Este 14 y 15 de enero se realizará en Santiago -de manera virtual- el 4º Foro Internacional de Justicia Ambiental, organizado cada dos años por el Tribunal Ambiental de Santiago y que se ha transformado en el mayor evento en su tipo en Chile, y uno de los principales de la región. Durante dos días, el evento reunirá a magistrados, académicos, especialistas en derecho ambiental y expertos internacionales para debatir sobre temáticas como cambio climático, salud y medio ambiente, Constitución y medio ambiente y pueblos originarios, entre otros, con el objetivo de conocer las nuevas tendencias en esta materia y compartir experiencias de otros países.
Para ello, expondrán representantes de Chile, Alemania, Noruega, Nueva Zelandia, España, Estados Unidos, Colombia y Australia, y de organismos como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Meteorológica Mundial (WMO) y la agencia de protección ambiental de Estados Unidos (EPA), entre otros, así como el relator especial de las Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali.
“El foro siempre ha tenido como objetivo primordial poder nutrirnos como tribunal de las experiencias tanto académicas como judiciales, estar al día en el conocimiento y en la experiencia de otros jueces que aplican normativas ambientales en el mundo”, dice el ministro presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, Cristián Delpiano. Y este año, agrega, “tiene una muy buena combinación de elementos que son estructurales a nuestro trabajo, como son el tema de los principios, la idea de las experiencias judiciales, temas de cambio climático, pero también contingencia con los paneles de salud y medio ambiente, o Constitución y medio ambiente. Son un complemento extraordinariamente bueno para la discusión no solo académica, sino para nutrirnos como tribunal de la experiencia y el conocimiento de expositores de primer nivel y que están en la primera línea en estas materias”.
En esta entrevista profundiza en estas materias, y entre estas contingencias -afirma- se encuentra la pandemia global por Covid-19 como “un hecho inédito a nivel mundial para la generación actual, y que nos obliga a darle un tratamiento desde el punto de vista ambiental”.
¿Cuál es la relación que existe entre la pandemia por coronavirus y el medio ambiente?
Si uno analiza la pandemia como fenómeno de actualidad y el cambio climático, por ejemplo, y otros temas estructurales que va a abordar el foro como los principios ambientales, se pueden encontrar varias similitudes. El Covid 19 te obliga básicamente a dos grandes cosas: a combatirlo, o mitigarlo, que es un concepto asimilable al cambio climático; y también a generar adaptación, que también es válido para ambas cosas. Y tanto en el Covid 19 como en el cambio climático, ningún estado ha podido enfrentarlo solo, todos han necesitado cooperación a nivel internacional. Y en cambio climático hay estados que cooperan y otros que son reticentes a hacerlo, que son más bien competitivos en un mal sentido de la palabra, y lo mismo ocurre con la pandemia.
¿Cómo funciona esta cooperación entre los países desde el punto de vista ambiental?
De muchas maneras. El foro invita a expertos extranjeros y representantes de distintas entidades, acá vamos a tener a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o al relator de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Meteorológica Mundial… Una primera forma de cooperación es compartir experiencias y todas son válidas, las que son exitosas y las que no lo son, eso es fundamental. Luego, existe una cooperación formal en materia de organizaciones internacionales o de cooperación interestatal.
Cuando hablamos de cooperación en materia de justicia ambiental, está el Acuerdo de Escazú, que no ha sido suscrito por el país. ¿Cómo se abordará este tema en el debate del foro?
El foro se estructura sobre la base de la libertad de expresión de los ponentes, por tanto cada uno podrá dar su visión al respecto y todas son válidas. Como tribunal no somos promotores de acuerdos internacionales ni de normas, somos aplicadores de la ley. Ahora, respecto del Acuerdo de Escazú hay que considerar que contiene tres grandes ámbitos desde el punto de vista de los tratados internacionales que son el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental, dentro de los cuales Chile tiene mucha normativa en esos tres aspectos. Yo no voy a manifestar una posición sobre si es necesario o no firmarlo, pero todas aquellas cosas que se reflejan en el Acuerdo de Escazú tienen un desarrollo que viene de mucho antes, y muchas de ellas están efectivamente aplicadas en la legislación y pueden ser de aplicación del tribunal.
¿Suscribe la tesis de que con la legislación ambiental actual es suficiente, y no se requiere de suscribir el acuerdo?
No tengo una posición al respecto porque nosotros no somos promotores de normas. Sí puedo decir que hay muchos aspectos en la legislación nacional que pueden ser analizadas y mejoradas, en materia de acceso a la información, participación y acceso a la justicia ambiental. Sí creo que es bueno tener una revisión permanente con o sin tratado; la legislación siempre es mejorable, no se necesita un tratado para ello necesariamente. Te puede orientar, pero la legislación siempre es perfectible.
En ese sentido, ¿dónde ve mejoras necesarias en términos de legislación, donde hacer ajustes desde el punto de vista de la aplicación de la ley? Hay proyectos aún pendientes, por ejemplo, como la reforma al SEIA o el proyecto de ley de delito penal ambiental.
Hay dos cosas que hay que distinguir bien. La primera son aquellas discusiones que se están dando de temas que no están contempladas hoy en la legislación, y que podrían ser contempladas. Por ejemplo, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), o la ley marco de Cambio Climático. Son cosas que hoy no tenemos y que se está discutiendo implementar. Otra línea son aquellos aspectos que ya existen y que pueden ser mejorables, y en ello, respondo desde el punto de vista del funcionamiento de los tribunales ambientales, más que de otros temas estructurales: en los siete años que llevamos de funcionamiento de los tribunales ambientales, hay un problema permanente con el nombramiento de ministros. Tenemos que ver la forma de mejorar el sistema de nombramiento de ministros, de la subrogación y de la integración de los tribunales. Son aspectos urgentes de tratar. Nunca, en los siete años -salvo los dos primeros- han estado los 15 ministros a la vez, nunca han estado los tres tribunales completos en toda su historia de funcionamiento. Hoy los tres tribunales están trabajando con tres ministros, con el mínimo de su integración, y en el caso de Antofagasta es más complejo incluso porque tiene dos ministros de ciencia, entonces tienen que estar recurriendo permanentemente a un ministro de Corte. Entonces, lo que la ley contemplaba como excepción terminó siendo la regla general, y eso se tiene que arreglar.