Este domingo 17 de noviembre, en el Parque Metropolitano de Santiago, autoridades presentaron un protocolo de contingencia ante eventuales incendios forestales de cara al próximo verano.  En la cita, de la que participaron el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, junto a autoridades de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), entre otros, se detallaron estrategias como intervenir territorios con acciones de limpieza, incrementar las brigadas y resguardar la conectividad mediante el Roaming Nacional de Emergencia.

Si bien estas medidas permiten avanzar, no resuelven el problema de fondo que recae en la ausencia de una legislación. Actualmente, hay tres propuestas que se tramitan en el Congreso, siendo una de ellas, la más robusta, el proyecto que “Regula la prevención de incendios forestales y rurales, y otras materias que indica” (Boletín N° 16335-14), conocido como “Ley Larga de Incendios”, presentada por el Gobierno a fines de 2023, a través del Ministerio de Agricultura, y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Esta iniciativa, que se encuentra en Segundo trámite constitucional, con suma urgencia, contempla cortafuegos obligatorios y limpieza del interfaz urbano-rural (aquella zona donde conviven las comunidades humanas con coberturas vegetales propensas a incendios), así como dotar de instrumentos al futuro Servicio Nacional Forestal (Sernafor), para generar medidas de prevención y mitigación de incendios.

Al respecto, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, afirmó hace unos días que “nuestro llamado es a que podamos legislar y concluir la tramitación durante estos dos meses que nos quedan de año. Y no desenfocarnos en una ley corta que solo nos desviará del objetivo final: Tener mejores herramientas para prevenir y combatir los incendios”.

Priscila Ibacache, arquitecta con Postítulo en Ordenamiento y Planificación Territorial, subraya el grave escenario que se enfrenta sin una legislación. “En Chile, la normativa urbanística es compleja y disgregada, lo que dificulta una regulación efectiva en la prevención de incendios. Aunque existe el decreto que permite declarar algunas regiones en “emergencia preventiva” y brindar recursos en situaciones de incidencia, la falta de una ley específica deja al país en una posición reactiva más que preventiva. Es muy preocupante el no contar con políticas que regulen esta problemática de manera integral, en coordinación con los distintos actores, tanto públicos como privados”.

Por su parte, Rosemarie Garay, académica de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, comparte este diagnóstico. “Yo siento la ausencia de una autoridad en la sincronización respecto a un habitar más seguro, tanto de población urbana como de la rural. Si uno indaga en lo que significa la planificación del territorio, para prevenir la ocurrencia de desastres y en particular de incendios forestales, yo no veo avances”.

“Estamos esperando que el desastre ocurra para reaccionar. Y faltan actores que se hagan cargo de definir políticas públicas que tiendan a proteger más a la población, incluso desde la perspectiva de establecer exigencias como, por ejemplo, la evacuación o erradicación de campamentos que estén en áreas de riesgo”, apunta la ingeniero forestal.

Lo que propone la “Ley Corta de Incendios”

Félix González, diputado del Partido Ecologista Verde, es el autor del proyecto que “Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para establecer limitaciones y prohibiciones destinadas a prevenir incendios forestales” (Boletín Nº15742-14). Esta iniciativa conocida como “Ley Corta de Incendios”, actualmente en Segundo trámite constitucional, apunta a separar los centros poblados de las plantaciones forestales mediante cortafuegos.

“El proyecto le entrega atribuciones a los municipios, en conjunto con Conaf, para hacer cortafuegos en cualquier momento. Y si quiere o no quiere el privado. Además de establecer una prohibición de seguir plantando pinos, eucaliptus y especies exóticas dentro de las zonas urbanas”, declara el parlamentario, quien responsabiliza a Esteban Valenzuela por retrasar su aprobación en el Congreso.

