La contaminación por plásticos es un problema de carácter mundial y transfronterizo, que genera impactos dañinos para el medio ambiente, la salud de las personas y la economía. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el equivalente a un camión de basura de plástico se vierte al océano a cada minuto. Además, los cálculos indican que solo en 2024 la humanidad consumió más de 500 millones de toneladas de plástico, de las que 399 se convertirán en residuos.

Bajo este escenario y, con el fin de enfrentar este tipo de contaminación, de manera particular en el medio marino, durante la Quinta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en marzo de 2022, se aprobó la resolución 5/14, “Fin de la contaminación por plásticos: hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante”.

Dicha resolución mandató el inicio de las negociaciones multilaterales para generar un tratado, formándose un Comité Intergubernamental de Negociación (INC). Sin embargo, tras no llegar a un texto final en las cinco sesiones pactadas (INC-1 en Uruguay, INC-2 en París, INC-3 en Nairobi, INC-4 en Ottawa e INC-5 en Busan), se estableció la realización de un INC-5.2, que actualmente se celebra en Ginebra, Suiza. Y tal como en las instancias anteriores, Chile se encuentra allí presente a través de una delegación integrada por representantes del gobierno, de la industria del plástico y de la sociedad civil, entre otros actores.

Desde Suiza, el subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, señala que “Chile ha impulsado, desde el inicio de este proceso, que este Acuerdo internacional jurídicamente vinculante contenga medidas que sean ambiciosas, realistas y que contemple una gradualidad en sus disposiciones, con el propósito de impulsar una implementación progresiva por parte de los Estados. Para nuestro país es importante que este Tratado Internacional incluya todo el ciclo de vida de los plásticos, que justamente es un desafío relevante de la comunidad internacional y que está íntimamente vinculado con las múltiples crisis ambientales que enfrenta el mundo”.

“Sumado a lo anterior, es fundamental que se incorporen disposiciones sobre productos y aditivos dañinos para la salud humana o para el medio ambiente, y que ese reconocimiento esté acompañado de procedimientos para la eliminación de su producción o uso, siguiendo lo que señale la mejor ciencia disponible. También creemos que este instrumento debe poner énfasis en la necesidad de una transición justa, reconociendo el rol central de las y los recicladores de base, cuyo trabajo representa una contribución estratégica. Además, creemos que el Tratado debe tener medidas de control que sean eficaces y al mismo tiempo contar con medios de implementación que sean suficientes y oportunos”, detalla el subsecretario sobre sus expectativas puestas en la INC-5.2.

Paolo Mazza, director ejecutivo de Empresas Demaría y presidente de la Asociación Gremial de Aseo y Desinfección de Chile (AGAD), quien también forma parte de la delegación chilena, destaca que la negociación se ha polarizado entre dos grupos, aunque ambos con intención de llegar a acuerdo. “Por un lado, el grupo donde se ubica Chile, que incluye a la Unión Europea, México, Colombia, Brasil, PSIDS (Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Pacífico), AOSIS (Alianza de Pequeños Estados Insulares), Canadá, Suiza y varios países africanos. La posición de este grupo es impulsar un tratado vinculante y con cierto nivel de ambición. Vinculante, porque sería el primer tratado que obliga a todas las naciones a cumplirlo. Y si no se cumple, hay consecuencias”.

“Este grupo busca establecer metas globales obligatorias, que incluyan reducción de producción de plástico y eliminación de químicos peligrosos en los procesos. Que se tome en cuenta el ciclo de vida completo del plástico, es decir, desde la extracción de materia prima hasta cuando se bota. Y que considere como parte fundamental el rediseño de este ciclo, que es algo en lo que Chile ha brillado en la negociación, promoviendo el rediseño desde la perspectiva de la Ley REP y del reúso”, agrega el también gerente de EcoCarga, empresa pionera en soluciones de reúso.

“Pero otro tema importante es cómo se van a tomar las decisiones. Y lo que este grupo plantea, para cuando no haya consenso, es definir cuál es la mayoría mínima para poder tomar una decisión. Ya sea dos tercios o tres cuartos, pero que haya un mecanismo de resolución. Además, en cuanto a la dimensión financiera, propone un fondo específico, conocido y definido”, afirma el presidente de la AGAD.

