Este martes, 11 de marzo, se cumplieron tres años desde que Gabriel Boric Font asumiera la Presidencia de la República y, en un acto realizado en Renca, el mandatario señaló que “hemos tenido avances, pero queda mucho por hacer”. Para analizar cuánto se ha avanzado y cuánto es lo que falta, la Fundación Ciudadanía Inteligente realizó el estudio “Del Dicho Al Hecho”, donde examina los progresos realizados en las materias comprometidas que dependen de medidas legislativas.

Sobre el objetivo de este análisis, la coordinadora de Incidencia de la Fundación, Josefina Correa, señaló que “Del Dicho Al Hecho es un estudio que realizamos desde Ciudadanía Inteligente buscando entregar información objetiva sobre el cumplimiento de las promesas legislativas realizadas por los candidatos presidenciales en sus programas. Este estudio lleva más de una década, fiscalizando la voluntad y compromiso político de quienes nos gobiernan con las promesas asumidas ante la ciudadanía en sus programas. Nuestra finalidad es aportar al debate público con evidencia, fortalecer la rendición de cuentas y promover una cultura democrática más transparente y responsable”.

Si bien el estudio arroja que, a nivel global, el gobierno de Boric ha cumplido con el 38% de las promesas legislativas realizadas en su programa de gobierno, para llegar a esa conclusión fueron analizados los cumplimientos en las siguientes áreas: agricultura, cultura, defensa, democracia, deporte, desarrollo social, economía y comercio, educación, equidad de género, estado, infancia y juventud, justicia y derechos humanos, medio ambiente, minería, pueblos indígenas, salud, seguridad ciudadana, trabajo y previsión social, transporte y telecomunicaciones, vivienda y urbanismo.

En los compromisos relacionados con el Medio Ambiente, Ciudadanía Inteligente identifica 9 promesas, de las cuales 4 se consideran realizadas, 0 en proceso y 5 sin progreso. Sobre esa base, el cumplimiento en esta materia alcanza un 44% .

Las 4 promesas que la Fundación califica como completas en un 100% son: Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP); Sistema Nacional de Centros de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre; Modificación Ley N° 20.962; Leña como combustible.

En detalle, sobre el SBAP, el compromiso era impulsar “la tramitación expedita del proyecto de ley” ingresado en 2014, y que finalmente se aprobó y promulgó en agosto de 2023. Por otra parte, en el programa de gobierno se proponía “la creación de un Sistema Nacional de Centros de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, vinculado al Ministerio del Medio Ambiente”, lo que se concretó en la misma ley del SBAP (N° 21.600). En tanto, la modificación a la Ley N° 20.962 –que aplica la Convención CITES- se da por concretada con la promulgación de la Ley N° 21.595, que “Sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos”. Y la promesa relacionada con la leña se cumple con la  Ley N° 21.499, que “Regula los biocombustibles sólidos”.

Mientras, entre los compromisos donde hay 0% de progreso destacan: una Ley Marco de Economía Circular y Gestión de Residuos para profundizar la Ley REP vigente (N° 20.920); la creación de un Sistema Integrado de Observación del Océano; y cambios a la Ley 20.380 sobre Protección a los Animales. Además, en el programa de gobierno se prometía que “en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, legislaremos para considerar las intervenciones que hacen los proyectos productivos silvoagropecuarios, diferenciando los requisitos de la gran industria y de los pequeños productores”. Y la quinta promesa sin avance es “derogar el DL 701 y sustituirlo por un nuevo marco regulatorio de fomento forestal con especies nativas, orientado a la restauración de los ecosistemas, a la recuperación de bienes y servicios ecosistémicos, y en particular al bienestar de las comunidades indígenas y rurales”.

“Cumplimiento dispar”

Respecto a esos resultados, a nivel cualitativo, el coordinador de proyectos de Ciudadanía Inteligente, Sebastián Benfeld, señala que “pese a que en tiempos de campaña Gabriel Boric comprometió la instauración de un gobierno ecologista, el cumplimiento en materia ambiental ha sido dispar. Si bien se han concretado avances en aspectos clave, como la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y las modificaciones a la Ley CITES, aún existen promesas pendientes en cuanto a la economía circular, la protección animal y la regulación forestal”.

Consultado sobre el cumplimiento del actual gobierno en relación con los anteriores, Benfeld sostuvo que “comparado con administraciones anteriores, este gobierno ha impulsado medidas legislativas relevantes, pero sigue enfrentando desafíos en la regulación de la gestión ambiental y en la implementación de políticas públicas”.

Asimismo, respecto a los avances legislativos que se pueden esperar para el recién iniciado último año de gobierno, el coordinador de proyectos de Ciudadanía Inteligente, comenta que en la Fundación esperan que en este periodo “el Ejecutivo arroje luz sobre aquellas materias que ha dejado más en el olvido e impulse con fuerza una agenda que logre revertir los nulos avances documentados hasta ahora en materias como defensa, pueblos originarios y democracia, materias en las que de momento el Ejecutivo se ha restado de la discusión, sin presentar proyectos propios ni impulsar alguno de los que ya están en tramitación”.

Sobre ese último punto, Benfeld dice que “resulta fundamental agilizar el ingreso a tramitación de la reforma a la Ley 20.500 y fortalecer la participación ciudadana en la gestión ambiental”.

Desde Ciudadanía Inteligente comentaron que este estudio busca potenciar el ejercicio de la ciudadanía de exigir rendición de cuentas, como derecho ciudadano y deber de los representantes: “Es fundamental que como ciudadanía podamos adoptar un rol activo exigiendo rendición de cuentas por parte de nuestros representantes, fiscalizando el cumplimiento de sus promesas y compromisos, y exigiendo que las promesas respondan a las necesidades de la ciudadanía”.

En cuanto a la metodología usada, explican que se centra en una revisión detallada del programa presidencial, a partir del cual se separan las promesas cuyo cumplimiento depende de medidas legislativas, de aquellas promesas que requieren medidas administrativas propias de los ministerios y otros servicios públicos. Hecha esa división, se analiza cada una de las promesas que necesitan tramitación legislativa. “Así, se determinará si la promesa tiene un proyecto de ley asociado, para luego indagar en qué etapa de la tramitación legislativa se encuentra. Al tener esta información, se entrega una puntuación porcentual a la promesa en cuestión, denominada ‘estado de avance’. Este resultado puede indicar: 0%, no existe proyecto de ley; 40%, primer trámite; 70%, segundo o tercer trámite constitucional y comisión mixta; 90%, cuando se encuentra en el Tribunal Constitucional o está pendiente de la aprobación presidencial; o 100%, cuando el proyecto ha sido publicado”.

Para este informe, el análisis fue cerrado el lunes 10 de marzo de 2025. En https://deldichoalhecho.cl/ se puede revisar el detalle del estudio, la metodología y también comparar los resultados con los gobiernos anteriores.