“Desde que presentamos este proyecto, tras los incendios de Santa Juana a principios de 2023, estuve todo el año predicándolo con poca repercusión, destacando que era necesario hacer cortafuegos antes de los incendios. Y en diciembre recién logramos despachar el proyecto. Pero el Gobierno, a través del ministro de Agricultura, torpedeó este proyecto por poner en agenda el suyo, que ingresó en octubre y todavía está en el Senado. Un proyecto que le entrega atribuciones a un organismo inexistente, que es el Servicio Nacional Forestal”.

“Entonces, por no avanzar con nuestro proyecto de ley corta, tan de sentido común, tuvimos que lamentar 137 muertos a principios de año”, recalca Félix González en alusión a los incendios desatados el 2 y 3 de febrero de 2024 en la región de Valparaíso. Según comenta el diputado Ecologista, las 70 casas que se salvaron en el condominio Villa Botania (Quilpué), en el marco de esa catástrofe, fue porque ya se habían hecho los cortafuegos. “Conaf está preparado para esta labor y la ley corta está lista para ser aprobada. Podría despacharse al Senado sin ninguna modificación, porque es un proyecto muy breve y práctico”.

“La gran empresa forestal está a favor, porque ya están haciendo cortafuegos. Son los medianos y los pequeños propietarios que se niegan a que les corten los árboles, esperando quizá tener un precio. Y ahí es donde es necesario que el Estado obligue, porque hay un bien superior”, recalca Félix González, diputado por el Distrito 20, de la región del Biobío.

Rosemarie Garay, por su parte, hace el punto en que “no podemos generalizar los cortafuegos para cualquier cosa, porque hay que definir cuándo, cómo y a qué. Por ejemplo, a través de modelos de simulación de incendios forestales, se puede establecer en qué zonas se pueden hacer cortafuegos y con qué características. Pero es muy distinto si estamos hablando de zonas de interfaz urbano-forestal, que es donde más se fija el enfoque de los cortafuegos, a si estamos hablando de terrenos que son plenamente plantaciones”.

En tanto, respecto a los instrumentos que regulan el territorio en Chile, Priscila Ibacache indica que estos se componen, principalmente, por Planes Reguladores Intercomunales (PRI) y Planes Reguladores Comunales (PRC), que establecen las normas de uso del suelo dentro de las áreas urbanas y de extensión urbana.

“El problema surge en las áreas rurales, correspondientes a inmuebles de actitud agrícola, ganadera o forestal, emplazados fuera de los límites urbanos, lo que deja sin control normativo a las zonas cercanas a plantaciones y centros poblados, aumentando el riesgo de incendios.  En ese entendido, la ley corta propuesta busca llenar ese vacío normativo al exigir cortafuegos entre las áreas urbanas y rurales, estableciendo una medida concreta para prevenir la propagación de incendios”, aclara.

“Sin embargo, para que sea efectiva, es necesario que estos instrumentos se complementen a los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), al momento de normar, ya que estos podrían jugar un papel clave en la coordinación de las acciones delimitando y definiendo las zonas de interfaz urbano-rural forestal (ZIURF), garantizando la implementación de cortafuegos”, complementa.

Normativa sobre los cambios de uso de suelo

Un tercer proyecto, que “Regula los cambios de uso de suelo y los actos administrativos y obras de subdivisión, urbanización y edificación de terrenos afectados por incendios forestales” (Boletín N°13967-12), conocido inicialmente como “Ley de Incendios”, fue presentado en diciembre de 2020 por el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, con el fin de prohibir el cambio de uso de suelos afectados por incendios, por un plazo de 30 años.

En concreto, esta iniciativa busca evitar que proyectos inmobiliarios, forestales o empresas agrícolas se beneficien con la quema de terrenos, favoreciendo así la recuperación de la vegetación y de sus ecosistemas afectados. Actualmente, este proyecto se encuentra en Primer trámite constitucional, desde enero de 2023, sin nuevos avances. Para conocer más detalles, País Circular contactó infructuosamente a Diego Ibáñez.