“Por el otro lado está Rusia, Arabia Saudita, el Grupo Árabe, Irán, Malasia, India y en gran parte Estados Unidos. Y lo que ellos buscan es un acuerdo que no sea vinculante, sino que sea de recomendación. Que cada país lo pueda ejecutar en su medida, según estime conveniente y como mecanismo de decisión. Además, piden consenso para tomar decisiones, lo que se traduce en el 100% de los miembros aprobando una solicitud. Pero, basta con que uno se oponga y se cae el acuerdo. Y entre otros temas, este grupo cree que el ciclo de vida del plástico no debe considerarse, sino que hay que enfocarse en el plástico una vez que ya está hecho”, aclara Paolo Mazza.

“Las posiciones están distantes y todavía está muy dispersa la negociación, de cara a poder llegar este jueves, idealmente con un acuerdo o con algún documento más concreto. Pero lo cierto es que éste no es un tema técnico, es un tema político. Es un tema de visión de desarrollo de los países, de cuánta independencia quieren tener o cuánto están dispuestos a sacrificar en pos de lo que consideran como valores fundamentales del ecosistema”, reflexiona el director ejecutivo de Empresas Demaría.

El rol activo de Chile en la negociación

Los integrantes de la delegación consultados para este artículo coinciden en que Chile ha desempeñado un papel clave en este proceso multilateral, aportando ideas, propuestas y contribuciones normativas en distintos ámbitos. Pero no solo irguiéndose como un líder en la región, sino también en el escenario internacional como un articulador de posiciones.

Alejandra Parra, miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) e integrante de la Coordinación Nacional de Alianza Basura Cero Chile, destaca en este sentido que “Chile ha tenido un posicionamiento favorable a las medidas más efectivas en el tratado. Desde el INC-1 ha apoyado a otros países que han liderado las demandas por el establecimiento de metas globales para la reducción de la producción de plásticos, el control de sustancias químicas, la transición justa, el financiamiento adecuado y el diseño de productos responsables. Esta posición se ha ido fortaleciendo de un INC a otro y, actualmente, Chile está tomando un rol de liderazgo en el tema del diseño”.

Efectivamente, según señala Maximiliano Proaño, “junto con Reino Unido estamos coordinando los esfuerzos orientados a fortalecer el texto propuesto por la presidencia, en torno al diseño de productos plásticos (art. 5). Se trata de una medida de control muy relevante. Y a través de esta coordinación, buscamos poner a disposición de los países un artículo sólido, con medidas legalmente vinculantes sobre diseño de productos plásticos. Además, Chile también co-facilita, junto a Suiza, el espacio informal sobre el artículo 8 en gestión de residuos plásticos”.

Magdalena Balcells, gerenta general de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (ASIPLA), subraya que “Chile es un país que ya cuenta con muchas políticas públicas que apuntan a promover la correcta gestión de residuos, y a asumir patrones de consumo sostenibles y responsables. Desde ese punto de vista, pese a que somos un país chiquitito, siempre tenemos una voz de liderazgo en las discusiones, especialmente en los grupos que conformamos”.

Respecto a eso, el subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente apunta que “Chile cuenta con una Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040, así como distintas estrategias publicadas o en elaboración, y una regulación robusta en materia de economía circular. Esto posiciona a Chile a la vanguardia en comparación con muchos países que no poseen normativas o planes relacionados a economía circular”.

“Nuestro país promueve la colaboración con el sector privado, academia y sociedad civil como eje para el diseño y ejecución de políticas públicas efectivas en materia ambiental, especialmente en materia de economía circular. Y ese hecho, que se impulsa a nivel nacional, es clave que también se dé en el contexto internacional. Asimismo, consideramos fundamentales la colaboración regional e internacional que promueva marcos regulatorios armonizados, estándares comunes, intercambios de experiencias y buenas prácticas, liderando instancias regionales de colaboración”, detalla Maximiliano Proaño.

Por otro lado, hay un consenso científico y político que se ha puesto en la mesa en esta negociación y es el que el reciclaje no es la solución definitiva al problema. Un punto en el que también coincide el subsecretario del MMA, quien reafirma que  “como país, consideramos que el reciclaje es importante, pero insuficiente, por lo que se requiere actuar desde el diseño de los productos y reducir la generación de residuos desde el origen. Y es justamente por ese hecho que Chile ha impulsado con fuerza que el Full Life Cycle esté presente como un pilar fundamental del Tratado”.

