer, desarrollar y retener talento altamente especializado, asegurando un equipo comprometido con la excelencia y la misión del Tribunal.

En materia de seguridad, reforzaremos la protección de la información, asegurando la continuidad operativa del Tribunal y el resguardo de los datos institucionales. Asimismo, seguiremos implementando la nueva Ley de Compras Públicas a nuestros procesos administrativos y financieros, adecuándolos a los más altos estándares de transparencia y eficiencia en la administración de los recursos públicos. Estas acciones consolidan una gestión moderna y alineada con los desafíos del futuro.