En cuanto a este proyecto, Priscila Ibacache destaca que es positivo “entregar facultades a los Instrumentos de Planificación Territorial para la regulación del uso del suelo tras incendios forestales, ya que establece la obligatoriedad de franjas de interfaz urbano-rural e instruye las sanciones e infracciones ante el incumplimiento a las medidas propuestas. Además, prevé el uso indebido en los terrenos afectados por incendios forestales permitiendo la recuperación del suelo”.

Pero en contra, la arquitecta señala que “esta propuesta no regula adecuadamente el cambio de uso de suelo para las viviendas sociales, al mantener las excepciones incentivadas por las Políticas Públicas habitacionales, en respuesta al crecimiento urbano exponencial. Esto sigue generando un gran impacto en las áreas rurales, lo que claramente provoca una disminución progresiva del suelo agrícola, al no reconocer las aptitudes propias del territorio, afectando la planificación del territorio”.

Temas pendientes y desafíos

Mientras en el Congreso se tramitan estas iniciativas con miras a levantar una Ley de Incendios definitiva, especialistas destacan medidas en las que se podría avanzar en paralelo.

Rosemarie Garay, por ejemplo, pone el punto en el personal de emergencia. “En Chile se contratan brigadistas solo por la temporada de incendios. Y no son profesionales, como en Estados Unidos, México o España, en donde reciben capacitación y certificaciones de organismos internacionales importantes, que acreditan la competencia de esas personas para desenvolverse en esas labores. En Chile deberíamos tener cuadros permanentes trabajando en eso”.

“Pero no hay presupuesto. Los presupuestos de emergencia se activan cuando la emergencia está en curso. Es decir, partió el incendio, Conaf dispone de presupuesto para llevar la brigada a terreno y combatir el incendio en la parte operacional. Pero en la parte preventiva, Conaf no puede disponer de brigadistas para ir a hacer un trabajo preventivo antes de la ocurrencia del incendio”, recalca la académica de la Universidad de Chile.

Pero también la especialista identifica un problema mayor y es que “todos entendemos que estamos parados en la absoluta falta de planificación territorial. Por lo tanto, lo que se requiere urgente es un análisis para que, efectivamente, los planos reguladores comunales pongan a disposición información de cuáles son las zonas de riesgo, para establecer cuáles son las zonas seguras”, explica Rosemarie Garay.

Un punto en el que Priscila Ibacache enfatiza, ya que “es crucial comprender el territorio y llevar a cabo una planificación que se base en una gobernanza eficaz y adecuada, mediante instrumentos de planificación territorial. Por tanto, el rol de los planes de ordenamiento es primordial, resaltando la importancia en la gestión y planificación de un territorio, que permita establecer una potestad regulatoria que anticipe posibles riesgos en todo el territorio, en armonía con el crecimiento urbano sin comprometer la integridad del ecosistema del territorio”.

Pero además, destaca la arquitecta, con el fin de prevenir tanto el inicio como la propagación del fuego, hay modelos que podrían tomarse desde el extranjero para ser aplicables en Chile.

“Un modelo extranjero aplicable en Chile es el de Francia, específicamente en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, debido a que este modelo aborda la intervención humana, que es la principal causa de incendios forestales, a través de la creación de zonas o franjas de seguridad en terrenos forestales y bosques. En este sistema, utilizan mapas en línea con información geográfica y establece la responsabilidad de mantener despejadas las propiedades adyacentes a terrenos forestales y bosques. Esta estrategia permite a las autoridades identificar áreas vulnerables y actuar de manera proactiva”, describe.

“Este enfoque es fundamental. El contar con información geográfica accesible y especializada que defina claramente las responsabilidades de todos los actores involucrados en la planificación territorial, tanto públicos como privados, facilitaría el reconocimiento y monitoreo del territorio en armonía con la legislación vigente, promoviendo una gestión más eficaz y coordinada”, sostiene Priscila Ibacache.