El rol de la industria y la sociedad civil

Junto a los representantes del Ministerio del Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores, la delegación chilena la componen científicos, ONGs, organismos de la sociedad civil, líderes de la industria del plástico y entes del sector privado, entre otros. Esto, según comenta Magdalena Balcells, responde a una política del gobierno de Chile que “es bastante moderna y novedosa”.

“Parte de la base de que todos somos partícipes de este proceso y, por lo tanto, a través de incluirnos en la delegación, el gobierno facilita que podamos participar. Y en particular como Asipla, en nuestra calidad de referente técnico, nuestro rol es poder apoyar a la delegación, al momento de presentar sus posturas, con data fidedigna sobre la industria local o la regulación local en torno al plástico”, indica la ingeniero civil industrial.

“Para Asipla es muy importante poder entender qué está pasando con este material en el panorama internacional. Porque al ser un país que no produce resina plástica virgen, pero que necesita la resina plástica virgen para habilitar la industria nacional, como la construcción, la minería, la agricultura y la acuicultura, es fundamental poder contar con información de primera mano de qué es lo que está ocurriendo. Cuáles son las tendencias. Cuáles son las medidas que se quieren tomar en torno al tema del plástico. Y por eso es sumamente relevante para nosotros poder estar presentes acá y vivir en primera persona todo el proceso de negociación. Ello, además de todas las interacciones que se producen con los gobiernos, con la industria y con otros actores relevantes”, agrega Magdalena Balcells.

Paolo Mazza, por su parte, destaca que, en el marco de los eventos que envuelven a esta negociación, Chile fue reconocido por iniciativas como el Pacto Mundial por los Plásticos, WRAP y Circula el Plástico, presentándose a Ecocarga como un caso exitoso de escalamiento de modelos de reúso. Y además se mencionó el reciente cierre de Algramo, lo que “ratifica la necesidad de que haya una definición más global y, en el caso de Chile, más particular, respecto a establecer marcos regulatorios que permitan escalar estas soluciones”.

“Para nosotros también es súper importante lo que está pasando y nos alegra mucho que Chile sea el que está llevando la batuta en ese tema, que es impulsar que el reúso sea parte de este acuerdo global, porque le va a dar un estatus distinto. Chile tomó conciencia de la importancia de lo que es abordar la disminución de residuos por distintas vías, entre ellas el reúso. Por lo tanto, para nosotros es clave poder testimoniar que es posible y que se está haciendo el trabajo con convicción, como en el caso actual de Ecocarga”, recalca el director ejecutivo de Empresas Demaría y presidente de AGAD.

En tanto, en cuanto al rol de la sociedad civil en la negociación por el Tratado Global contra la Contaminación por Plásticos, Alejandra Parra señala que “ésta participa como observadora del proceso, vigilando a los gobiernos, pidiendo coherencia en sus discursos y acciones, y entregando información relevante para que nuestros representantes tomen buenas decisiones. Ahora, lamentablemente en este sistema de Naciones Unidas no hay una diferenciación entre observadores de la industria y observadores de organizaciones que defendemos el bien común”.

“Entonces tenemos otra función también, que es escuchar los argumentos de la industria y si no estamos de acuerdo, que es en la mayoría de los casos, contraargumentar, de manera que las delegaciones del gobierno no se queden solo con los consejos de la industria, sino que tengan el contrapunto del conocimiento y experiencias de las organizaciones que trabajamos en directa relación con comunidades afectadas por la contaminación y el daño ambiental. Ha habido una creciente participación de lobbistas de la industria del plástico desde el INC-1 hasta el INC 5.2, quienes superan en número a las delegaciones de científicos, pueblos indígenas y otros sectores legítimamente interesados”, advierte la coordinadora de Alianza Basura Cero Chile.

Obstáculos y posibles plazos para el Tratado 

A pocos días de finalizar este INC-5. que se desarrolla en Ginebra, las dos posturas se mantienen firmes en lo que buscan conseguir en este Tratado. De ahí también la incertidumbre sobre la posibilidad o no de alcanzar el consenso.

Según Maximiliano Proaño, “uno de los obstáculos principales que puede surgir en este proceso multilateral es no lograr consensuar posiciones divergentes sobre ciertas temáticas propias de este instrumento. Sabemos que parte de la dinámica de negociación es justamente tener visiones distintas, a veces incluso contrapuestas, sobre un punto. El desafío es, sin lugar a dudas, lograr el consenso y poder llegar a un balance que justamente permita una ‘no oposición’”.

