Dominga: Primer Tribunal Ambiental acogió reclamación de la empresa y ordena al Comité de Ministros volver a votar
Tras conocerse la decisión de la judicatura especializada, la Alianza Humboldt la calificó de “ilegal” y anunció que presentarán un recurso de queja ante la Corte Suprema. De este modo, el proyecto minero-portuario que Andes Iron pretende instalar en la comuna de La Higuera (Coquimbo) continúa en la disputa judicial, luego que el mismo tribunal reabriera el caso a fines del año pasado, anulando el rechazo emitido por el Comité de Ministros en enero de 2023. La empresa minera celebró el fallo del tribunal, mientras que el Ministerio del Medio Ambiente anunció que el gobierno presentará en los próximos días un recurso de apelación.


El Primer Tribunal Ambiental (1TA), con sede en Antofagasta y jurisdicción en la macrozonas norte (Arica y Parinacota hasta Coquimbo), dio a conocer ayer, lunes 17 de enero, una nueva resolución respecto del megaproyecto minero portuario que la empresa Andes Iron busca instalar en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo, en la zona del Archipiélago de Humboldt.
Acogiendo un recurso de la empresa, el tribunal resolvió que la última calificación realizada por el Comité de Ministros, del 8 de enero pasado, donde rechazan por tercera vez el proyecto, no cumplió con lo establecido en un fallo previo de la misma judicatura.
Así, el 1TA determinó ayer que, en un plazo de 10 días, el Comité de Ministros deberá emitir una nueva resolución (acto complementario) respecto al proyecto Dominga, debido a que la entidad ministerial no se habría ajustado estrictamente a la sentencia, agregando causales de rechazo no contempladas en fallos previos. Además, el Comité no habría cumplido con el plazo para pronunciarse.
Esta tarde, desde el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) difundieron las declaraciones del ministro (S) Maximiliano Proaño, quien subrayó que “usar las herramientas de defensa que nuestro sistema jurídico contempla es un derecho, y lo vamos a ejercer”.
“Respecto a la resolución del Primer Tribunal Ambiental, como ministerio estamos analizando el contenido, pero desde ya hay elementos que llaman la atención, como por ejemplo, que obliga a pronunciarse a la secretaría técnica, que es el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), para alterar una decisión del Comité de Ministros, cuando esta secretaría no tiene las competencias para aquello. El SEA presentará en los próximos días un recurso de apelación contra esta resolución, argumentando que el Comité de Ministros revisó su composición, sesionó y tomó una decisión apegada a la ley y a la sentencia del propio tribunal ambiental”, precisó Proaño.
Antecedentes
La actual judicialización del proyecto se originó tras la calificación desfavorable emitida hace dos años (enero 2023) por el Comité de Ministros, que fue reclamada por Andes Iron ante el 1TA. Este tribunal resolvió, el 19 de diciembre pasado, anular aquella resolución del Comité y ordenó un nuevo pronunciamiento en un plazo de 15 días. Tras el fallo del 1TA, el Comité de Ministros se reunió el 23 de diciembre y decidió consultar en relación a la subrogancia de los ministros que forman ese cuerpo, esta vez inhabilitados para votar. Una vez resuelto este tema por la Contraloría, el Comité (conformado por subrogantes) volvió a resolver en contra del proyecto Dominga, esta vez acogiendo además dos reclamaciones interpuestas por opositores al proyecto, alusivas a la biodiversidad y flora protegida (específicamente de la algarrobilla y el pacul) a una insuficiencia del Plan de Contingencias para derrames de hidrocarburos.
Ante lo resuelto por el Comité de Ministros, Antes Iron inició ante el Primer Tribunal Ambiental una solicitud de cumplimiento incidental, la cual este lunes fue acogida por tribunal, el cual indica que el Comité de Ministros incumplió fallos previos de la justicia ambiental y agregó que las dos nuevas causales son “materias que no fueron objeto de control”.
Uno de los efectos prácticos de la resolución del 1TA es que el Proyecto Dominga seguiría con su RCA vigente.
Mediante un comunicado de prensa, Andes Iron comentó esta mañana que “el fallo [del 1TA] ratifica nuevamente que la discusión técnica sobre nuestro proyecto está concluida y que cumple cabalmente con la normativa medioambiental’. Añadió que tienen la “esperanza” de que “en esta ocasión, se cumpla con lo instruido por la justicia ambiental”
El texto agrega: “Solicitamos finalizar el espiral interminable de resquicios para poner trabas ilegítimas a la puesta en marcha del Proyecto Dominga, situación que representa una mala práctica que desprestigia a nuestra institucionalidad y genera la postergación de inversiones sostenibles claves para la Región de Coquimbo”.
En el comunicado, la empresa minera dice que la decisión del tribunal “demuestra un actuar inédito y grave de parte del Comité de Ministros, al negarse a acatar fallos judiciales”, y agrega que avanzará en la tramitación de los permisos necesarios para comenzar la construcción del proyecto.
Resolución “inédita” e “ilegal”
Tras conocerse el dictamen judicial de ayer, fue calificado como “inédito” e “ilegal” por los abogados de Alianza Humboldt, agrupación que reúne a organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades locales que denunciar el impacto ambiental irreversible que tendría la implementación de Dominga.
“Ordenando aprobar Dominga, el Primer Tribunal Ambiental intenta algo que tiene estrictamente prohibido, determinar la decisión de la autoridad, en este caso la del Comité de Ministros. El Tribunal no puede, ni siquiera técnicamente, sustituir toda la información que ha puesto en duda la viabilidad de este proyecto, cuestión que le toca exclusivamente decidir a la autoridad administrativa”, explicó Marcos Emilfork, Coordinador Jurídico de ONG FIMA y representante de la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, entre otros. “Ante el exceso en sus atribuciones, el sistema deja recursos disponibles, por lo que buscaremos que se rectifique esta falta grave”, sentenció el abogado.
“Lo que estamos presenciando es inédito. Estamos viendo cómo el Tribunal Ambiental se arroga atribuciones que no tiene, desconociendo su mandato especial en materia ambiental y ordenando que se apruebe Dominga por vías que no existen en el ordenamiento jurídico, lo cual es gravísimo pues atenta contra el Estado de Derecho”, señaló la abogada Alejandra Donoso, directora de Defensoría Ambiental y que representa a distintas comunidades locales que se oponen al proyecto minero portuario de Andes Iron. “Presentaremos un recurso de queja ante la Corte Suprema para que enmiende esta situación y ordene al Tribunal Ambiental de Antofagasta a ajustarse a la Ley, pues se está poniendo en jaque la legalidad del sistema y vale la pena cuestionarse las motivaciones detrás de esta acción”, sentenció Donoso.
Por su parte, la organización de conservación marina Oceana, apuntó a una tendencia por favorecer el proyecto de Andes Iron. “Desde un principio hemos visto cómo este Tribunal ha hecho todo lo posible por la aprobación de Dominga, excediendo sus competencias y dejando de lado su mandato por el resguardo ambiental”, dijo la Directora Ejecutiva de la ONG en Chile, Liesbeth van der Meer.
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