“Como país consideramos que hay elementos en esta negociación que son más contenciosos que otros. Como, por ejemplo, que este Acuerdo internacional abarque todo el ciclo de vida de los plásticos. Para algunos países este acuerdo sólo debería tener provisiones que impulsen el reciclaje, es decir, solo medidas ‘downstream’, lo que para la posición de Chile no es viable y el camino para destrabar estos puntos va justamente en lograr balancear las posiciones en el trabajo de la negociación”, asevera el abogado, representante del MMA.

Alejandra Muñoz, por su parte, es aún más enfática en este punto: “Hay gobiernos que realmente no quieren que haya un tratado y, por tanto, se oponen tenazmente al establecimiento de medidas eficaces para detener la contaminación por plásticos. Me refiero, por ejemplo, a Arabia Saudita, que quiere eliminar el artículo que pretende regular la producción de plásticos. Sin ese artículo, el tratado no será efectivo. La mayoría de los gobiernos están de acuerdo con reducir la producción de plásticos. Entonces, si se votara, ese escollo estaría resuelto. Probablemente eso es lo que va a suceder, si es que el presidente del INC tiene el coraje para llamar al voto”.

Pese a esta incertidumbre, la delegación chilena se mantiene optimistas. Al menos, así lo expresa Maximiliano Proaño: “Como país creemos que vamos a lograr un acuerdo en esta sesión de la INC 5.2. Somos conscientes del enorme desafío multilateral que significa llegar al consenso en esta materia compleja a nivel internacional. Pero creemos que el diálogo y la negociación logrará los balances respectivos para generar un acuerdo que sea vinculante”.

Y en relación a los objetivos en particular, Alejandra Parra, miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA), detalla que, lo que se espera en esta etapa, es que “se acuerde un mecanismo para reducir la producción de plásticos a nivel global con metas vinculantes. Que el tratado contenga medidas para regular el uso de sustancias químicas en la producción de plásticos. Que se comience una lista de productos y sustancias químicas prohibidas a nivel global. Que se mandate el desarrollo de un mecanismo financiero especialmente diseñado para este tratado, con donaciones de los países desarrollados y que lo reciban los países en desarrollo. Y que el manejo de residuos excluya falsas soluciones como la incineración“, entre otras demandas.

En tanto, respecto a los próximos pasos, una vez que se apruebe el texto, en caso de que así sea, debe ser firmado y posteriormente ratificado por los gobiernos. Sin embargo, explica Alejandra Parra, para que entre en vigencia tiene que existir un número mínimo de firmas. “Luego de eso, cada país deberá implementar el tratado de inmediato, lo que significa comenzar a desarrollar las normas, leyes, y todas las medidas necesarias. Habrá la posibilidad de que países pidan la implementación diferida, pero tendrán que justificarlo. La contaminación por plásticos es tan peligrosa para el futuro de la humanidad que la urgencia de implementación es para ayer”, indica la miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA).

Magdalena Balcells, por su parte, afirma que “es difícil predecir hoy qué plazos se darán para el instrumento vinculante que se espera que salga de esta reunión. Sigue habiendo puntos de gran divergencia, por lo tanto, tampoco es tan clara la forma en que va a resultar. Sin embargo, hay muchas voces que apuntan a que se va a dejar un montón de anexos, metas y exigencias más específicas, para que se vean y se empiecen a diseñar en la COP (Conferencia de las Partes) relacionada con este tratado”.

“Por lo tanto, independientemente de que acá salgamos con un acuerdo marco, faltan varias instancias para tener metas concretas y avanzar en los cambios regulatorios que eso  implica, entre otros puntos. No estamos hablando de algo que va a ocurrir de un año para otro. O sea, el acuerdo puede que se firme este año, pero eso no quiere decir que va a haber cambios en las políticas públicas de un día para otro”, recalca la gerenta general de Asipla.

Efectivamente, respecto de los plazos, Maximiliano Proaño destaca que “aún falta un camino por recorrer y en el cual se deben esperar los resultados de esta sesión para ir estructurando el procedimiento a seguir a futuro, pero involucrarían los relacionados a las etapas propias de la entrada en vigor de un instrumento internacional y su implementación”.